Las evidencias de irregularidades y de trato de favor en las adjudicaciones de la Xunta hacia empresas afines su entorno y al de otros cargos de su partido empiezan a acorralar al líder del PP, Alberto  Núñez Feijóo, en el inicio del curso político en el que el BNG ha instado la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para analizar los expedientes de esos concursos.

El pasado lunes, Público desveló que la prima de Feijóo, Eloína Núñez Masid, gerente de los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en el área sanitaria de Santiago, había inflado en más de 600.000 euros un contrato que acabó en mayo pasado en manos de Eulen, la empresa que dirige en Galicia y el noroeste de España Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del presidente del PP.

Según las investigaciones que este diario lleva publicando desde 2022, las sociedades del Grupo Eulen han recibido de la Administración gallega bajo mando de Feijóo y de Alfonso Rueda más de 54 millones de euros, una cantidad muy superior a las que han obtenido sus principales competidoras y que en buena parte se tramitó a través del Sergas.

Esa tendencia al incremento de la facturación de Eulen también se registró en Andalucía, Madrid y Murcia desde que Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras accedieron a la presidencia de los gobiernos de sus respectivas comunidades autónomas.

La empresa del cuñado del presidente del PP

A esas adjudicaciones se añaden otros 19,2 millones de euros que la Xunta adjudicó a Universal Support, una empresa de telemárketing de A Coruña sin relación con el sector sanitario cuyo director comercial es Ignacio Cárdenas, cuñado de Feijóo, y que según el Consello de Contas de Galicia fue la más beneficiada en 2021 por los fondos extraordinarios para la lucha contra la covid que el Estado asignó a Galicia.

El pasado jueves, la edición gallega del diario El Salto desveló por su parte que sólo en lo que va de año Eulen ha recibido 124 contratos menores de la Xunta adjudicados a dedo por valor de 1,6 millones de euros, que se suman a otros 1.311 contratos adjudicados sin concurso entre 2018 y 2023 por otros 4,8 millones.

Sólo cinco días después, el pasado martes, eldiario publicó que la Administración gallega había adquirido en 2020, cuando Feijóo aún la presidía, uno de los lotes de mascarillas por los que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se embolsó dos millones de euros en comisiones.

El Parlamento de Galicia informó el pasado lunes de que el PP ha propuesto como representante en la comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta durante la pandemia a Julio García Comesañana, que fue conselleiro de Sanidade durante la emergencia sanitaria y máximo responsable, por tanto, del Servizo Galego de Saúde que los adjudicó.

A instancias del BNG

La comisión se abrió a instancias del BNG, que forzó su constitución en solitario después de que el PP rechazara una moción para formarla, y al frente de su representación estará su portavoz nacional, Ana Pontón. El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, se sentará también en la misma.

La portavoz del PSOE estatal, Esther Peña, pidió el pasado lunes a Feijóo que no use la mayoría del PP en el Parlamento gallego "para intentar escabullirse" y no comparecer en la comisión de investigación. Si no acude, dijo Peña, "estaría mandando un mensaje terrible: que también en Galicia tiene algo que ocultar".

Feijóo no ha desvelado aún si comparecerá ante el Parlamento gallego si es citado por la comisión, pero en una entrevista en la Radio Galega el pasado lunes acusó al PSOE de intentar  "tapar los problemas de corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su familia, de su partido y de su Gobierno, y manchar el resto de partidos". Con respecto al BNG, indicó que "no defiende los intereses de Galicia" sino los de "sus socios" socialistas.

La semana pasada, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, anunció que su grupo iba a pedir una prórroga en el plazo de duración de la comisión de la Cámara Baja que investiga los contratos de varias administraciones públicas durante la emergencia sanitaria, para extender el análisis a las adjudicaciones a empresas del entorno de Feijóo que se han ido conociendo en los últimos meses.

La Comisión debe cerrar sus conclusiones el 2 de octubre, y el Congreso debe pronunciarse esta semana sobre la prórroga solicitada por los socialistas.