El movimiento memorialista presiona también, además del Gobierno, para que la exhumación del golpista, artífice de la sanguinaria, Gonzalo Queipo de Llano, que está enterrado desde 1951 en la basílica de La Macarena, en el centro de Sevilla se produzca de manera inmediata.

La Plataforma Gambogaz había enviado el viernes, antes de que se hiciera pública la carta enviada por el Ejecutivo, un comunicado dirigido a la Hermandad de la Macarena, que gestiona la Basílica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, en la que instaban a cumplir de manera "inmediata" cumpla la Ley de Memoria Democrática y "no contribuya con su actitud e inacción con una ilegalidad".

"Hasta ahora, la Basílica de la Macarena, desoyendo el clamor de las víctimas del Franquismo y de la ciudadanía sevillana, se ha negado a sacar los restos de Queipo de Llano y de Francisco Bohórquez. Ni por compasión, ni por empatía, ni por amor a las víctimas", se lee en el escrito de la plataforma.

Esta mañana, la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática también ha enviado tres cartas, a la hermandad, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
La coordinadora reclama al presidente que "en primera persona" inicie "con carácter inmediato los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a la ley". Y al alcalde, que "se ponga a disposición de las instituciones competentes" para el "inminente desenlace favorable de este asunto que lleva décadas de espera".

De momento, el presidente de la Junta ha evitado pronunciarse sobre este asunto. En la Consejería de Cultura, que tiene las competencias, asegura que se cumplirá con la ley, como no pude ser de otra manera. El alcalde opinó este lunes que hay que "poner punto y final" al asunto y aseguró que, por sus conversaciones con el hermano mayor de la Macarena, la hermandad "va a cumplir la Ley". Muñoz apostó por "cerrar" ya la situación, con "la salida" de la tumba de la citada basílica. El Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, ya reclamó a la hermandad de la Macarena que dejara de acoger dicha tumba.

La hermandad manifestó este lunes que respeta "las leyes de un Estado democrático". El hermano mayor de la corporación, José Antonio Fernández Cabrero, respondió por carta al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. En ella, "como ya venía haciendo", la hermandad destaca el hecho de que "trabaja en la ejecución de aquello que la nueva Ley establece, y que se concreta en la citada misiva oficial de la Secretaría de Estado".

"En su afán por cumplir escrupulosamente la ley la Hermandad ya había realizado determinadas acciones para tal fin, que serán completadas a partir de ahora con las oportunas que se desprendan de esta comunicación de la Secretaría de Estado y que le permitan llevar a efecto lo legalmente establecido".

La exhumación de Queipo es una reivindicación histórica del movimiento memorialista, que lleva décadas esperando. "Llega 45 años tarde", manifestó a Europa Press la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, María Luisa Hernández, nieta de un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla fusilado por las tropas golpistas.

El tema de Queipo ya ha hecho correr ríos de tinta y, hasta ahora, la ley estatal de 2007 y la andaluza de 2017 no habían bastado para sacarlo de la Basílica, entre otras razones, porque ningún Gobierno autonómico, ni los socialistas ni el de coalición de PP y Ciudadanos ni este en solitario del PP de Juanma Moreno, han mostrado interés en llevar la aplicación de la ley hoy vigente hasta el final.

Reparación y Justicia

Se trata este, después del empujón del Ejecutivo de Sánchez, agregó Hernández, de un momento "muy importante" para las familias de las víctimas de la represión dictatorial y "para toda España", que contribuye a que la democracia española sea "más saludable".

Para la Coordinadora Andaluza de Memoria, "se trata de un acto de reparación hacia las víctimas y sus familiares con el que se corrige una anomalía democrática y se da cumplimiento no sólo a la ley, sino a las directrices de los organismos internacionales sobre Derechos Humanos".

Paqui Maqueda, de la plataforma Gambogaz, asegura a Público, que "la hermandad debe ser consciente de que está cometiendo una ilegalidad" y debe "poner los medios cuanto antes para dejar de cometer esa ilegalidad". "No parecen darse cuenta de la ilegalidad y del deber de memoria que tiene Sevilla con las víctimas. Esta ley viene a fomentar la paz, la reconciliación, y esta no existe sin justicia. La exhumación de Queipo es un acto de justicia".

La nueva ley recoge en su artículo 38 lo siguiente: "Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado".

El artículo 35.5 señala directamente que "cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos". Por tanto, la decisión está ahora en manos de la hermandad.