Ecologistas en Acción ha presentado unas contundentes alegaciones al anteproyecto de Ley del Suelo que ha aprobado el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, en las que cuestiona de cabo a rabo el modelo de fondo que recorre la norma, que aún no ha concluido su tramitación. "Esta Ley está en sintonía con la Ley del Suelo, de nefasto recuerdo, aprobada en 1998", la que promovió el expresidente José María Aznar (PP), afirman en su escrito.

"Esa Ley del Suelo permitía poder edificar en todo lo que no estuviera especialmente protegido. Algo parecido se pretende con esta nueva ley andaluza, además de rebajar las garantías ambientales con una pretendida simplificación de los procedimientos. Esta ley con su farragosa redacción y difícil comprensión permite la picaresca y las interpretaciones arbitrarias e interesadas", profundiza la asociación ecologista.

En lo concreto, Ecologistas reclama –en un trabajado documento de 23 páginas– a la Junta de Andalucía que se modifiquen o eliminen disposiciones que afectan a 27 artículos de los 178 que tiene la norma, el 15% de la parte dispositiva de la ley. Además, critica con dureza la divergencia que detectan entre la exposición de motivos de la ley, donde se explica la filosofía que subyace a la norma y el articulado, lo que verdaderamente tiene una aplicación efectiva: "En la exposición de motivos de la Ley, se establecen una serie de objetivos razonables, sin embargo, en la normativa se fomenta todo lo contrario".

El Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) ha bautizado la ley como Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (Lista), lo cual no deja de parecerles una ironía a los conservacionistas: "Debería denominarse Ley de Fomento del Sector de la Construcción de Andalucía". "La aplicación de esta ley no nos llevaría precisamente a una situación de sostenibilidad, sino más bien tiende a lo contrario, a posibilitar actuaciones insostenibles e irreversibles que generarán pérdida de recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad...), y de calidad de vida para los ciudadanos", argumenta la asociación ecologista.

"Facilitar la promoción y la aprobación indiscriminada de proyectos –sostiene Ecologistas en Acción– ya ha demostrado que no supone una mejora en la economía productiva, la que crea riqueza y empleo estable, muy al contrario, favorece la especulación y las burbujas financieras que ya hemos sufrido varias veces en nuestro país, y que nos llevó a la ruina, así como la corrupción que sufrimos con carácter endémico ligada a la facilidad de revalorizar suelos de forma ficticia mediante recalificaciones y proyectos urbanísticos que, ahora, se pretenden agilizar".

Para Ecologistas, en resumen, "se da vía libre a promotores, constructores y especuladores para que puedan edificar cualquier cosa y en cualquier lugar. Nuestras administraciones deben legislar y planificar en función del interés general y el bien común, no de intereses particulares que solo buscan incrementar su beneficio económico".

La asociación propone cambiar la orientación de la norma y darle la vuelta como un calcetín: "Lo más adecuado sería restringir a lo estricta y razonablemente necesario la nueva ocupación de suelo para su urbanización". Los ecologistas argumentan "la actividad urbanística destruye el suelo de manera irreversible, al sepultar bajo el cemento y el asfalto suelos de clara vocación agrícola" y recuerdan que en la Comunidad, en demasiadas ocasiones, "los mejores suelos agrícolas de Andalucía, las vegas y las llanuras litorales, han sucumbido bajo la actividad edificatoria".

Además, alegan que una política urbanística más enfocada a la rehabilitación y reutilización de lo ya construido en lugar de promover nuevos desarrollos sería "más correcta y razonable": "De esa forma sí que se estaría contribuyendo a la sostenibilidad, a combatir el cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y de nuestro patrimonio histórico y, de paso, a consolidar el modelo compacto de ciudad mediterránea, mucho más funcional y con menores costes de dotación de servicios y de gestión".

Ecologistas aporta las siguientes cifras: "En 2018, había en Andalucía 69.354 viviendas nuevas sin vender, por lo que resulta que no hay un problema de falta de viviendas, sino de acceso a las mismas, problema que se incrementará en un futuro cercano con la actual crisis económica y el incremento del paro".

La asociación agrega en el texto registrado en la Consejería de Fomento: "Hay que aprender de lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria y no seguir con planteamientos irreales que solo favorecen los movimientos especulativos y que solamente generan beneficios a los especuladores, y terminan por colapsar el sistema socioeconómico".

Y remachan: "Si se trata de mantener y crear puestos de trabajo en el sector de la construcción, la rehabilitación de viviendas, la mejora energética de las mismas, etc... pueden ser una enorme fuente de puestos de trabajo con actuaciones a pequeña escala".

El medio rural

A los ecologistas les preocupa especialmente el tratamiento que se le da al medio rural, al que describen como "frágil", vinculado al "mantenimiento de las actividades tradicionales". "El medio rural no puede ser el lugar en el que se pueda instalar cualquier cosa", consideran.

La ONG conservacionista escribe: "En terrenos agrícolas, especialmente en las vegas, magnificas tierras de cultivo han desaparecido bajo los edificios e infraestructuras. Con la nueva ley, este proceso no solo se mantiene, sino que se potencia". Luego, explica: "Hasta ahora, para poder construir en el campo era necesario que las instalaciones y viviendas estuviesen vinculadas a las actividades primarias que se realizasen en la explotación; eliminando esta limitación, se permite que cualquiera pueda edificar en su finca, lo que puede contribuir a urbanizar el campo de forma insostenible".

Abunda Ecologistas: "No se pueden eliminar los controles ambientales, al contrario, habría que reforzarlos. Hay alternativas a convertir el campo en un sumidero de todo lo que no se quiere instalar en las ciudades: se puede proteger el suelo rústico y fomentar las energías renovables en las enormes superficies sin uso existentes en las zonas urbanizadas: cubiertas de naves industriales, de equipamientos públicos, de aparcamientos, etc... En el caso de actividades contaminantes, se debería de ser aún más estricto".

En resumen, a los ecologistas, el anteproyecto de ley, una vez analizado, les "da la impresión de que los legisladores ven en la protección de la naturaleza un obstáculo para el desarrollo económico, proponiendo levantar los controles ambientales y las limitaciones existentes que garantizan el mantenimiento de la biodiversidad".

"Esta mentalidad, que parecía superada, se mantiene aún en algunos sectores de nuestra sociedad, que no dudan en anteponer los intereses de unos pocos, sobre el interés común de disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo personal y respetuoso con el resto de los seres vivos, tal y como dicta la Constitución", remacha la organización ecologista.