El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dejado visto para sentencia este miércoles el juicio sobre las presuntas irregularidades en alguna contrataciones que se produjeron en la Institució de les Lletes Catalanes (ILC) durante la dirección de la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, actualmente suspendida de sus funciones por dicho procedimiento judicial. Borràs ha intentado enmarcar el juicio en el terreno político con acusaciones de lawfare –persecución judicial- por ser una destacada dirigente independentista. Pero más allá de estrategias defensivas, la sentencia tendrá impacto sin duda en la política catalana y en sus instituciones. Tanto si Borràs es absuelta como sobre todo si es condenada e inhabilitada.

¿Cuándo se sabrá la sentencia?

Todos los partidos tienen en mente las repercusiones políticas del caso aunque piden esperar a que el TSJC dicte sentencia. Una resolución que, según fuentes judiciales, podría tardar entre cuatro y seis semanas, aunque los tiempos judiciales son siempre inciertos. Según las mismas fuentes, solo una demora imprevista podría dejar la sentencia para después de las elecciones municipales ya que, al estar encausada un cargo político, la tendencia de los jueces es a no dictar sentencias que puedan impactar en plena campaña electoral. Pero si no hay novedades, se espera la resolución para principios de abril. Y aunque faltarán cerca de dos meses para los comicios, es palpable la preocupación en Junts por la posible afectación en sus aspiraciones electorales.

¿Qué pasará si Laura Borràs es absuelta?

Existe una cierta unanimidad de que el desarrollo del juicio no ha ido bien para Borràs. De entrada, por el pacto de los otros dos acusados con la Fiscalía que los ha llevado a confesar unas prácticas irregulares de falsificación de documentos que la incriminan. Y también por la declaración acusatoria de algunos funcionarios que han ejercido de testigos. Pero es evidente que la presunción de inocencia debe prevalecer y la absolución es una posibilidad que se debe contemplar.

En este caso la repercusión institucional es clara y automática: Laura Borràs recuperaría todas las funciones y las capacidades como presidenta del Parlament y diputada, de las cuales fue suspendida el pasado 28 de julio después de fijarse la obertura del juicio oral. Borràs ha mantenido durante estos meses el acta de diputada y el cargo de presidenta del Parlament, pero sin funciones –que ha asumido provisionalmente la vicepresidenta Alba vergès, de ERC- y sin sueldo. Con lo cual en caso de absolución no habría ningún problema para la restitución.

La suspensión fue aprobada por la Mesa del Parlament en aplicación del reglamento de la cámara catalana que prevé la suspensión de funciones en todos los cargos y del sueldo a cualquier diputado o diputada que esté encausado por delitos ligados a la corrupción, en el momento de apertura del juicio oral. La decisión fue aprobada por los dos miembros de la Mesa de ERC, los dos del PSC y el de la CUP. Solo la representante de Junts votó en contra –Borràs no pudo vetar al ser parte de la causa-. La suspensión generó una fuerte polémica y un duro enfrentamiento entre ERC y Junts que desembocó en la ruptura del Govern de coalición.

¿Qué pasos se darán en caso de ser condenada?

El juicio a Laura Borràs ha quedado visto para sentencia con una petición fiscal de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. La fiscal Teresa Duerto ha asegurado que Borràs es autora de un delito de prevaricación en concurso con falsedad documental por haber adjudicado 18 contratos menores al informático Isaías Herrero, siendo directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 a 2017 y por un total de unos 335.000 euros. En caso de condena habrá que ver si comporta entrada en prisión o no –haría falta superar los dos años de prisión en cada uno de los delitos que se le imputan-, pero la inhabilitación supondría apartar a Borràs ya de forma total del cargo de presidenta del Parlament y retirarle el acta de diputada.

A pesar de que la sentencia del TSJC no será firme y la defensa de Laura Borràs tiene la opción a recurso frente al Tribunal Supremo –que con toda seguridad presentará si no hay absolución- la Junta Electoral Central retirará el acta de diputada a Borràs a todos los efectos de inmediato sin esperar la
resolución del recurso. Hay ya en el Parlament diversos precedentes de esta actuación de la JEC desposeyendo de sus atribuciones a un cargo electo a pesar de no existir sentencia firme. El primero fue el expresident de la Generalitat, Quim Torra, y el último el diputado de la CUP, Pau Juvillà. Junts critica este mecanismo, ya que considera que debería esperarse a la sentencia definitiva. Pero en el caso de Juvillà se da la circunstancia que la retirada del escaño y la aceptación de la orden de la JEC se hizo bajo presidencia de la propia Borràs.

¿Cobrará Borràs un sueldo vitalicio?

Aunque menor –pero de importancia personal para Borràs- otro tema que la condena obligará a tratar es que por primera vez se tendrá que interpretar la disposición para la retribución de prestaciones de los expresidents del Parlament. Ya que requiere haber cumplido dos años en el cargo. Para que Borràs cumpla este periodo, la sentencia y posterior destitución de la JEC se debería producir después del 12 de marzo. E incluso si es así, después habrá que valorar si los meses suspendida de funciones y sueldo contabilizan en el cargo o no. Probablemente la Mesa del Parlament tendrá que encargar un informe
jurídico a los letrados de la cámara. En caso de concluir y dar por buenos los dos años de presidencia, Borràs tendría derecho a cobrar el 80% del sueldo que corresponda a la presidencia del Parlament durante cuatro años y podrá percibir una pensión vitalicia del 60% de la retribución de la Presidencia, pero a partir de los 65 años.

¿Cómo afectará a la presidencia del Parlament una condena de inhabilitación?

El nudo gordiano del embrollo político que supone el caso Borràs está sin duda en un cargo de tanta relevancia en Catalunya como la presidencia del Parlament. Ni más ni menos que la segunda autoridad del país, después del president de la Generalitat. Y lleva siete meses vacante, al menos por lo que se
refiere al ejercicio de las funciones, cosa que ha provocado duras críticas de algunos grupos parlamentarios. La sentencia permitirá acabar con esta interinidad en la institución del Parlament pero en caso de condena de Borràs abrirá la pugna por la presidencia.

Una sentencia condenatoria de Borràs obliga a la elección de un nuevo president o presidenta en el pleno del Parlament. El método de elección permite más sorpresas que la mayoría de votaciones ya que todos los grupos pueden presentar candidatura y no se requiere mayoría absoluta en la segunda votación entre las dos candidaturas mejor posicionadas de la primera ronda. Gana la presidencia la más votada de las dos. En la elección de Borràs pasó a segunda ronda la candidata de Junts y Eva Granados del PSC. Borràs obtuvo 64 votos de Junts y Esquerra. Granados se quedó con 50 votos (los del PSC, y los de En Comú Podem, PP y Ciudadanos). La CUP y Vox optaron por votar en blanco.

Pero las cosas han cambiado mucho desde el inicio de la legislatura después de las elecciones del 14 de febrero de 2021. El acuerdo para el Govern de coalición entre ERC y Junts ha saltado por los aires y fuentes de la dirección del grupo parlamentario republicano advierten que "las bases del acuerdo que dio la presidencia del Parlament a Junts con nuestros votos han desaparecido, por lo tanto habrá que forjar otro diferente". En Esquerra piden prudencia y esperar a la sentencia pero, en caso de plantearse el relevo en la presidencia, se muestran dispuestos a abrir conversaciones con Junts y con la CUP y aseguran que "nosotros queremos que la presidencia del Parlament la ostente una persona independentista, porque el independentismo supone la mayoría de la cámara". Pero advierten que "hay que negociar y llegar a un acuerdo. Sería un grave error que alguien –en alusión a Junts- de por hecho que tendrá nuestros votos si llega el caso". Y desde el partido de Oriol Junqueras son muy tajantes: "Esquerra no votará una candidatura del PSC, pero o los independentistas llegamos a un acuerdo o la presidencia del Parlament será para los socialistas". Y es que si ERC votara en blanco al no llegar a un acuerdo, los 32 votos que tienen asegurados los de Junts quedan muy lejos de los 50 que podrían volver a obtener una candidata socialista.

Por su parte, el PSC deja claro que optará a la presidencia de la cámara catalana. En este caso muy probablemente con la veterana Assumpta Escarp como candidata, ya que Granados ya no forma parte de la Mesa y ha sido designada senadora. Los socialistas reivindican la presidencia del Parlament: "Nos corresponde porqué fuimos la primera fuerza en las elecciones y además la mayoría independentista ya no existe, se ha roto. Lo lógico es que el PSC presida el Parlament", asegura un diputado socialista. Desde el PSC, el primer secretario, Salvador Illa, deja muy claro que "mientras no haya sentencia respetamos la presunción de inocencia de Laura Borràs, igual que respetaremos la sentencia sea cual fuere". Pero también alertan que este es un tema que hay que cerrar con celeridad: "la larga interinidad a que se ha sometido al Parlament no es buena para la institución, y debemos procurar que recupere una presidencia efectiva y la normalidad".

Desde Junts no se quiere abrir este melón hasta ver qué es lo que pasa con el juicio de Borràs. Defienden la inocencia de la también presidenta del partido y atribuyen el juicio a una persecución política. A pesar de ello, en privado no cierran la puerta a optar a la substitución de Borràs si hay condena y se apunta a nombres como el de la diputada Aurora Madaula, miembro ya de la Mesa, o el diputado Jaume Alonso-Cuevillas. En Junts coinciden con Esquerra que la presidencia del Parlament debe ser independentista y recuerdan que Pere Aragonès es president de la Generalitat gracias a sus votos en la investidura. Pero continúan disparando a los republicanos asegurando que "es ERC quien ha fracturado la unidad del independentismo con su cambio de estrategia y son ellos quienes deben rehacerla".

Esquerra espera y prepara la negociación: "por nosotros no quedará que la presidencia del Parlament sea independentista", aseguran. Los republicanos no concretan las bases para rehacer el acuerdo con Junts y la CUP -o por lo menos con los primeros que sería suficiente para desencallar la cuestión-, pero los republicanos buscaran que Junts se abra a una posición más dialogante en determinados temas parlamentarios y su reflejo en las votaciones, después de que el partido de Borràs haya rechazado de plano los presupuestos de Aragonès tras su salida del Govern. ERC tiene la opción de presentar candidatura a la presidencia y competir con Junts y el PSC, pero fuentes de la dirección republicana aseguran que esta operación no está sobre la mesa, porque dividiría el voto independentista y dudan mucho que ERC pueda sumar otros apoyos frente a los que el PSC parece tener garantizados. "Esta estrategia nos lleva a una presidencia del Parlament socialista con mucha seguridad", argumenta esta misma fuente.

¿Qué repercusiones tendrá en la pugna interna dentro de Junts?

La sentencia del juicio a Laura Borràs tendrá consecuencias internas en Junts pase lo que pase. Y lo más probable es que sirva para abrir en canal la pugna interna que desde hace meses vive el partido. Entre los sectores más retóricamente radicales y más opuestos a los acuerdos con ERC que lidera Laura Borràs y los más pragmáticos que beben de la herencia de la antigua Convergència, con el alcaldable por Barcelona, Xavier Trias, al frente, junto al grueso de los exconsellers y exconselleres del Govern capitaneados por Jaume Giró. Borràs ganó la consulta entre las bases para la ruptura del Govern, pero las buenas expectativas de Trias y el juicio a la presidenta del partido por presuntas irregularidades han fortalecido este último sector. De hecho, ninguno de sus caras más visibles ha querido acompañar a Borràs al juzgado a pesar de que el partido pidió a la militancia de Junts que estuvieran presentes.

En el caso de una absolución, Laura Borràs recuperaría sin duda mucha fuerza de cara a la opinión pública y de las bases del partido y las tensiones con el otro sector se agudizarán ya que Xavier Trias no quiere que su campaña se impregne del independentismo radical que representa el llamado borrasismo. De hecho, la sentencia impactará muy probablemente en la campaña electoral de Junts y existe el temor que pueda afectar a las aspiraciones de Trias de recuperar la alcaldía, con todas las encuestas apuntando a su victoria electoral el 28 de mayo.

Pero en el caso de una condena, la tensión no sería menor. Todo apunta a que se abrirá un crudo debate interno sobre la salida de Borràs de la presidencia de Junts. Para no desgastar al partido pero también porque habrá que interpretar los estatutos de Junts que no permiten seguir en la presidencia a alguien condenada por corrupción, salvo casos de lawfare, justamente lo que denuncia Borràs que es su caso. Si es lawfare o corrupción es algo subjetivo que tendrá que dictaminar la comisión de disciplina interna con la cual Borràs ya ha tenido algún encontronazo a tenor de la sanción a uno de sus hombres de confianza, el diputado Francesc de Dalmases, por agresión a una periodista.

En Junts hay mucha reticencia a hablar de este futuro escenario, pero nadie duda que Laura Borràs no abandonará la presidencia del partido sin plantear una feroz lucha. "Va con su carácter de no rendirse nunca" afirma un dirigente de Junts. Si mantiene la presidencia después de una condena pocos dudan que la tensión con el sector pragmático se agudizará y además no podrá ser candidata a la presidencia de la Generalitat. Pero hay incerteza sobre qué pasará si es evacuada de la presidencia de Junts a la fuerza.

Borràs ha negado siempre que se haya planteado dejar el partido, pero en Junts no es difícil encontrar voces que apuntan a Borràs dejando el partido en caso de perder alguna votación interna fundamental y liderando un trasvase de militantes afines a otros proyectos independentistas. Por ejemplo, el de la lista cívica que quiere impulsar la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y que está fracturando también la entidad. Una lista que tendría más afinidad ideológica con el proyecto que defiende Borràs para Junts que con el sector pragmático del partido. Y que con ella al frente -aunque sin opción de presentarse si es inhabilitada- reforzaría considerablemente las débiles expectativas que ahora mismo tiene la candidatura del llamado cuarto espacio independentista, si es que llega a materializarse.