La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado este martes la apuesta de su formación por impulsar una reforma del Código Penal que vaya en la línea de suprimir el artículo 578 que tipifica el delito de enaltecimiento del terrorismo, porque la redacción "ambigua" de dicho artículo lleva, a su juicio, a que se vulnere la libertad de expresión en muchos casos.

"En España, el Código Penal debe poder perseguir el terrorismo pero no vulnerar la libertad de expresión", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntada por las críticas manifestadas por otras formaciones como PP y PSOE, que han pedido a Podemos que retire su proposición no de ley al respecto.

Según Montero, la iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos, que presentó este lunes el propio Pablo Iglesias, es pertinente porque es necesario "revisar la legislación y el Código Penal para que sea posible perseguir el terrorismo sin que eso implique que se vulnera el derecho a la libertad de expresión".

"El artículo 578 tiene una redacción ambigua, genera inseguridad y no es efectiva para combatir el terrorismo", ha asegurado, citando las recomendaciones que, según ha explicado, han hecho en esta línea tanto organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, como la ONU o la asociación judicial Jueces para la Democracia.

"Nuestro Código Penal debe poder perseguir el terrorismo pero no a tuiteros, humoristas o cantantes porque eso vulnera la libertad de expresión en nuestro país", ha enfatizado, tras señalar que plantear esta reforma es, por lo tanto, "más que correcto" porque atiende a "unos valores democráticos mínimamente decentes".

En conversación informal con los periodistas tras la rueda de prensa, Montero ha precisado que abogan por la supresión de ese artículo 578 porque, aunque ello implique eliminar también el tipo de enaltecimiento del terrorismo, ese delito en sí de enaltecer el terrorismo puede ser perseguido con otros mecanismos del Código Penal, sin generar "ambigüedad" o "inseguridad jurídica" y sin vulnerar el derecho a la libertad de expresión.