Dos precedentes importantes sobre la investigación de los casos de pederastia eclesial en España, que han arrojado desiguales resultados, podrían marcar el rumbo de la futura comisión de la verdad sobre el escándalo: por un lado, el informe del Gobierno navarro que ha logrado añadir 20 nuevas víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, sumando ya oficialmente 58, con 31 religiosos abusadores. Y, por otro, la investigación del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, que no reveló el número de víctimas entrevistadas pero sí la falta de colaboración, en general, de la Iglesia catalana. 

La pederastia en el ámbito de la Iglesia católica va a ser objeto de estudio, por primera vez en España, a falta de conocer qué institución, si el Congreso de los Diputados o el Defensor del Pueblo, o ambas, la dirigirá. Pero algunas comunidades autónomas ya han cogido la delantera. Navarra es la primera que encarga un estudio sobre el alcance de los abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia y de las congregaciones católicas en su territorio.

Este viernes se ha hecho público el resultado oficial de la investigación llevada a cabo por la Universidad Pública de Navarra (UPNA): se han identificado 58 víctimas desde los años cuarenta y 31 religiosos como responsables de los abusos sexuales. El estudio, coordinado por el investigador de la UPNA Mikel Lizarraga, destaca la falta de colaboración del Arzobispado de Pamplona y de las congregaciones religiosas involucradas en los abusos. 

Son 17 centros educativos o instituciones religiosas en doce municipios navarros los que aparecen en el informe navarro sobre abusos sexuales en el contexto religioso, "que afectan a diez congregaciones, además de al propio Arzobispado", apunta Lizarraga.

José Luis abrió la puerta de las denuncias

El dramático caso de José Luis, un hombre que denunció en 2019 que tanto él como su hermano habían sido en los años 70 abusados por un profesor en el Colegio-Seminario de los Padres Reparadores, en el municipio navarro de Puente La Reina, abrió la puerta a una treintena de denuncias semejantes en Navarra. El hermano de José Luis se quitó la vida por las secuelas que arrastraba por aquellos abusos sexuales. "Estoy muy orgulloso de haber destapado el tema en Navarra --dice José Luis a Público-- pero mi sufrimiento no prescribirá jamás. Lo que me hicieron, junto a lo de mi hermano, me acompañará toda la vida". 

José Luis celebra el buen resultado del informe encargado por el Gobierno de Navarra, que ha cumplido así con el compromiso que el Parlamento foral adquirió con este hombre y con el resto de miembros de la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra, la primera que se constituyó, en 2019, en el Estado español. 

"Han aflorado veinte nuevas víctimas, que han sentido la confianza en el equipo de la Universidad Pública de Navarra para dar el paso, pero muchas personas abusadas no pueden contarlo públicamente, lo comprendo. Cuando lo haces público toda tu vida queda fuera de la intimidad", explica José Luis, que alerta de que el informe navarro ha desvelado sólo "la punta del iceberg" de un escándalo "mayúsculo e impune".

El Gobierno navarro, formado por una coalición del PSN-PSOE, Geroa Bai y Podemos, ha anunciado que remitirá el informe a la Fiscalía General del Estado, que está recopilando todas las causas instruidas por la Justicia en la actualidad. 

El Síndic de Greuges

En la misma época que José Luis saltaba a la palestra para contar lo que un profesor les hizo a él y a su hermano mientras eran escolares, en Catalunya el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, tomaba una iniciativa importante: investigar los abusos sexuales en el contexto educativo católico. La investigación fue hecha pública en octubre de 2020. El Síndic formó una comisión de tres especialistas: la doctora Olga Casado, del Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura; Noemí Pereda, profesora de Victimología de la Universidad de Barcelona; y el catedrático de Derecho Penal Josep Tamarit. 

Desde febrero de 2019 la comisión del Síndic recibió testimonios sobre abusos sexuales perpetrados por religiosos de la Fundació Vedruna, la Abadía de Montserrat, la Compañía de Jesús, La Salle, la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia; y la Escola Pia de Catalunya.

El informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, está repleto de frases que denotan impotencia ante la falta de colaboración de algunas de esas  congregaciones. Ribó destacó la "actitud poco transparente" de la Iglesia católica en cuanto al reconocimiento de los abusos cometidos por los docentes religiosos. "Por lo general, no se ha recibido información relativa al número de denuncias recibidas", plasmaba en su informe.

También indicaba en sus conclusiones que "no se ha visto una actitud proactiva para conocer e investigar otros casos que pueden haberse producido en el seno de su institución, a excepción de la congregación de los Jesuitas-Compañía de Jesús. Ni tampoco una disposición a establecer vías de reparación en favor de las víctimas (...) con la excepción de la Escola Pia, que ha formulado una propuesta de reparación y ya había intentado contactar con la víctima al tener conocimiento de su caso".

El informe del Defensor del Pueblo catalán no reflejó el número de víctimas entrevistadas, pero debieron ser escasas ya que advertía que "de la documentación estudiada se desprenden indicios de un número de víctimas mucho más elevado que la Comisión no ha podido determinar".

Ribó anunció en octubre de 2020 que había hecho llegar su informe a la Santa Sede: "No podemos admitir la respuesta que ha habido de la Conferencia Episcopal española y algunas de las autoridades eclesiásticas de Catalunya". 

"Crear una comisión parlamentaria"

Entre las recomendaciones, no vinculantes, que hizo el Síndic de Greuges destaca la relativa a una comisión de investigación parlamentaria: "El Parlamento de Catalunya debería crear una comisión de investigación de los casos de abuso sexual y maltrato en la Iglesia católica y otras instituciones que han tenido lugar en Catalunya, que permita una reparación a favor de las víctimas de los casos prescritos. Esta comisión debería prever procedimientos de justicia restaurativa en los que puedan participar las instituciones afectadas y las víctimas". 

Esta recomendación podría cumplirse dentro de poco tiempo, porque, según ha podido saber Público, En Comú Podem va a registrar esta misma semana un proposición junto con Esquerra Republicana para crear una comisión de investigación en el Parlament sobre la pederastia eclesial. 

La catalana podría ser la primera comisión de investigación parlamentaria para este tema que quede aprobada en el Estado español. "Creemos que es la mejor manera de estudiar el escándalo, a través del Parlament --dice David Cid, portavoz de En Comú Podem en el Parlament--. Hay que valorar la iniciativa del Síndic pero él mismo ha trasladado las dificultades que tuvo para que la Iglesia colaborara en estas investigaciones". Según Cid, el Parlament y el Congreso de los Diputados sí pueden obligar a los obispos a comparecer y a informar de sus investigaciones internas, bajo apercibimiento de sanciones. 

"Además, las conclusiones de una comisión de investigación parlamentaria se trasladan a la Fiscalía para que estudie si hay comisión de delito", apunta el portavoz de En Comú Podem. 

Comisiones internas de la Iglesia

El informe del Síndic de Gregues recoge las escasas investigaciones internas que se han producido en el seno de algunas congregaciones católicas. Por ejemplo, en marzo de 2019 se anunció que dos diócesis catalanas, las de Vic y Solsona, habían creado comisiones para investigar las denuncias de abusos. En diciembre de 2019, el obispo de Solsona hizo públicos los resultados aportados por la Comisión, según la cual entre los años 50 y 70 dos curas diocesanos, ya fallecidos, abusaron sexualmente de ocho menores, de los cuales tres ya han fallecido. 

La comisión interna creada en julio de 2019 por la Abadía de Montserrat, salpicada de denuncias de pederastia en su seno, concluyó que el monje Andreu M. Soler fue un depredador sexual y un pederasta y "cometió actos abusivos" en torno a los scouts entre los años 1972 y 2000. Soler, fallecido en 2008, fue el coordinador de los scouts de la abadía. La comisión interna recibió doce denuncias. 

En sus conclusiones constan dos casos de abusos cometidos por otro monje en los años sesenta. La comisión de Montserrat indicó que "hubo silencio por parte de las víctimas", y en un caso concreto en el que se denunciaron abusos cometidos por el hermano Andreu Soler el monasterio omitió cualquier actuación, aunque había suficientes indicios para haber actuado contra este monje. La Abadía de Montserrat se limitó a apartar preventivamente al monje de sus funciones. 

El Síndic de Greuges indica que "en ninguno de los casos conocidos se ha aplicado la sanción de expulsión de la congregación o del sacerdocio". "Las sanciones que se han conocido por la vía canónica han sido la prohibición del ejercicio de funciones y de mantener contacto con niños, así como la obligación de vivir en el lugar que designe la institución", consta en el informe.