El bufete Cremades & Calvo Sotelo, a través de su presidente, Javier Cremades, ha anunciado este miércoles que la investigación que le ha encomendado la Conferencia Episcopal Española (CEE) para dilucidar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia contará con la participación de Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y jueza emérita. 

Carmena será la responsable de elaborar un dictamen sobre la perspectiva de las víctimas de los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes. 

Durante una rueda de prensa en la que se han comunicado los nombres de los miembros del equipo para la investigación sobre los abusos sexuales de la Iglesia española encargado por la CEE, Javier Cremades ha anunciado que además del de Carmena, habrá otros dos dictámenes.

Uno de ellos ha sido encargado a Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, que versará sobre las reparaciones que habrán de destinarse a las víctimas de pederastia eclesial. El otro llevará la firma del periodista Juan Luis Cebrián, que es miembro del Consejo Asesor de Cremades & Calvo Sotelo, y versará sobre la dimensión de la comunicación social en el fenómeno de los abusos sexuales en la Iglesia. 

Javier Cremades ha dicho que "llegamos 20 años después de Estados Unidos y doce después de Alemania. No tenemos tiempo para hacerlo mal". En relación a la investigación que llevará a cabo el Defensor del Pueblo, paralela a la que abrió la Conferencia Episcopal, ha explicado Cremades que "tiene mucho por hacer el Defensor del Pueblo, tendrá su propio papel en el objetivo de pasar página a una sociedad más justa". 

En otro momento de su intervención, el abogado ha ahondado en la comisión de investigación que acometerá Ángel Gabilondo: "No estamos aquí para competir con el Defensor del Pueblo, sino para colaborar, para lograr el mejor fin y facilitar sus trabajos, recabando los datos, con nuestra experiencia".

El presidente de Cremades & Calvo Sotelo ha anunciado que su informe final deberá incluir recomendaciones respecto a las medidas de reparación a las víctimas. "Pero nosotros no seremos quienes las pongamos en marcha".

Respecto a la oposición de algunas asociaciones de víctimas a colaborar con esta investigación, Cremades ha desvelado que su bufete se ha reunido con todas, menos con Infancia Robada, que justo hace dos semanas se reunió con el cardenal Juan José Omella para mostrar su rechazo a la auditoría de Cremades.

El psiquiatra portugués Pedro Strecht, responsable de la investigación en la Iglesia portuguesa, es uno de los fichajes del bufete. Ha pedido a la prensa que siga trabajando para dar visibilidad a este problema y a la Iglesia española le ha pedido que "no tenga miedo", que "esto no es contra vosotros, es algo que estamos haciendo con vosotros y por vosotros, en ultima instancia".

Por su parte, Cremades ha explicado que han recibido cerca de medio centenar de denuncias en las primeras seis semanas de trabajo. Ha indicado que se quiere "entender la verdad" y que todas las víctimas tienen las "puertas abiertas" de este grupo de trabajo "ahora y en el futuro". 

El equipo encabezado por el presidente de Cremades & Calvo Sotelo para la auditoría encargada por la CEE  estará formado además por los socios fundadores del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que elaboró el informe de abusos en la archidiócesis de Múnich y Frisinga. 

Entre los miembros del equipo también destacan la expresidenta de la American Bar Association, Patricia Lee Refo; la abogada y socia del despacho británico Dawson Cornwell y experta en casos de abusos sexuales, Carolina Marín Pedreño; la socia fundadora del despacho hispano alemán 3C Compliance y presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas, Katharina Miller.

También forman parte del equipo el abogado del despacho Cremades y presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez; la abogada del despacho estadounidense Paul Weiss Liza M. Velazquez; la psicóloga Marina Peña; y el abogado argentino especialista en abusos sexuales en la Iglesia, Juan Pablo Gallego, entre otros.

Precisamente, este letrado argentino fue el primero en América Latina que emprendió una acción judicial contra un sacerdote pederasta, Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores.