Los abogados de la tuitera Cassandra Vera y Arkaitz Terrón preparan un manifiesto a favor de la libertad de expresión por las últimas condenas impuestas en España. El escrito, al que ha tenido acceso Público en exclusiva, invita a todo “letrado o jurista que se encuentre realizando la defensa en una causa donde se ponga en juego el libre ejercicio de la libertad de expresión” que se sume a los términos del manifiesto. El objetivo, sumar el mayor número de colaboradores posibles contra el abuso que está ejerciendo el Estado a las condenas a ciudadanos por humillación a víctimas del terrorismo. En total, una treintena de personas han sido acusadas por delitos de enaltecimiento al terrorismo entre 2016 y 2017.

El despacho de la tuitera Cassandra, BGD Abogados, junto al abogado Arkaitz Terrón, ambos plenos conocedores de los delitos de humillación a las víctimas del terrorismo ante la Audiencia Nacional, lanzarán próximamente una plataforma contra las últimas sentencias impuestas por los Altos Tribunales en España: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. El texto argumenta que se está infringiendo gravemente “el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, a favor de la libertad de expresión y de opinión en España.

Acabar con la sanción penal

“Mientras toda difusión derive de un razonamiento personal, ya sea en un tono crítico, afirmativo, sarcástico u humorístico, no se ha de establecer censura y mucho menos sanción penal”, apunta la primera parte de la declaración del manifiesto redactado por BGD Abogados. Este bufete se ha comprometido, de forma altruista, a representar a la joven murciana Cassandra Vera Paz en el juicio celebrado el pasado miércoles en la Audiencia Nacional por los tweets realizados en tono irónico sobre la figura de Carrero Blanco. Este despacho, consiguió que a la joven se le rebajase la petición inicial de condena a un año de privación de libertad y siete años de inhabilitación absoluta.

El otro firmante, Arkaitz Terrón ha tenido más suerte. La Audiencia Nacional ha decidido absolver su caso entendiendo que sus expresiones no suponían peligro de alarma social. El abogado se enfrentaba a dos años de cárcel por una decena de tuits alusivos a Carrero Blanco, ETA y el Rey Juan Carlos.

“La intención, parte fundamental a la hora de analizar la comisión de una conducta penal, se olvida en el actual sistema de derecho”. La Doctrina marcada por la sala segunda del Tribunal Supremo en el caso reciente de César Strawberry es uno de los datos más relevantes que se analizan como el tipo de condenas impuestas por enaltecimiento al terrorismo.

El texto recalca que los Tribunales “ignoran la existencia de intención o no a la hora de valorar los límites la libertad de expresión”. La dura condena impuesta por el Tribunal Supremo en el caso del cantante de Def con Dos, condenado a un año de prisión, por sus mensajes en canal de Twitter “aboca a un escenario donde se han puesto en peligro de ser imputados a una cantidad de población que obligaría a la construcción de nuevos centros penitenciarios”. Nuevas penas que estarían centradas en los mensajes que se publican en los masivos canales de Redes Sociales.

El grave defecto del artículo 578

Con un claro defecto de forma, el manifiesto expone la aplicación incorrecta artículo 578 del código penal contra los ciudadanos en el uso de estas herramientas digitales. “Su voluntad nunca entraña intención dañina o dolosa alguna; y de otro, la persecución continua que puede llegar a sufrir cualquier expresión con la hoy llamada y aplicada Doctrina Strawberry”.

¿Qué se puede hacer al respecto? Ante dicho escenario, los abogados de Cassandra y Arkaitz esperan sumar muchas voces del resto de colegas que se encuentren defendiendo esta tipología de causas para “apoyar a la libertad de expresión en España”.

Varios puntos importantes en el manifiesto. Entre ellos informar a la ciudadanía “del peligro que entraña la doctrina aplicada por los organismos de poder estatales”. Además el escrito pretende que los ciudadanos que no tengan medios para pagar su defensa o los gastos que les conlleve el juicio, se les asistirá en la búsqueda de recursos para que “puedan sufragar los gastos necesarios que requiera”, tal y como ha ocurrido en el caso concreto de Cassandra.

En sus últimos puntos, el texto hace referencia a la necesidad de “establecer vías de colaboración con Organismos Internacionales en defensa de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión”. El objetivo es denunciar la situación de un importante número de condenas sufridas en el último año en España por un delito de enaltecimiento al terrorismo. En total una treintena, entre 2016 y 2017.

Para finalizar, el manifiesto reclama la “obligación del letrado y del jurista advertir, asistir y defender al ciudadano sobre aquellos peligros o abusos que puedan producirse por una errónea actuación de los poderes públicos”.