Vox le ha convalidado al Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, un decreto-ley destinado, sobre el papel, a aprobar medidas contra la covid y la crisis que ha causado la emergencia sanitaria en los sectores educativo y turístico, pero que en su articulado colaba una reforma de calado de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: si antes de este decreto, solo se podía construir en suelos no urbanizables lo permitido, ahora se puede edificar todo aquello que no esté expresamente prohibido.

Los votos de los diputados ultras junto a los de PP y Ciudadanos han dado carta de naturaleza a esta modificación que el presidente Juanma Moreno decidió colar por la puerta de atrás, lo que ha provocado gran inquietud en las asociaciones y organizaciones ecologistas. PSOE y Adelante Andalucía votaron en contra de este decreto-ley.

"Hay que mejorar los títulos de los decretos, hemos tocado la ley del suelo, bien tocada, pero en el titulito no viene y luego desde el otro lado de la bancada le dicen que lo quiere meter con calzador", ironizó, con cierta sorna, al respecto durante su intervención el diputado de Vox Rodrigo Alonso.

Vox anunció hace unos días un "tiempo nuevo" en su relación con el Ejecutivo de Moreno y había criticado la fórmula del decreto-ley utilizada hasta ahora por el Ejecutivo para aprobar todo tipo de asuntos, más allá de la emergencia sanitaria, pero de momento, el partido de ultraderecha se ha quedado en eso: una mera declaración sin efectos aparentes.

Tanto el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), como los diputados de Ciudadanos y PP que defendieron el decreto-ley en la tribuna parlamentaria apenas hicieron mención al asunto urbanístico, más allá de alguna frase, más tópica que otra cosa, al respecto: "Nuestro modelo es el de la creación de empleo y riqueza".

El diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se lo reprochó: "Yo los hacía mas valientes, si querían aumentar la especulación urbanística, díganlo a las claras, pero no, lo meten en un decreto-ley d educación y turismo. Si querían privatizar la FP, plantéenlo, pero no, lo meten en la disposición final cuarta de un decreto-ley. Ustedes vinieron a lo que están haciendo".

"Este decreto-ley es un buen ejemplo de la gestión de PP y Cs en este año y medio. Un buen ejemplo del modelo productivo de Andalucía, que han montado entre PP y PSOE. ¿Querían tenernos en una comisión y luego por detrás meternos turismo sin derechos, construcción sin límites y privatizaciones educativas?", agregó García.

"Un pequeñito detalle que han metido en un decreto que ni siquiera iba sobre eso. Este decreto viene a modificar la ley del suelo con un objetivo: la especulación urbanística, volver a la cultura del pelotazo. Ese es su modelo. Le anticipo que vamos a poner todo para que no lleven a cabo ese macroproyecto en el Cabo de Gata", remachó el diputado de Adelante Andalucía.

El portavoz del PSOE en este debate, el diputado y exvicepresidente del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios, también arremetió contra la decisión del Gobierno de colar en un decreto-ley reformas como la de la ley urbanística y otras de menor entidad que "no tienen razón de ser como ley".

"Deberían cambiar el talante. Los veo soberbios. Se dedican al uso y abuso del decreto. Esto es una chapuza. Nadie puede seguir las modificaciones de las modificaciones en los decretos. Esto no es una utilización normal de este Parlamento ¿Por qué se empeñan? Tendrían que traer informes jurídicos pertinentes y los informes de la Intervención general de la Junta. ¿Dónde está la intervención de la Junta?", se preguntó Jiménez Barrios.

Sobre la modificación urbanística, Jiménez Barrios manifestó: "Aznar ese día estaba sentado en el consejo de Gobierno de San Telmo. Aznar no podía soñar que en una ley sobre el covid iban a decir que se puede hacer todo aquello que no deniegue el planeamiento: barra libre".

Planificación obsoleta

Aunque los portavoces del Gobierno y de los partidos que lo apoyan pasaron de puntillas por la reforma urbanística, por la que asociaciones ecologistas han llegado a pedir "auxilio" al Defensor del Pueblo e, incluso, a la Fiscalía, el presidente Moreno y su mano derecha, Elías Bendodo, el consejero de la presidencia, sí hablaron claro en la exposición de motivos del decreto-ley, que ellos mismos firman.

Así el Ejecutivo andaluz justifica la modificación legal en que la ley urbanística hoy vigente, que data del año 2007 y los planes de desarrollo a ella vinculados, supone "una planificación obsoleta que no se ajusta a las necesidades que demanda la realidad social y económica" y que ello "requiere una urgente solución".

En la exposición de motivos del decreto-ley, Moreno y Bendodo afirman que "mantener que los planes deben recoger expresamente los usos y actos del suelo en el suelo no urbanizable […] resulta una incoherencia y una visión alejada del interés general que debe presidir la ordenación del territorio y el urbanismo como funciones públicas".

Así, según el decreto-ley firmado por el presidente de la Junta, "la única solución inmediata aboca en prohibir sólo los usos y actos que así lo estén expresamente en el planeamiento y para el caso del suelo no urbanizable de especial protección, que sean incompatibles con el régimen de protección".

Esta, remacha Moreno en el texto normativo, es una "solución derivada de los principios de legalidad y seguridad jurídica": "La propuesta contribuye al desarrollo rural en el contexto de la crisis económica sobrevenida al brote de coronavirus sin comprometer los valores del suelo que se encuentran protegidos, al permitir la implantación de nuevas actividades productivas con capacidad para diversificar la economía y generar empleo en el medio rural".