El Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos ha legislado casi a ritmo de mayoría absoluta. Pese a no tener los números suficientes, ha sido capaz de alcanzar pactos parlamentarios fuertes y estables.

Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han sacado pecho de los logros conseguidos en una legislatura muy difícil marcada por las circunstancias adversas, desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania. 

Pero más allá de medidas relevantes como la reforma laboral, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma de las pensiones, la ley de vivienda o los decretos anticrisis, hay algunos asuntos que se han quedado pendientes.

Todavía no está claro que se vaya a revalidar el Gobierno progresista, aunque tanto PSOE como Sumar lo dan por hecho. En el caso de que se cumpla el objetivo, hay algunos asuntos que se han quedado colgados de la tramitación parlamentaria definitiva o directamente guardados en un cajón. 

En el PSOE consideran que para apuntalar las reformas de calado llevadas a cabo esta legislatura, y para revertir los recortes del PP, se necesitan cuatro años más. En total, prácticamente una década de políticas progresistas desde que Sánchez entrara al Gobierno. 

Uno de los últimos asuntos que desbloqueó el Ministerio de Trabajo tras una productiva legislatura fue el Estatuto del Becario, pactado por el Gobierno con los sindicatos mayoritarios. La nueva regulación acaba con el fraude de los denominados falsos becarios (estudiantes en prácticas utilizados de manera habitual por las empresas para cubrir la producción como trabajadores normales, pero sin salario) y establece una serie de obligaciones para garantizar una formación con garantías.

El fraude de los falsos becarios

Díaz tenía a finales del pasado año el apoyo de CCOO y de UGT para sacar adelante esta regulación, pero quiso ampliar el periodo de negociación para que la patronal se sumara al acuerdo. Después de una serie de reformas (que rebajaron el marco regulador del estatuto y dio mayor flexibilidad a los empresarios, lo que provocó tensión con las organizaciones sindicales), finalmente el texto tuvo el visto bueno de todas las partes.

Sin embargo, nunca llegó al Consejo de Ministros. Durante la campaña electoral del 23J Díaz apuntó al PSOE como responsable de este bloqueo, y en Trabajo señalan directamente a Nadia Calviño, vicepresidenta económica, como la principal traba a que viera la luz. La líder de Sumar ya ha avanzado que será una de las primeras medidas que tiene que aprobar un eventual Gobierno progresista en la próxima legislatura.

Otro de los debes más importantes de PSOE y Unidas Podemos es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Fue uno de los compromisos adquiridos dentro del pacto de Gobierno firmado entre ambas fuerzas políticas, que querían derogarla. 

Las negociaciones fueron largas. PSOE y UP pactaron a finales de 2021 una reforma que para los potenciales socios de Gobierno, como ERC o EH Bildu, se quedaba corta. Pese a intentarlo hasta el último momento, la negativa de estas dos fuerzas dio al traste con cualquier modificación en marzo de este mismo año.

La polémica ley aprobada por Mariano Rajoy sigue en vigor en estos momentos. Sin embargo, el PSOE parece no haberle dado prioridad alguna, al menos en su programa electoral de las elecciones generales del 23J. En todo caso, en una entrevista de campaña con TVE, prometió "derogar los aspectos más lesivos" de la ley. 

La 'ley mordaza', un borrón en el expediente de la legislatura

Sumar, en cambio, sí que lleva en su programa electoral la reforma o derogación de "aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la Ley Mordaza y el Código Penal) en un momento en el que las movilizaciones sociales son importantes para, por ejemplo, concienciarnos de la emergencia climática". 

Los de Díaz incluyen la "regulación completa del uso de la fuerza policial" que contiene expresamente prohibición del uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios lesivos, así como recuperar la posibilidad de que los ciudadanos puedan grabar intervenciones policiales sin ser sancionados y el establecimiento de "mecanismos para el control del uso de la fuerza en todos los espacios de privación de libertad".

Otro asunto que se ha quedado pendiente ha sido la realización de una reforma fiscal en profundidad. El Gobierno ha dado algunos pasos significativos y simbólicos, especialmente con la creación de algunos nuevos tributos, a las grandes fortunas, banca y empresas energéticas. Pero desde UP se ha reclamado más ambición. 

El programa del PSOE menciona, sin concretar demasiado, esta posibilidad. "Desarrollar una reforma fiscal orientada a las familias coordinada con la política de gasto social. Para ello mejoraremos los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto", señala el documento electoral. 

Para Sumar la reforma fiscal es uno de los ejes más importantes de su programa y ya han avanzado que lo consideran una prioridad a la hora de negociar un acuerdo de Gobierno con los de Pedro Sánchez. Entre otras medidas, los de Díaz quieren hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, alcanzando el 4% en el caso de las fortunas más elevadas, y fijar un mínimo no bonificable por las comunidades autónomas del impuesto de sucesiones y donaciones.

El programa fiscal de Sumar también contiene varias tasas verdes y una reforma del IRPF para hacerlo más progresivo. Otras reformas que se quedaron sin ver la luz en la anterior legislatura son la ley de secretos oficiales, la ley de familias, la ley de usos y tiempo o un plan que aborde el cuidado de la salud mental. Si el Gobierno salido del 23J acaba siendo el de Sánchez y Díaz, tendrá deberes prácticamente desde el minuto uno.