En el último mes se han impulsado iniciativas a nivel gubernamental, parlamentario y autonómico sobre la investigación de los abusos en la Iglesia. ¿Cree que ya ha llegado el momento tan esperado por las víctimas de poner coto a la impunidad de esta lacra después de tantos años de silencio?

Afortunadamente, se ha producido un cambio de etapa. Las voces que, desde la sociedad civil, los medios de comunicación o las instituciones niegan o minimizan la gravedad de la crisis de pederastia en la Iglesia española son minoritarias. Pero reconocer que como sociedad tenemos un grave problema solo es el primer paso, lo fundamental es debatir y acordar las mejores soluciones. No las que beneficien a la jerarquía católica porque les ayuda a preservar su poder, prestigio y patrimonio. Sino poniendo el foco en las víctimas y las futuras generaciones. Hay que blindar legislativamente el derecho de los supervivientes a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y aquí es donde va a haber la gran batalla. Porque no todas las opciones que se están barajando cumplen este objetivo en igual medida.

Ante la avalancha de líneas de investigación, ¿qué opción es la más efectiva para las víctimas?, ya que parece que tampoco hay consenso.

La gran ventaja que tenemos en España es que somos uno de los últimos estados europeos en reconocer y abordar la crisis de la pederastia clerical. Como somos los más torpes de la clase, podemos aprender de las experiencias de otros estados de nuestro entorno. Qué modelos han funcionado bien y cuáles han sido un blanqueamiento de la institución. La primera tarea es establecer los objetivos de una comisión de investigación. ¿Se tiene que centrar únicamente en medir la magnitud de la crisis (cuantos religiosos pederastas, cuantas víctimas, en cuantas instituciones, durante cuánto tiempo)? ¿O se tiene que investigar también las respuestas institucionales ante los delitos? ¿Ha habido encubrimiento por parte de los obispos? ¿Ha sido este generalizado y sistemático?

En segundo lugar, se debe decidir si la comisión tiene que ser de carácter público, impulsada por el Estado, o privado, promovida por la Iglesia. Las comisiones más efectivas son las estatales, por la sencilla razón de que en su informe final pueden incluir como recomendaciones reformas legislativas para mejorar la capacidad del Estado de prevenir los abusos en instituciones, detectar precozmente estos casos, castigar a los culpables y reparar a las víctimas. Por ejemplo, la comisión estatal australiana recomendó aprobar la imprescriptibilidad penal en los casos de pederastia, reformar el sistema de indemnización civil para las víctimas y perseguir de forma más efectiva el encubrimiento.

Por último, debes decidir qué poderes coercitivos le otorgas a la comisión de investigación. La Iglesia es una institución muy descentralizada, cada obispo y orden religiosa funciona de forma autónoma. Aunque el presidente de la Conferencia Episcopal Española afirme que la Iglesia va a colaborar, sabe perfectamente que no puede obligar a los obispos a hacerlo.

Por eso una comisión efectiva debe tener dos poderes coercitivos básicos. Primero, poder obligar a los obispos a comparecer, dar testimonio y que este sea verídico, bajo riesgo de desacato. Segundo, poder obligar a las instituciones encubridoras a dar pruebas documentales, los archivos canónicos secretos, con las fichas de personal de los religiosos pederastas. El único modelo que cumple todas estas características es la Comisión de la Verdad, una comisión independiente creada ad hoc, con el único mandato de realizar esta investigación, a la que el Parlamento le otorgue poderes legales de investigación de carácter coercitivo junto con un presupuesto suficiente para poder realizar su labor.

Entonces, ¿la comisión de investigación en el Congreso se quedaría corta a su entender?

El Congreso no tiene los recursos materiales y humanos para poder investigar de forma exhaustiva el problema. Una de las estrategias de investigación implementada por otras comisiones es la búsqueda activa de casos, con el objetivo de cuantificar la magnitud del problema. Para ello se establecen canales de comunicación abiertos, con campañas en medios de comunicación y redes sociales, para que lo supervivientes puedan contactar a la comisión y prestar su testimonio de forma confidencial y anónima si así lo desean. El Congreso no puede entrevistar a 3.000, 5.000 o 15.000 víctimas de pederastia clerical.

Por este motivo, la comisión del Congreso debería funcionar como una comisión de estudio, comparando las distintas experiencias internacionales, pidiendo la comparecencia de expertos nacionales e internacionales, colectivos de víctimas, representantes de las instituciones católicas que van a ser investigadas, otras instituciones publicas con un interés legítimo en el problema. Un trabajo parlamentario serio, riguroso y exhaustivo, como se está haciendo con otras iniciativas. Si el Congreso es incapaz de hacer una tarea semejante, sin convertir un tema de derechos civiles en un espectáculo cirquense, es que realmente tenemos una democracia muy defectuosa como dice The Economist.

En base a toda esta información, se debería aprobar una ley lo más transversal posible, que cree la Comisión de la Verdad independiente, le otorgue un claro mandato legal, con objetivos específicos, un presupuesto apropiado y amplios poderes de investigación. El colectivo de víctimas catalanas, que apoyamos unánimemente el modelo de Comisión de la Verdad, hemos presionado a los partidos que han presentado la iniciativa de comisión de investigación (Unidas Podemos, EH Bildu y ERC) para que modifiquen su propuesta y eleven el nivel de ambición. Desgraciadamente no nos ha sido posible contactar con el PSOE, porque este partido no se reúne con víctimas que no avalen su propuesta de que la investigación la realice el Defensor del Pueblo.

A colación de esta propuesta, ¿por qué el Defensor del Pueblo [como propone el PSOE y PNV] no es la institución más adecuada para ello?

Porque no tiene los poderes legales coercitivos para poder hacer una investigación exhaustiva. Hay dos metodologías de investigación muy útiles implementadas por otros estados. La primera, las audiencias públicas sobre casos significativos (case studies), donde comparezcan víctimas, abusadores y responsables institucionales de las organizaciones donde se cometieron los crímenes. Las audiencias son públicas, puede comparecer como público miembros de la sociedad civil y medios de comunicación, y además se pueden retransmitir en directo por internet. Dos ejemplos de audiencia pública que se podrían hacer en España serían el caso Maristas de Barcelona o el del internado de la Bañeza en León. Al final, la comisión redacta un informe específico sobre ese caso con recomendaciones. Generan confianza en el proceso de investigación por parte de los colectivos de víctimas, precisamente, por su carácter público y la transparencia informativa.

Otra metodología de investigación es exigir a la Iglesia que entregue los archivos canónicos, para ser analizados por la comisión. Es el modelo que siguió la Comisión de Pensilvania. El defensor de pueblo español, al igual que el Sindic de Greuges catalán, que hizo una investigación similar en 2019, no tiene los poderes de investigación coercitivos para emplear estas dos metodologías de investigación básicas. Cuando una parte de la jerarquía católica se niegue a colaborar, como sin duda sucederá, el Defensor del Pueblo chocará con un muro infranqueable, como le pasó al Sindic catalán.

A tenor de otras experiencias en otros países, ¿qué papel debería de tener la Iglesia en estas investigaciones?

Colaborar plenamente con la investigación de la comisión. Asumir, sin rechistar, su rol como sujeto que está siendo investigado. Porque el problema de la pederastia clerical en España no han sido cuatro manzanas podridas, sino que el barril entero estaba putrefacto. Por lo tanto, como la comisión debe investigar no solo los abusos sino el encubrimiento, que en España ha sido generalizado y sistemático, la Iglesia debe aceptar que no puede ser juez y parte, sino que su papel se limita única y exclusivamente al de sujeto investigado, que debe colaborar plenamente en el esclarecimiento de los hechos: estregando los archivos canónicos y prestando testimonio verídico ante los requerimientos de la comisión por parte de la jerarquía católica.

Llama la atención del anuncio de una auditoría impulsada por la propia Conferencia Episcopal, ¿lo concibe como un intento de disuasión para desviar el foco?

Es preocupante la falta de claridad del proyecto. Cualquier despacho de abogados mínimamente serio, si le proponen realizar una auditoría externa sobre la pederastia clerical en España debería exigir dos condiciones. Primero, un documento firmado ante notario en que los responsables de las 70 diócesis españolas y las principales órdenes religiosas (Maristas, Jesuitas, Opus Dei) se comprometen a cooperar plenamente con la investigación, abriendo los archivos canónicos.

En segundo lugar, exigir que autoricen a que el despacho de abogados entregue a la Fiscalía todos los documentos canónicos que puedan constituir prueba de un delito sexual contra menores. Solo si todas las diócesis y órdenes religiosas le certifican de antemano este nivel mínimo de cooperación, éticamente puede el despacho legal aceptar. Desgraciadamente, ni la Fiscalía ha exigido a la jerarquía católica que entregue los archivos canónicos, ni el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo se ha ofrecido a entregarlos a la Fiscalía. No sé si son conscientes en Cremades que se juegan su reputación y que las víctimas no vamos a tolerar un ejercicio de blanqueamiento, marketing y relaciones públicas.

Además del paso dado adelante desde la esfera política, parece que, a pesar de las diferencias entre los partidos sobre cómo abordar este asunto, ha imperado el ánimo de no convertir esta cuestión en una batalla política, algo que con otras cuestiones, también delicadas, no siempre pasa. Independientemente de lo que se decida este miércoles en la junta de portavoces, ¿han estado a la altura los partidos?

No han estado a la altura. La primera ola de pederastia clerical en España sucedió en 2016, cuando Manuel Barbero destapó el escándalo de pederastia en las escuelas Maristas de Barcelona. Yo mismo denuncié abusos en la Abadía de Montserrat en 2019. Durante seis años, los partidos políticos y esto incluye a todo el arco parlamentario, se han negado a investigar los hechos. Parece que solo han reaccionado cuando el problema les ha estallado en la cara. Desde un punto de vista pragmático, esta demora sería hasta perdonable, si hicieran propósito de enmienda y se comprometieran a hacer una investigación rigurosa que llegue hasta el final. Más vale tarde que nunca.

Sin embargo, esto está por ver. Las víctimas catalanas estamos seriamente preocupadas por la negativa del PSOE a escuchar otras propuestas que no sean la suya, la del Defensor del Pueblo. No es un modelo en que creamos, tras nuestra experiencia con la investigación del Sindic en 2019. ¿Qué confianza nos puede dar un modelo en que de entrada no se reconoce el derecho de participación abierta y constructiva, presentando propuestas, de una parte importante del colectivo de afectados, personas que tienen un interés directo y legítimo en el problema, porque llevan luchan contra esta lacra desde hace seis años, una época oscura en la que en España no denunciaba casi nadie?