La juez togada militar territorial número 12 propone al Tribunal Militar Territorial Primero el archivo de la causa de tráfico de drogas a bordo del buque-escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano en 2014, que investigaba la introducción en la goleta de 127 kilos de cocaína que fueron hallados en uno de sus compartimentos en un registro realizado en el puerto de Cádiz.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se han practicado "cuantas diligencias se han estimado necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias" de los hechos investigados, resultando "indubitado" que 127 kilos de cocaína fueron encontrados en un habitáculo que se hallaba ubicado en un compartimento de cables dentro del pañol de contramaestre del buque.

Sin embargo, no existen indicios que sostengan la participación de los investigados en este procedimiento, ni de cualquier otro, en el embarque y transporte de dicha droga, por lo que se accede al sobreseimiento solicitado por una de las defensas ejercida por el letrado Fernando Pamos de la Hoz.

La juez ya propuso el sobreseimiento de este caso en junio de 2018 pero el Tribunal Militar no lo aceptó y obligó a realizar varias diligencias solicitadas por la Fiscalía, tras lo cual se siguen sin encontrar indicios suficientes para un procesamiento y se vuelve a proponer el archivo.

El caso se remonta a abril de 2014, cuando Elcano hizo una escala en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. En los cinco días que el barco estuvo allí atracado, varios marineros introdujeron presuntamente más de 150 kilos de cocaína que les entregó un grupo de narcotraficantes.

En la siguiente escala, en Nueva York, los militares entregaron supuestamente unos 26 kilos a otros traficantes, un caso que fue investigado por las autoridades estadounidenses y que desembocó en la detención de los seis marineros y el cocinero del buque. Se trata de un brigada, un cabo primero y tres marineros, dos de ellos ya procesados en la pieza principal por delitos de tráfico de estupefacientes en relación con el episodio en la ciudad estadounidense

Cajas de "café"

El caso por el alijo, sin embargo, llevaba meses parado a pesar de que se había practicado la prueba solicitada, entre ella la toma de declaración de los cinco marinos que prestaban servicio en la zona --pañol de contramaestre-- en la que apareció escondida la droga, en cajas en las que podía leerse "café". Todos ellos negaron su participación en el asunto y aseguraron desconocer quién podía haberla escondido ahí.

La juez ha comprobado que no consta en la documentación del buque que se produjera dicho embarque de café presuntamente utilizado como tapadera, si bien las testificales no aportaron suficiente concreción para establecer si dicha carga de cajas de cartón se produjo realmente, desde dónde y en qué circunstancias.

Del mismo modo, en el caso de que la droga efectivamente se hubiera embarcado de dicha forma, no existe tampoco ningún indicio de cómo llegaron al pañol de cables en el que fueron encontradas.

En cuanto al cocinero y su presencia durante el desembarque de las cajas, varios testigos le sitúan en puerto con su mujer en el momento en el que supuestamente se produjo el embarque de la droga, por lo que no se le puede vincular tampoco con los hechos.

Entiende la magistrada que se abre una "clara probabilidad" de que personal ajeno al pañol de contramaestre al que pertenecían los investigados hubiera podido llevar a cabo el almacenamiento, y más teniendo en cuenta que en el puerto de Cartagena de Indias se hacían reparaciones en el buque y se utilizaba de forma continua material del citado pañol.

A ello se suma que durante cuatro días de dicho atraque la mayoría del personal se ausentó del barco por la concesión de permisos, sin que la Guardia Militar controlara las entradas y salidas de la dotación ni los efectos que embarcaban.

"No cabe duda que el hallazgo de 127 kilos de cocaína en un buque militar de las características que además presenta el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano exigiría un resultado de la investigación policial y de la instrucción judicial que esclareciera lo acontecido y señalase al menos indiciariamente a los responsables de un delito de dicha magnitud y repercusión", admite la juez.

Añade no obstante que ello no puede llevar "a una búsqueda de la verdad que sobrepase los límites del Estado de Derecho, ni a un procesamiento de aquellos militares cuya vinculación que consta en actuaciones con la droga encontrada es estar destinados en el lugar específico del hallazgo sin que existan (*) indicios racionales que permitan construir un relato de los hechos coherente, posible y apoyado de forma sólida en las diligencias practicadas".