Vox, PP y Ciudadanos han votado este jueves en contra de la exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, donde está enterrado, en el Parlamento de Andalucía.

Los tres partidos rechazaron una Proposición No de Ley (PNL) de Adelante Andalucía, que apoyó el PSOE, que recogía lo siguiente, en su punto 14: "Instar al Consejo de Gobierno al desarrollo normativo [de la Ley de Memoria] y dirigirse en base a este desarrollo al titular de la Basílica de la Macarena para que proceda a la exhumación y retirada de los restos del golpista Queipo de Llano de su actual ubicación, por sus vínculos con la dictadura franquista y como dirigente militar del fracasado golpe de estado que dio inicio a la Guerra Civil"

El texto rechazado añadía: "En caso de no cumplir el titular con la obligación legal de tal exhumación, instar al Consejo de Gobierno a incoar de oficio el procedimiento para la exhumación de Queipo de Llano, que habrá de llevarse a efecto antes del mes de junio de 2020". 

La Ley de Memoria Histórica de Andalucía recoge en su artículo 32 lo siguiente: “La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas. […] Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

La interpretación que se hace en el movimiento memorialista es que la tumba del general, ubicada en la basílica de la Macarena de Sevilla, supone en sí misma una exaltación del golpe y de uno de sus dirigentes y por tanto, el cadáver de Queipo debe ser exhumado y trasladado a un lugar que no esté “proyectado a un uso público”. La Ley dice también que son los particulares -en este caso, la hermandad de la Macarena- quienes deben promover la retirada.

Si no lo hacen, la administración, en este caso, la Junta de Andalucía, debe proceder de oficio, si acaba por considerar que la tumba de Queipo en sí misma supone una "conmemoración, exaltación o enaltecimiento" de la dictadura y de uno de sus “dirigentes”, como dice la Ley.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), viene esgrimiendo para esquivar la exhumación –entre otros argumentos– un informe elaborado por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía  cuando gobernaba el PSOE. En efecto, un estudio, de fecha 31 de julio de 2017, elaborado por el entonces letrado-jefe de la asesoría jurídica de la Administración Autonómica, Manuel Andrés Navarro Atienza, dice textualmente lo siguiente, en su página 5: “Resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos, que concurran en el [caso de la exhumación de Queipo] los requisitos [que exige la ley para que exista un elemento contrario a la memoria histórica], ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática”.

El letrado se refiere a que la hermandad retiró hace unos años de la lápida la referencia que había al 18 de julio de 1936 y a la condición de “excelentísimo teniente general” de Queipo. Hoy en su lápida se recoge lo siguiente: “Aquí reposa en la paz del señor [el] Hermano Mayor honorífico D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 5 de febrero de 1875. 9 de marzo de 1951”.

En cualquier caso, el propio letrado, en su informe, recuerda la previsión de la propia ley, que recoge la creación de un comité técnico que debe elaborar una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados.

Simbología franquista

Además de votar en contra de la exhumación del golpista, Vox, PP y Ciudadanos han tumbado también los siguientes puntos de la PNL: la elaboraración de un nuevo protocolo de exhumaciones y el desarrollo del régimen sancionador de la Ley de Memoria; el aumento al menos de un 15% en la partida para las políticas de memoria en el presupuesto de 2020; incrementar la financiación de actividades relacionadas con el derecho a la verdad y reparación de las víctimas; reclamar al Gobierno central la desclasificación de toda la documentación que, dentro del ámbito de la Ley de Memoria, guarde relación con los hechos acontecidos en Andalucía por las fuerzas golpistas durante la guerra civil y el franquismo, y retirar en un plazo máximo de tres meses la simbología franquista que aún permanezcan en la Comunidad.