Que la pasada legislatura fue la del diálogo social se sostiene en la casi veintena de acuerdos que el Gobierno, los sindicatos y las patronales alcanzaron durante tres años y medio en diversas materias (reforma laboral, pensiones, los ERTE de los sucesivos escudos sociales, SMI...). 

Ahora el objetivo de las principales organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, es trazar un hilo conductor de continuidad entre el diálogo social de la pasada legislatura y el del nuevo ciclo político que se abrirá tras la constitución de un Gobierno.

Los sindicatos creen que este momento es una oportunidad para abordar medidas de calado para transformar el mercado laboral. Sobre todo tras la recepción de los denominados fondos europeos de recuperación Next Generation, que pueden asumir la financiación de muchas de estas transformaciones.

La hoja de ruta de CCOO y UGT es clara, y así se lo trasladaron al candidato a la investidura, presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron con él la pasada semana. 

En este momento, los socialistas negocian la investidura en varios frentes: por un lado, con las formaciones políticas cuyos apoyos serán necesarios para superar este trámite en el Parlamento; por otro, con Sumar, espacio con el que Sánchez quiere coaligarse en el Gobierno en base a un programa y tras cerrar un acuerdo que fije una estructura ministerial.

Una legislatura ambiciosa

Yolanda Díaz y Sánchez mantienen importantes discrepancias sobre cuestiones programáticas, y muchas de ellas se relacionan con lo que piden los sindicatos. No se trataría sólo de diferencias en torno al despliegue de políticas concretas, sino de la concepción misma de la legislatura que tiene cada parte.

Sumar quiere una legislatura ambiciosa con una agenda social transformadora que mande un mensaje claro a Europa: la ola reaccionaria y el avance de las derechas se frena con políticas de protección de la ciudadanía y con el blindaje de los derechos sociales.

El PSOE, sin embargo, trasladan los de Díaz, no estarían apostando por hacer transformaciones de calado en el próximo ciclo político, sino que lo aborda desde una óptica en la que apuestan por profundizar en la legislación aprobada en la pasada legislatura y por no abrir grandes debates que pueden causar polémica y que precisarían de muchos apoyos parlamentarios para salir adelante.

En este contexto, los sindicatos también le han pedido al presidente del Gobierno en funciones avanzar en la agenda social y acometer transformaciones de calado. Su vista está puesta, entre otros asuntos, en la reducción de la jornada laboral, una reforma que también está en la mesa de negociación entre el PSOE y Sumar y que, de momento, genera más tensión que acuerdo.

CCOO y UGT quieren avanzar hacia la jornada de 35 horas semanales. En el documento Un salto adelante en el empleo, que Comisiones elaboró para fijar sus prioridades de cara a la próxima legislatura, se establece que "la implantación de la jornada de 35 horas debe abrirse paso como una fórmula para promover un mejor reparto de la productividad, una forma de mejorar la conciliación de la vida personal
y laboral, y una vía de generación de puestos de trabajo". 

Reducción y flexibilidad de la jornada

El sindicato pide abordar este debate con flexibilidad en el marco de la negociación colectiva para no desplegar la medida con uniformidad y "teniendo en cuenta igualmente los criterios de distribución del tiempo de trabajo, tan relevantes como el propio cómputo general de jornada". Aunque los sindicatos y Sumar comparten la necesidad de abrir este debate, de momento no está del todo claro que los socialistas lo tengan en su agenda legislativa.

También consideran los de Pepe Álvarez y Unai Sordo que es el momento de abordar una subida salarial en dos ámbitos: los sueldos en el marco de la negociación colectiva, para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo que ha provocado la inflación; y el salario mínimo interprofesional para actualizarlo al 60% del salario medio.

Comisiones propone en este sentido fijar por ley la actualización del SMI para que suba automáticamente cuando lo haga el salario medio, sin tener que pasar por el diálogo social y por el Consejo de Ministros. El blindaje de la actualización del salario mínimo también es objeto de disputa entre el PSOE y Sumar en la actualidad, y estos partidos mantienen discrepancias sobre los criterios y valores a tener en cuenta para actualizar su cuantía en un contexto marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

El despido es otra de las vías que las organizaciones sindicales plantean para el diálogo social de la próxima legislatura. El objetivo es doble: dificultarlo y que las eventuales reformas que se acometan tengan un carácter disuasorio para las empresas; y garantizar la protección y reparación de aquellos trabajadores que finalmente son despedidos, sobre todo en los casos de despido improcedente.

CCOO apuesta por negociar modificaciones en el régimen de despido "con especial énfasis en el importe mínimo de la indemnización por despido, por entender que puede tener un efecto disuasorio que limite, aún más de lo que ya se ha hecho con la reforma laboral, el recurso a la contratación temporal no justificada".

La indemnización, clave para un nuevo modelo de despido

Sumar también ha puesto encima de la mesa de negociación con el PSOE el denominado despido restaurativo, en el que la indemnización tendría en cuenta variables como el género, la edad o la antigüedad del trabajador y se calcularía en función del perjuicio sufrido a raíz de ese despido.

Para los sindicatos, la reforma del despido es una prioridad. Tanto que presentaron reclamaciones por este asunto ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Aunque finalmente no entró en la reforma laboral de la pasada legislatura (centrada en la temporalidad y en lograr el consenso también con la patronal), el del despido formaría parte de la misma, como una segunda fase. 

La estela de los 18 acuerdos sociales de la pasada legislatura pone el listón alto para un diálogo social que los sindicatos quieren seguir situando como un elemento central para producir nuevas normas que transformen el mundo del trabajo.