La idea del Gobierno de España, según expresó este jueves el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, es, al igual que ya se hizo con el dictador Francisco Franco, sacar de sus lugares de enterramiento también a Gonzalo Queipo de Llano, instigador de miles de muertes (muy recomendable el libro La justicia de Queipo del historiador Francisco Espinosa) y de la implantación del terror, sobre todo en Andalucía Occidental en las semanas posteriores al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y a José Antonio Primo de Rivera, un mito franquista, fundador de Falange Española.

De momento, el Gobierno no ha explicado, más allá de lo dicho por el ministro, cómo ni cuándo exactamente piensa sacar a Queipo de la basílica de la Macarena en Sevilla, donde permanece enterrado, pese a los ríos de tinta que ha hecho correr el asunto y a las reclamaciones periódicas y reiteradas. Tampoco ha dado más detalles sobre la exhumación de Primo de Rivera.

El dirigente falangista está enterrado en el Valle de los Caídos, lugar al que la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada el miércoles en el Senado, le dedica un artículo completo, con el que se pretende transformar el lugar y resignificarlo por completo. Para empezar, por la vía de cambiarle el nombre: ahora será el Valle de Cuelgamuros.

Así, el texto ya aprobado por el Senado, que está, tras su paso por el Senado, a la espera de cumplir el resto de trámites para su entrada en vigor definitiva, recoge lo siguiente: "Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil. En el Valle de Cuelgamuros solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas. Asimismo, se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto".

La tumba de Primo de Rivera está frente al altar y, según lo dicho por el ministro Bolaños, por tanto, sería reubicada, de acuerdo con la familia, en virtud de este artículo. "Obviamente se les dará una sepultura digna donde los familiares decidan, pero no pueden estar en ningún lugar preeminente porque es una manera de homenajear a los protagonistas de la Dictadura", aseguró el ministro en una entrevista en la cadena SER.

El tema de Queipo ya ha hecho correr ríos de tinta y, hasta ahora, la ley estatal de 2007 y la andaluza de 2017 no han bastado para sacarlo de la Basílica, porque ningún Gobierno autonómico, ni los socialistas ni el de coalición de PP y Ciudadanos ni este en solitario del PP de Juanma Moreno, han mostrado interés en llevar la aplicación de la ley hoy vigente hasta el final. Todo lo contrario, todos estos gobiernos se han agarrado hasta ahora a un informe jurídico, elaborado en la etapa de Gobierno de Susana Díaz, en el que se discute que la tumba del general golpista en sí misma represente un elemento contrario a la memoria histórica, como consideran las asociaciones memorialistas.

En efecto, el 31 de julio de 2017, el entonces letrado-jefe de la asesoría jurídica de la Administración Autonómica, Manuel Andrés Navarro Atienza, dice textualmente lo siguiente, en la página 5 de su dictamen: "Resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos, que concurran en el [caso de la exhumación de Queipo] los requisitos [que exige la ley para que exista un elemento contrario a la memoria histórica], ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática".

El letrado se refiere a que la hermandad retiró hace unos años de la lápida la referencia que había al 18 de julio de 1936 y a la condición de excelentísimo teniente general" de Queipo. Hoy en su lápida se recoge lo siguiente: "Aquí reposa en la paz del señor [el] Hermano Mayor honorífico D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 5 de febrero de 1875. 9 de marzo de 1951".

Este informe es relevante en tanto en cuanto la ley andaluza preveía que en el caso de que los propietarios, en este caso la Hermandad de La Macarena, no actuaran, como no han hecho hasta ahora, para sacar a Queipo, tendría que ser la administración autonómica quien se ocupara del asunto.

La nueva ley inutiliza este informe, al recoger en su artículo 38 lo siguiente: "Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado".

La discusión ahora, si el Gobierno andaluz o la hermandad decidieran resistirse a las intenciones expresadas por Bolaños, residiría en interpretar si la tumba de Queipo está "en un lugar preeminente de acceso público […] que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación". Por el momento, este jueves, después de la intervención de Bolaños, el Gobierno andaluz manifestó a Público: "Nosotros como siempre vamos a cumplir las leyes y la de Memoria no es una excepción". Y la Hermandad de la Macarena, que gestiona la basílica  "reiteró" este jueves su "voluntad de cumplir escrupulosamente, tal y como ha venido haciéndolo, la legislación vigente", según recoge Europa Press.

Cobardía política

Esteban Garrido, presidente de la Coordinadora Andaluza de Memoria, lo tiene claro: "Exigimos al Presidente de la Junta de Andalucía que aplique la ley inmediatamente a qué se publique en BOE. Que no haga lo mismo que con la andaluza. Ya están las leyes, están los recursos, y también la voluntad política de un gobierno para sacarlo. La ley es muy clara".

"Si al dictador Franco lo sacó el Estado de Derecho y una férrea voluntad política, aquí pasa lo mismo. Hoy es el primer día para que Queipo de Llano deje de ocupar un lugar preeminente en la Macarena y trabajaremos desde el movimiento memorialista para que no se pierda ni un minuto más", agrega a Público.

El jurista, profesor en la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel, reflexiona: "Ha tenido que pasar más de medio siglo para tener un corpus legislativo más o menos digno. Aún así esta ley no aborda la cuestión medular: sigue tratando a las víctimas como yacimientos arqueológicos. El hallazgo de una fosa, si son crímenes de lesa humanidad tendría que abrir un proceso judicial. Eso no ocurre. Nos hemos quedado en la búsqueda. Las víctimas siempre han sido dignas. Es el Estado el que ha sido indigno".

Y luego añade: "La disposición derogatoria de la Constitución española hubiera bastado para eliminar la huella franquista, como es el caso de la basílica de la Macarena. Lo sorprendente es lo que quedó por hacer. Lo que ha faltado siempre es voluntad política y respaldo judicial sobre todo. Los poderes judiciales han sido una herencia del régimen franquista. No se ha hecho antes por cobardía política, respaldada por una pasividad social y miedo a ser revocada por los tribunales".

La activista Paqui Maqueda analiza: "Es una ley que tiene muchas luces, pero no garantiza respuesta judicial a las víctimas. Se queda corta ahí, no es la definitiva. Tengo la impresión de que lo de Queipo sí lo van a hacer. Si lo hacen, lo va a sacar el movimiento memorialista. Lo vamos a sacar las víctimas. Es el triunfo del esfuerzo de las entidades de memoria".

La ley asedia además de la tumba de Queipo también su legado. Así, la norma afecta también a la fundación que lleva su nombre, el título de marqués de sus descendientes, que será anulado, y el cortijo Gambogaz, a las afueras de Sevilla.