La asociación Verdemar-Ecologistas en Acción y la plataforma Salvemos Valdevaqueros han elevado sendos escritos al Defensor del Pueblo Estatal y Andaluz y también a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en los que reclaman "auxilio" frente al decreto de la Junta de Andalucía de medidas "extraordinarias y urgentes" debido a la covid en el que el presidente Juanma Moreno (PP) ha colado una reforma urbanística de calado que permite edificar lo que no esté prohibido expresamente.

En opinión de los ecologistas, el cambio –llevado a cabo de un plumazo y sin debate político previo– "tira por tierra todos los esfuerzos hechos en la protección de la naturaleza", "cercena buena parte del control de la administración autonómica" y "pone en serio riesgo el suelo rural y los espacios protegidos de Andalucía, sin que la ciudadanía tenga siquiera la oportunidad de informarse y opinar al respecto".

La reforma lo que hace es liquidar la previsión que recogía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía del año 2002 de que para poder edificar en suelo rural no urbanizable y en suelos de especial protección, los planes urbanísticos debían recoger expresamente los usos y actos posibles y se sustituye por el método opuesto.

Así, desde el 9 de junio pasado en que se aprobó el decreto-ley, solo están prohibidos en Andalucía en suelo no urbanizable los usos y actos que el planeamiento considere de manera expresa como tales. Y para el suelo no urbanizable de especial protección, aquellos que sean incompatibles con el nivel de conservación del lugar en cuestión. El decreto aun debe ser convalidado en el Parlamento de Andalucía, donde PP, Ciudadanos y Vox tienen mayoría absoluta.

Las asociaciones ecologistas, en los escritos, que están firmados por Antonio Muñoz, presidente de Verdemar, consideran que "la normativa y el espíritu de protección de la naturaleza debe ir en el sentido contrario: blindar los espacios que deban estar preservados del desarrollo humano, con mayor razón cuando se les ha denominado especialmente protegidos, como está ocurriendo en otras legislaciones autonómicas (véase, la de Baleares)".

Agregan las asociaciones: "Cuando hasta ahora la normativa era muy restrictiva para las actuaciones en suelos de especial protección considerando que la actividad humana debía estar restringida a lo estrictamente permitido, ahora estará abierto a lo no prohibido".

Y alertan: "Actualmente, no todas las normas reguladoras de nuestros parques naturales y zonas protegidas están preparadas para este cambio, pues lo no prohibido puede ser tan extenso y dar lugar a actuaciones tan variopintas como permita la imaginación humana, y pretender delimitar todas las que puedan ser perjudiciales para la naturaleza se antoja una tarea imposible (más en la sociedad en que vivimos, que avanza a ritmo vertiginoso)".

Formas "censurables"

Las formas utilizadas para lanzar esta regulación, que supone un cambio de paradigma, les parece a los ecologistas "censurable" por tres razones. Por un lado, "la disposición [adicional] de un decreto-ley no es el medio adecuado para un cambio de tanta relevancia, ya que cercena las posibilidades de participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de normas".

Por otro lado, "no es comprensible este cambio cuando se está tramitando una nueva Ley de urbanismo". En efecto, el Gobierno andaluz ya ha aprobado el anteproyecto de Ley del Suelo, que prevé, cuando se apruebe, eliminar el régimen de suelo no urbanizable y sustituirlo por un régimen de suelo urbano y suelo rústico, en el que la planificación del urbanismo puede ser gestionada por actores privados.

Y por último, opinan las asociaciones ecologistas, el Gobierno andaluz "se aprovecha de un decreto-ley extraordinario y urgente y centrado en otra realidad, por lo que consideramos que esta forma de modificación vulnera la seguridad jurídica de la ciudadanía, al faltar la suficiente publicidad".

Esta modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía está recogida en el decreto-ley 15/2020, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 9 de junio pasado que está, como su propio título recoge, destinado a establecer medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural. No al urbanístico. El decreto esta firmado por el propio presidente de la Junta y por su consejero de la presidencia, Elías Bendodo.

Críticas políticas

Adelante Andalucía tachó esta modificación de la ley de "suicidio" porque pone la riqueza medioambiental "en manos de especuladores urbanísticos".
Ángela Aguilera, portavoz de la coalición de izquierdas y andalucista, manifestó en un audio enviado a los medios que el asunto era una "campanada" del "Gobierno de las derechas". A su juicio, la manera de aprobar la reforma, en un decreto de la covid, supone "un atentado contra la democracia participativa" del Parlamento.

Para Aguilera, los grupos de la oposición se tienen "tragar una modificación sustancial de las condiciones urbanísticas "sin haber tenido si quiera capacidad de participar" y porque "se hace de una forma anómala, de una forma tramposa".

En su opinión, esto es "consecuencia de la prisa" que tiene la Junta por poner parques naturales, el litoral y los recursos naturales en general al servicio de "los grandes constructores, las grandes cadenas turísticas".

"El PP pretende sacarnos de la crisis en una carrera suicida, quitando controles de la administración, quitando controles medioambientales y haciendo posible que estas constructoras hagan su agosto en zonas de especial protección que son muy valiosas", agregó Aguilera.

La portavoz de Adelante remachó que se trataba de un ejemplo más de la "falta de modelo" del Gobierno andaluz para sacar a la sociedad del desempleo, de la dependencia y para ir a una transición ecológica y poner en valor el medio ambiente, "atendiendo a necesidades de sentido común".

Teresa Ribera (PSOE), vicepresidenta del Gobierno de España, manifestó en su cuenta de Twitter que el Ejecutivo estaba "analizando" el asunto. "Si es verdad es una barbaridad. Mientras se plantea proteger suelos agrarios, tal como se hace con aquéllos de alto valor ambiental, Moreno incluye en un decreto covid una reforma urbanística que permite edificar lo que no esté prohibido expresamente", escribió Ribera.

Las razones de Moreno

El Gobierno andaluz justificó la modificación legal en que la ley urbanística hoy vigente, que data del año 2007 y los planes de desarrollo a ella vinculados, supone "una planificación obsoleta que no se ajusta a las necesidades que demanda la realidad social y económica" y que ello "requiere una urgente solución".

En la exposición de motivos del decreto-ley, Moreno y Bendodo afirman que "mantener que los planes deben recoger expresamente los usos y actos del suelo en el suelo no urbanizable […] resulta una incoherencia y una visión alejada del interés general que debe presidir la ordenación del territorio y el urbanismo como funciones públicas".

Así, según el decreto-ley firmado por el presidente de la Junta, "la única solución inmediata aboca en prohibir sólo los usos y actos que así lo estén expresamente en el planeamiento y para el caso del suelo no urbanizable de especial protección, que sean incompatibles con el régimen de protección".

Esta, remacha Moreno en el texto normativo, es una "solución derivada de los principios de legalidad y seguridad jurídica": "La propuesta contribuye al desarrollo rural en el contexto de la crisis económica sobrevenida al brote de coronavirus sin comprometer los valores del suelo que se encuentran protegidos, al permitir la implantación de nuevas actividades productivas con capacidad para diversificar la economía y generar empleo en el medio rural".