El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a quien la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad documental cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Esto abre la incertidumbre sobre su suspensión, ya que según el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, cuando se abre juicio a un diputado por causas de corrupción, este debe dejar el escaño y, por tanto, los cargos.

El artículo establece que esta es una opción a la que el diputado puede acogerse voluntariamente, pero Borràs ha manifestado reiteradamente que no dimitirá: "No he hecho nada punible penalmente y no pienso rendirme". En una comparecencia en el Parlament remarcó que no tiene "ninguna intención de dar el paso al lado". Esto es lo que le piden la mayoría de formaciones políticas, incluyendo ERC y la CUP. Los republicanos quieren evitar una nueva confrontación abierta entre socios de Gobierno, aunque la falta de acuerdo hace prever el enésimo incendio entre los independentistas.

Suspensión temporal y acordada

La dimisión por voluntad propia de Borràs parece prácticamente descartada y esto abre el escenario de la suspensión, a la que podría acogerse también de forma voluntaria. De no ser así, la decisión recaería en la Mesa del Parlament, que debería votar si la suspende de sus funciones. Esto implicaría que Borràs no perdiera la condición de presidenta ni, en última instancia, de diputada, pero no podría ejercerla. Es decir, no podría votar, dirigir la Mesa ni el pleno ni tampoco representar a la institución. Se trataría de una medida temporal, hasta que hubiera sentencia.

No es la primera vez que se aplica el artículo 25.4, introducido en 2017 a raíz de una propuesta de la CUP y votado por todos los partidos menos el PP, pero en esta ocasión el caso está rodeado de especial incertidumbre por tratarse de la presidenta de la institución y también nueva líder de Junts per Catalunya (JxCat). Borràs siempre ha defendido que su caso ha llegado hasta aquí por la represión al independentismo y tanto ella como su partido piden que se respete la presunción de inocencia y no se la destituya antes de que haya sentencia.

Esto sitúa en una posición complicada a los republicanos, que quieren evitar la imagen de una Mesa dividida en la votación sobre el tema y prefieren llegar a un acuerdo previo. Por ejemplo, que si Borràs es suspendida la presidencia pase temporalmente a la secretaria de la Mesa, Aurora Madaula, también de Junts, en lugar de a la vicepresidenta, Alba Vergés, de ERC. Sin embargo, no está clara la fórmula por la que esto podría materializarse.

Una suspensión "controlada" es la opción preferida por los socios de Gobierno, aunque de no ser posible, la decisión podría precipitarse a través de la Mesa o incluso la convocatoria de un pleno. Sin embargo, esto podría verse retrasado hasta la vuelta de vacaciones en septiembre en medio de un nuevo otoño caliente en la política catalana.

Dos encausados más

La apertura de juicio se preveía inminente desde que a principios de mes el tribunal finalizó la instrucción del caso. Además de Borràs, el TSJC ha abierto juicio contra otros dos encausados, el colaborador al que acusan de haberse beneficiado de la fragmentación de contratos y un funcionario. Una vez dictada esta resolución el siguiente trámite es dar traslado a las defensas a fin de que presenten sus escritos en diez días y, una vez recibida toda la documentación, se fijará la fecha del juicio.

La causa investiga supuestos contratos irregulares cuando Borràs dirigía la ILC de 2013 a 2017. Según el TSJC, Borràs habría adjudicado indirectamente y de forma arbitraria a un conocido suyo 18 contratos por valor de más de 300.000 euros relacionados con la web de la institución. Concretamente, le acusan de adjudicar a dedo varios contratos a Isaías Herrero, que también está siendo investigado en la causa junto a un amigo suyo y un administrativo que trabajaba con Borràs.

En una declaración voluntaria ante el magistrado instructor, este administrativo explicó que la Intervención de la Generalitat advirtió en 2014 a la ILC que estaba abusando de los contratos menores y que debería realizar procedimientos negociados, con mayor publicidad. Borràs presentó alegaciones al informe de Intervención diciendo que era totalmente legal hacer ese tipo de contratos. En unos audios posteriores, cuando ya había dejado el cargo, Borràs pidió al trabajador que la próxima vez que los Mossos d'Esquadra acudieran a la entidad para investigar los contratos, la avisara.