La familia de Arturo Ruiz García, asesinado en 1977 durante una manifestación en Madrid, ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior la desclasificación de toda la documentación reservada sobre el crimen. La petición se ampara en la Ley de Memoria Democrática, que garantiza a las víctimas el acceso a archivos de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición hasta 1978.

Miguel Ángel Ruiz García, hermano de la víctima, presentó la solicitud acompañado por el Colectivo Olvidados de la Transición (COT) y abogados vinculados a Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE). El objetivo es obtener información sobre el comando ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, señalado como responsable del asesinato, y su posible conexión con las fuerzas de seguridad de la época.

El autor del crimen, exiliado en Argentina

La familia busca esclarecer el papel del Estado en la fuga de José Ignacio Fernández Guaza, señalado como autor del disparo que mató a Arturo Ruiz. Fernández Guaza escapó a Argentina tras el crimen, lo que, según la familia, evidencia una posible colaboración de las autoridades de la época para garantizar su impunidad.

En enero de 2000, la Audiencia Nacional decretó el sobreseimiento libre de la causa respecto de Fernández Guaza por prescripción. La familia de Ruiz pide que el asesinato sea declarado imprescriptible, al considerarlo un crimen de lesa humanidad, y que se investigue al prófugo y al resto de pistoleros que acudieron a la manifestación armados para atemorizar a los manifestantes; también pide que se aclaren sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

En el documento registrado este jueves, los familiares subrayan que el asesinato de Ruiz forma parte de una ola de crímenes políticos cometidos por grupos de extrema derecha durante los años de transición democrática en España. Muchos de estos casos quedaron sin resolver debido a la fuga de los responsables, la falta de autor identificado o la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.

El escrito lamenta que, pese a las reiteradas demandas de justicia, los procesos judiciales relacionados con estos crímenes han sido archivados bajo la figura de la prescripción. Este es también el caso de Arturo Ruiz, cuyo asesinato sigue sin esclarecerse oficialmente.

La familia recuerda que Fernández Guaza ha realizado declaraciones públicas desde Argentina admitiendo su pertenencia al comando ultraderechista y su relación con las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, denuncian que estas revelaciones no han sido suficientes para reabrir la investigación.

Verdad y reparación

La Ley de Memoria Democrática, según recalca la familia, otorga el derecho de acceso a documentos clasificados cuando existe la posibilidad de conexión entre los hechos investigados y estructuras policiales o parapoliciales de la dictadura. Esto refuerza la responsabilidad del Estado en proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

El Ministerio del Interior es instado a entregar cualquier informe policial o expediente relacionado con el caso de Arturo Ruiz y otros crímenes vinculados al grupo Guerrilleros de Cristo Rey. Los familiares consideran que la transparencia es clave para comprender la magnitud de la violencia ultraderechista en el contexto de la transición.

El asesinato de Arturo Ruiz, ocurrido en plena transición democrática, simboliza una época marcada por la represión y la resistencia. La petición, además de buscar esclarecer la verdad, tiene como propósito que estos hechos sean reconocidos públicamente y que se visibilice el impacto de la violencia política en las familias de las víctimas.