El caso Borràs amenaza con colarse en un nuevo otoño políticamente caliente en Catalunya. Aunque los pasos para la obertura de juicio oral ya están prácticamente agotados, todo apunta que la polémica decisión sobre si la presidenta del Parlament debe dejar el cargo por la suspensión temporal de su escaño —que mantendría, pero no ejercería mientras no se de una sentencia condenatoria—, tal como marca el reglamento del Parlament, es muy probable que no se produzca hasta después del periodo vacacional. Con lo cual este espinoso tema para los partidos independentistas podría impactar sobre un nuevo otoño de alta tensión ya que además de la Diada se prevé una fuerte carga reivindicativa con la conmemoración del quinto aniversario del referéndum del 1 de Octubre de 2017 y la posterior detención de buena parte del Govern de aquella época y otros dirigentes independentistas.

Laura Borràs afrontará lo que ya es prácticamente ineludible, si no hay un giro de guion judicial de última hora. Un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por presuntas irregularidades en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Una supuesta fragmentación de contrataciones en favor de un colaborador suyo por la que el fiscal la acusa —a ella y a otras dos personas encausadas— de prevaricación y falsedad documental a seis años de cárcel y 21 de inhabilitación.

El caso puede explotar entre la Diada y el 1-O

Pero más allá de la afectación personal, el caso judicial de Borràs impacta de pleno en la política catalana por el hecho de que el artículo 25.2 del reglamento del Parlament indica que cualquier diputado o diputada que tenga abierto juicio oral por un caso de corrupción deberá ser suspendido de sus funciones temporalmente hasta que acabe el juicio. Funciones que podrá recuperar si no se produce una sentencia condenatoria de inhabilitación.

Este escenario de gran tensión para la política catalana en general y para el independentismo en particular es inminente. Pero los tiempos judiciales —que Borràs ha dilatado hasta el extremo con reprimenda incluida del juez que instruye la causa— y los tiempos parlamentarios, empujan la resolución de este polémico asunto para después de las vacaciones. Y lo sitúan en torno a fechas clave para el independentismo como la Diada del Onze de Setembre o el quinto aniversario del referéndum del 1-O.

Dilación judicial con reprimenda del magistrado

En el campo judicial la decisión podría llegar en cualquier momento después de que la fiscalía haya presentado ya el escrito de acusación y el juez instructor haya rechazado los dos últimos recursos presentados por la defensa de Borràs. Incluido uno de ellos, en términos de recusación del magistrado, que le ha valido una reprimenda a la presidenta del Parlament.

En el auto, el magistrado Carlos Ramos —designado instructor del caso en sustitución de Jordi Seguí, que ha finalizado la comisión de servicios por la que fue destinado a la sala penal del TSJC— desestima los últimos recursos presentados por la defensa de Borràs y los atribuye a una clara intención obstruccionista: "Solo puede considerarse un abuso de derecho y un fraude procesal" dirigido a apartar al juez predeterminado por la ley y a "dilatar la tramitación, con la finalidad de retrasar la decisión a adoptar sobre una eventual apertura de juicio oral".

Lo cierto es que aún se podría dar algún que otro recurso de forma de la defensa de Borràs y de hecho el juez instructor no tiene un límite para fijar la cobertura de juicio oral. Podría ser a finales de este mes de julio o perfectamente dejar el tema abierto hasta después de las vacaciones sin un horizonte prefijado.

La mesa y el pleno inoperativos

Pero incluso si se tomara la decisión judicial estos últimos días de julio, ello sería un paso más en el proceso judicial, pero no tendría por qué activar inmediatamente los polémicos mecanismos parlamentarios que podrían apartar a Borràs de la presidencia del Parlament. Según fuentes parlamentarias, una vez abierto el juicio oral como todo parece indicar que pasará, el tema deberá discutirse en la Mesa del Parlament y no se descarta que la suspensión acabe llevándose a votación en un pleno.

El Parlament tiene previsto el último pleno del actual período de sesiones para este miércoles y jueves. De entrada, no se prevé ninguno más hasta el 27 de septiembre cuando arranque el nuevo periodo de sesiones después de la Diada. Un pleno que se situaría de lleno en la conmemoración del quinto aniversario de las primeras detenciones y registros de la Generalitat por el referéndum del 1 de octubre. Además, estas mismas fuentes indican que el mes de agosto es inhábil y ello impediría que la Mesa se pueda reunir si no se activa un mecanismo extraordinario, que no está previsto.

Laura Borràs se ha atrincherado en la defensa no solo de la lógica presunción de inocencia —que según ella vulnera el polémico artículo del reglamento del Parlament—, sino en la negación que estemos delante de un presunto caso de corrupción. La presidenta del Parlament asegura que este es un nuevo caso de persecución política contra el independentismo. Una equiparación a los casos judiciales por el referéndum que ni ERC ni la CUP comparten y que solo cuenta con el apoyo de su partido, Junts per Catalunya.

Y lo más importante, Borràs advierte que no dimitirá en ningún caso como presidenta del Parlament con lo cual traslada a la mayoría independentista de la Mesa y del Pleno la decisión sobre su cargo si finalmente debe votarse la suspensión. Una votación que en pleno otoño políticamente inflamado, y con diversas movilizaciones previstas, puede tener consecuencias imprevisibles no solo en ahondar la división del conjunto del independentismo si no en una posible crisis interna del Govern que comparten Esquerra y Junts.

ERC y CUP esperan que se aparte antes del choque

Con todo, fuentes de Esquerra y de la CUP consultadas por Público no dan por hecho que este asunto se acabe votando. Las dos fuerzas políticas no cierran la puerta a que Laura Borràs acabe por dejar el cargo voluntariamente a medida que vaya creciendo la presión, a pesar de la numantina posición actual de la presidenta del Parlament. Y advierten que no harán pública su posición sobre el tema hasta que la votación no esté en ciernes. 

Tanto la CUP como ERC apelan a la preservación de la institución. Borràs no debe "perjudicar al movimiento ni al proyecto independentista ni a las instituciones del país". "No es sólo una dirigente política de un espacio político concreto, es la presidenta del Parlament de Catalunya y, en el momento de decidir cómo afronta su causa judicial, debería poner por delante los intereses de preservación de la institución", asegura la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta.

Por su parte, la CUP ha abandonado este martes su hasta ahora persistente ambigüedad sobre el caso y ha pedido a Borràs, que se acoja a la "suspensión temporal" si finalmente se le abre juicio oral por un caso de presunta corrupción. "Si no lo hace, estará forzando un nuevo escenario de descrédito", ha alertado el diputado de la CUP Xavier Pellicer. La CUP presiona de este modo para que la decisión sobre la suspensión de Borràs no llegue a manos de la Mesa del Parlament, donde los anticapitalistas están presentes y deberían decidir al respecto.

"Esto sería extremadamente lesivo para el movimiento independentista y para la cámara", ha advertido. En este sentido, cree que Borràs se debe apartar, eso sí puntualizando que no piden su dimisión, sino una suspensión temporal hasta que se resuelva la causa. Como en Esquerra, preguntado por la posición que adoptará la CUP si finalmente la decisión recae en la Mesa del Parlament, Pellicer no ha querido avanzar la decisión. "No queremos anticipar escenarios", ha dicho. Fuentes de Esquerra también apuntan que "no tendría sentido que nos pronunciemos cuando no está claro que es lo que acabará haciendo Borràs, veremos".

El debate no se centra sobre la culpabilidad o inocencia de Borràs, sino sobre una cuestión jurídica: ¿Las imputaciones son por un caso de corrupción o no? En caso contrario, cualquier otro tipo de delito queda fuera de los efectos del artículo 25.2 del reglamento del Parlament. En Esquerra son prudentes: "El caso no es equiparable al resto de juicios por el referéndum u otras acciones ligadas al proceso independentista, no tiene nada que ver. No definiremos las imputaciones, pero lo prudente es que Borràs de un paso al lado, se defienda en los tribunales de la mejor manera posible, y luego ya veremos. Eso es lo que nosotros haríamos, que es lo mejor para la institución y para el conjunto del independentismo", aseguran fuentes de la dirección de los republicanos.

Alta tensión en Junts y en los platós de TV3

Lo cierto es que la tensión en Junts y especialmente en el entorno de la propia Borràs crece por momentos por las consecuencias de llevar al extremo el enroque. A pesar del apoyo público a la presidenta del Parlament de la dirección de Junts, en privado algunas voces de dirigentes del partido ponen de relieve que "no tiene sentido poner en peligro la cohesión del Govern". De hecho, ningún conseller o consellera participó en el acto de apoyo que organizó hace unos días un autodenominado Grup de suport a Laura Borràs.

Una tensión que también se manifestó en el desagradable episodio vivido en TV3 cuando uno de los más estrechos colaboradores de Borràs, el diputado de Junts Francesc de Dalmases, zarandeó, encerró en un camerino y abroncó a una periodista del programa Faqs. Dalmases enfureció porque no le gustaron las preguntas que le realizaban a la presidenta del Parlament sobre las presuntas irregularidades en el ILC en una entrevista en directo. Una agresión reconocida por la dirección del programa y de la productora El Terrat que lo emite y que contó con diversos testigos. Este caso ha generado una fuerte polémica con numerosas condenas por parte de estamentos profesionales del periodismo y de diversos grupos parlamentarios.

La olla a presión del caso Borràs comienza a hervir a medida que se aproxima la obertura del juicio oral por las presuntas irregularidades en el ILC. Y el traslado de la cuestión de los tribunales al Parlament puede suponer un episodio de alta tensión política de consecuencias insospechadas. Habrá que ver hasta dónde está dispuesta a llegar Borràs en el embate al resto del independentismo y hasta dónde se la quiere jugar Junts per Catalunya por, ni más ni menos, la presidenta del partido. Presidenta, aunque con un poco menos de fuerza después de cerrar el segundo congreso de Junts, que ha ganado claramente el secretario general, Jordi Turull.