En una pequeña sala atestada de periodistas, españoles e internacionales, en una rueda de prensa anunciada pero cuya localización y hora se desconocían, ha comparecido el expresident catalán Carles Puigdemont en Bruselas.

Lo ha hecho para anunciar que tanto él como otros seis miembros del destituido Govern trabajarán desde Bruselas hasta que existan garantías de un juicio justo, neutral y en el que se respete la separación de poderes.

“No estoy aquí para pedir asilo político”, ha asegurado el expresident de la Generalitat durante su comparecencia ante los medios en Bruselas, tampoco para “hacer política belga”.

Asegura el exjefe del Ejecutivo catalán que no tiene intención alguna de evitar sus responsabilidades judiciales pero que, sin embargo, mientras no existan garantías de un juicio “justo”, “neutral” y se asegure la “división de poderes”, no regresará a España. Ni él, ni el resto de ex consejeros que se encuentran con él en la capital belga. “No queremos evitar nuestras responsabilidades judiciales pero queremos tener esas garantías jurídicas en el marco de la UE, ha sentenciado.

El expresident catalán, Carles Puigdemont, en su comparecencia en Bruselas. REUTERS/Yves Herman

Insiste el expresident en que la decisión la tomó con su equipo el viernes, al tener informaciones de que “el Gobierno español planeaba una operación agresiva” contra el pueblo catalán, los funcionarías y el Govern, en caso de resistencia a la aplicación del artículo 155. “No se puede construir la República de todos desde la violencia”, asevera.

Con la prioridad de evitarla, segura Puigdemont, está en Bruselas, “si nos hubiéramos quedado y resistido habría habido una reacción enormemente violencia como la del 1 de octubre”. Tras la querella de la Fiscalía, insiste, el destituido Govern asumió que “el diálogo que siempre habíamos imaginado para salir del conflicto era imposible”. Una querella que, dice, no se sustenta en argumentos jurídicos sino políticos.

El Govern, declara Puigdemont, “dijo que no pondría a los funcionarios en una situación difícil y eso hemos hecho”. Sin embargo, pide al pueblo catalán y a los funcionarios que defiendan las instituciones de la aplicación del artículo 155, “para que sea imposible que el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos desmantelen las instituciones catalanas”.

También ha llamado el expresident a la defensa del procés en las elecciones del próximo 21 de diciembre. Unas elecciones a las que el PDeCat se presentará y, advierte, “vamos a respetar el resultado de las elevaciones, como siempre hemos hecho”.

Pero Puigdemont interpela también al ejecutivo de Mariano Rajoy, “¿va a hacer lo mismo? Quiero un compromiso claro”, espeta. “Es en el territorio de la democracia donde siempre hemos ganado”, insiste, “siempre que haya urnas, allí nos encontrarán”, ha sentenciado.

Un pequeño grupo de manifestantes concentrado en la entrada del Press Club Brussels Europe, en la capital belga, esperando la salida del expresident catalán Carles Puigdemont. REUTERS/Yves Herman

El expresident junto con otros seis miembros del Govern, que no se considera destituido por la decisión del gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155, trabajarán desde Bruselas “para hacer evidente el problema catalán en el corazón de Europa y mostrar la politización del sistema judicial español”. El resto del ejecutivo, con el vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, presentará una “oposición política, no judicial” al mecanismo activado por Rajoy.

Carles Puigdemont ha abandonado el Press Club de Bruselas que ha acogido su comparecencia entre los gritos de “¡Viva España y viva Cataluña!” de un pequeño grupo de manifestantes que le esperaban a la salida. También, aunque en silencio, defensores del procés mostraban carteles pidiendo la liberación de ‘los Jordis’ y por el derecho al voto.

La escapada de Puigdemont a Bruselas

A primera hora de la mañana del lunes comenzaron los rumores. Carles Puigdemont y varios de sus consejeros, apenas unas horas antes de que la Fiscalía hiciera públicos los cargos contra ellos por la organización del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia, se habrían marchado a Bruselas para reunirse con representantes nacionalistas belgas.

Se apuntaba entonces a la derecha nacionalista flamenca de la N-VA. La N-VA forman parte de la conocida como coalición sueca, un gobierno integrado además por los democristianos (CD&V) y liberales (Open VLD) flamencos y los liberales francófonos del MR, del que es miembro Charles Michel, el primer ministro. Michel fue el primero de los líderes políticos europeos en denunciar la violencia policial del 1-O y su reacción a la declaración unilateral de independencia fue extremadamente tibia. Ni negaba ni afirmaba que reconociera la República de Cataluña y se limitaba a llamar a una solución dialogada en el respeto a la legalidad nacional e internacional. El jefe del ejecutivo belga es consciente de la fragilidad de un gobierno mayoritariamente flamenco y mantuvo toda la neutralidad que le permitían las circunstancias.

Los periodistas esperan la llegada del expresident catalán, Carles Puigdemont, en el Press Club Brussels Europe, en la capital belga. REUTERS/Yves Herman

Pero algunas voces en su gobierno fueron más allá, su secretario de Estado para el Asilo y la Migración, Theo Francken (N-VA) apoyó la causa catalana y afirmó en una entrevista que estudiaría una posible petición de refugio de Carles Puigdemont en caso de ser perseguido por la justicia española. Por eso también crecieron los rumores sobre una posible demanda de asilo del expresidente en Bélgica. Por eso, y porque el país tiene uno de los sistemas más garantistas de la Unión Europea.

Ayer la N-VA negó haber invitado al expresident y no quiso desmentir ni confirmar su presencia en el país. Donde sí ha sido visto Puigdemont ha sido esta mañana en la sede de EFA (European Free Alliance), una organización que promueve las aspiraciones independentistas regionales en Europa, de la que forman parte la propia N-VA, el BNG o Eusko Alkartasuna (EA). La oposición se echó encima de Charles Michel y le pedía responsabilidades por la visita de Puigdemont. El gobierno permaneció en silencio a los ataques. Esta mañana, el vice primer ministro y ministro de Finanzas, que fue además ministro presidente de Flandes, afirmó en referencia al gobierno catalán que cuando uno llama a la independencia, más le valdría quedarse cerca de su pueblo.

Tras esquivar a la prensa durante 24 horas, fuentes cercanas Puigdemont informaron de una rueda de prensa al día siguiente pero sin especificar localización u hora. Al parecer, habrían intentado llevarla a cabo en el Residence Palace, un edificio de oficinas que pertenece al gobierno federal belga y que se habría negado a que tuviera lugar allí. Finalmente ha sido el Press Club, en el corazón del barrio europeo, el que ha acogido una rueda de prensa con la presencia de al menos dos centenares de periodistas, en la que el expresident se ha dirigido a la prensa en francés, catalán, castellano e inglés, pero en la que la única pregunta que ha sido formulada por la prensa extranjera ha sido para TV3.

¿Una posible petición de asilo?

Carles Puigdemont ha insistido en rueda de prensa que no viene a hablar de política belga ni a pedir asilo a Bruselas, sino que su presencia en la capital de Bélgica se explica en su intención de llevar el conflicto catalán a las instituciones europeas. Sin embargo, el expresident se reunió ayer con Paul Bekaert. Bekaert cuenta con un amplio historial de defensa de miembros de ETA, para frenar su extradición a España. El letrado confirmó ayer que se había reunido con Puigdemont y que éste le había contratado como asesor legal pero no aclaró cuáles eran las intenciones del exjefe del ejecutivo catalán.

Si Puigdemont optara por demandar asilo en Bélgica, las posibilidades de que se lo concedan son limitadas pero al menos existen, a diferencia de en otros Estados miembros. Según la legislación europea, dado que se presupone el respeto a los derechos y las libertades fundamentales en los Estados miembros existen garantías, en principio, los países de la UE se consideran seguros. Por tanto no es posible conceder asilo a ciudadanos europeos dentro del territorio de la Unión pero contempla dos excepciones. La primera, que la UE haya aplicado en el Estado miembro del demandante el artículo 7, el botón rojo de la UE contra las violaciones de derechos humanos, que solo ha estado cerca de ponerse en marcha en Polonia por su reforma judicial. La segunda, que un país decida hacerlo de manera unilateral y en este caso, deberá informar de manera inmediata al Consejo Europeo, convirtiendo el problema en una cuestión europea.

El expresident catalán, Carles Puigdemont, a su llegada para su comparecencia en el Press Club Brussels Europe, en la capital belga. REUTERS/Yves Herman

Es decir, solo Bélgica puede decidir si opta por estudiar una posible solicitud de asilo de Puigdemont. Hacerlo es efectivamente una cuestión política y el equilibrio de fuerzas en el gobierno belga es muy frágil además de que, claro, acabaría en crisis diplomática segura con España. Las autoridades belgas aseguran que tendrán en cuenta una posible demanda solo si existen "señales serias de persecución" o "imposibilidad de protección en el país".

Tras la rueda de prensa de este martes, el primer ministro belga ha emitido un comunicado en el que vuelve a negar que su gobierno tenga nada que ver con la visita de Puigdemont, insiste en que será tratado como cualquier ciudadano europeo y afirma, en cualquier caso, estar en contacto con las autoridades españolas en todo momento.