El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

El Gobierno había manifestado previamente su intención de escoger a dos candidatos al TC sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designase a los otros dos que completan las cuatro vacantes que debían nombrar.

En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.

Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, según ha adelantado El País, deberá despejar la incógnita del Pleno del TC. En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.

Una mayoría progresista

Frente a esta tesis, otras fuentes sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los cuatro magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (dos magistrados). La llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya -que debe cubrir el Senado- sigue vacante.

Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de siete a cuatro, a falta de los dos del CGPJ.

Campo y Díez

Campo salió del Ejecutivo tras la remodelación de Gobierno en la que Pedro Sánchez le sustituyó por Pilar Llop en el Ministerio de Justicia tras los nueve indultos concedidos por sedición y malversación a causa del procés y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, un asunto aún pendiente.

Una vez formalizado su cese como ministro de Justicia, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre del año pasado. Eso sí, durante estos meses se ha apartado de las causas políticas por su anterior cargo político.

Díez Bueso ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.