El telón de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo ha cubierto en las últimas semanas una de las escenas principales del camino a la conformación de un futuro Gobierno: las negociaciones entre Sumar y el PSOE para investir a Pedro Sánchez y conformar un Ejecutivo de coalición progresista.

Tras el fracaso definitivo del líder del PP el pasado viernes en el Congreso, el telón ha caído y ha dejado ver algunos elementos de unas conversaciones que, al menos a juicio de los de Yolanda Díaz, no avanzan como deberían.

La negociación entre las dos fuerzas se divide en dos ámbitos: la conformación de un programa de Gobierno y el reparto de los ministerios y la estructura que tendrá el futuro Ejecutivo. Respecto al segundo elemento, los de Díaz trasladan que no existen en la actualidad negociaciones reales porque el programa de Gobierno está más "atascado" de lo previsto, una situación que achacan a los socialistas y por la que no habrían podido empezar a abordar el reparto de carteras.

Tanto es así que este lunes Sumar ha decidido dar un paso más y sacar a la luz el déficit de ambición legislativa del que, en su opinión, adolece un PSOE que estaría buscando una legislatura tranquila, sin sobresaltos ni complicaciones, en la que no se aprobarían medidas de calado.

Sin embargo, esto choca con los planes de una Yolanda Díaz que considera que la alternativa a un programa claramente progresista es Grecia, laboratorio en el que la derecha expande la ola reaccionaria que asola Europa experimentando con un recorte sin precedentes de los derechos laborales.

El SMI y un nuevo modelo de protección frente al despido

Los equipos negociadores del PSOE y de Sumar, liderados por María Jesús Montero y por Nacho Álvarez, respectivamente, llevan tiempo estudiando borradores, observando letras pequeñas y, de momento, discrepando hasta el punto de no estar para nada cerca de cerrar un programa de Gobierno. El espacio liderado por Díaz ha trasladado a los socialistas una serie de reformas que consideran "fundamentales" para avanzar en la agenda social y para, trasladan fuentes de Sumar, "que este Gobierno tenga sentido".

La primera es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio, como marca la Carta Social Europea. La última actualización del SMI se llevó a cabo en enero de este año, llegando hasta los 1.080 euros y alcanzando esa cifra del salario medio; sin embargo, tras las actualizaciones salariales que han tenido lugar a lo largo del año, el SMI vuelve a estar ligeramente por debajo de ese 60%.

En el debate abierto se plantea, incluso, poder blindar por ley la subida del SMI para que automáticamente siempre sea el 60% del salario medio, sin necesidad de convocar a los agentes sociales.

Sobre el papel, este punto no debería ser un obstáculo para el PSOE. Los socialistas fijaron esa medida en su programa electoral de cara al 23 de julio. Y el mismo Sánchez reiteró esa propuesta el pasado sábado en un acto de partido en La Rinconada (Sevilla). 

Otra medida por la que se inclinaría Sumar es la de blindar el empleo a través de una reforma para introducir en la legislación el denominado despido restaurativo. Este modelo vendría a reemplazar al actual modelo que liga la indemnización por despido improcedente a un número de días por año trabajado (33 en la actualidad con un máximo de 24 mensualidades). 

Con la fórmula defendida por Sumar, la indemnización tendría en cuenta variables como el género, la edad o la antigüedad del trabajador y se calcularía en función del perjuicio sufrido a raíz de ese despido, por lo que eventualmente también tendría mayor capacidad disuasoria para las empresas a la hora de despedir, ya que, entre otras cosas, no tendrían un cálculo exacto del coste generado por un despido.

Ley de cuidados y financiación autonómica

Otro elemento que Sumar quiere incluir en el programa de Gobierno es una ley de cuidados que "sirva como pilar fundamental del Estado de Derecho". El objetivo es que esta norma pueda ampliar los permisos que el Ejecutivo aprobó en precampaña electoral y que formaban parte de la Ley de Familias elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra (que no vio la luz por el adelanto de las elecciones).

Entre las propuestas que se hicieron en campaña electoral están la de remunerar y ampliar a 10 semanas hasta los 12 años el último permiso parental creado, remunerar el permiso de cinco días para cuidado de familiares y ampliar el permiso de baja por maternidad para las familias monomarentales hasta las 32 semanas.

También se incluiría la flexibilización de los horarios de trabajo, el impulso al teletrabajo y del trabajo a tiempo parcial en puestos estructurales cualificados, así como la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años garantizando un acceso universal. 

La reforma de la financiación autonómica y de la actual fiscalidad también son puntos de fricción entre Sumar y el PSOE. En la coalición electoral liderada por Díaz se incluye Compromís, un partido que tiene como uno de sus principales objetivos modificar el reparto de recursos debido a la infrafinanciación que sufre el País Valencià.

El obstáculo en esta legislatura reside en que para acometer este cambio es necesario lograr un gran acuerdo entre las comunidades autónomas, y en la actualidad 12 de los 17 territorios están gobernados por el PP (y en varios casos en coalición con Vox).

En las filas del PSOE han reconocido que esta reforma ha sido una de sus espinas clavadas durante esta legislatura. Apelaban precisamente a la falta de un consenso amplio para acometer cambios de calado. La pérdida de poder institucional por parte de los socialistas complica mucho más la situación. 

Rebajar el precio de la cesta de la compra a través de un acuerdo con las grandes distribuidoras, reducir la jornada laboral, hacer efectiva la limitación de los precios del alquiler (y regular las denominadas viviendas de uso turístico), o planificar la reducción de emisiones con la vista puesta en 2030 y no en 2050, son los otros grandes temas que separan en la actualidad a PSOE y a Sumar y que impiden que se cierre un programa de Gobierno.

Sánchez apeló de nuevo el pasado sábado al problema de acceso a la vivienda como "la gran causa nacional" a la que hacer frente esta legislatura. La negociación de la ley de vivienda fue larga y compleja y desde Unidas Podemos reclamaron mayor ambición en algunos aspectos.

La mayor complejidad parlamentaria actual a la de los últimos cuatro años puede volver a generar dificultades en este asunto por la participación necesaria de partidos como Junts o PNV, alejados de los postulados progresistas en esta materia. Hay quien desliza en Ferraz ya que no se podrán acometer algunas reformas de calado por estos motivos y no por falta de ambición como señala Sumar.  

El PSOE negocia de forma diferente 

Por lo demás, los socialistas han decretado una palabra. "Discreción". Es su estrategia habitual, no dar prácticamente pistas sobre lo que se está negociando. Menos, señalan fuentes de Ferraz, cuando todavía Sánchez no ha sido designado formalmente como candidato a la investidura por el rey Felipe VI. 

Los socialistas "negocian de forma diferente", repiten en la dirección del partido. Se espera que en los próximos días puedan ir desvelando más detalles, especialmente sobre los temas más espinosos y complejos de los posibles acuerdos con Junts y ERC. 

El partido que lidera Sánchez sigue siendo optimista. En el PSOE enmarcan las críticas y la presión de Sumar en el proceso habitual de unas negociaciones que "siempre se llevan al límite" por parte de todos los partidos. "Saldrá seguro, lo hemos demostrado", comentan en la dirección de Ferraz, donde no tienen dudas de que habrá acuerdo.