El PP y su tesorera, Carmen Navarro, han solicitado a la juez instructora del borrado de los ordenadores del extesorero 'popular' Luis Bárcenas, Rosa María Freire, que tenga en cuenta la denominada doctrina Botín para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de daños informáticos y encubrimiento por el borrado del contenido de dichos discos duros.

El PP recuerda en un escrito, la sentencia del Tribunal Supremo que en su día benefició al banquero fallecido que da nombre a la mencionada doctrina y subraya que si ni la Fiscalía, ni la acusación particular, en este caso Bárcenas, ejercen acciones contra el acusado, las responsabilidades deben archivarse. Se da la circunstancia de que el extesorero se retiró del procedimiento en septiembre del año pasado y que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.

En este sentido, la defensa de Navarro y de la formación política destaca que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "resulta evidente" que, si el "supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal", y que la Fiscalía de Madrid tampoco lo demuestra, "no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones populares".

Este escrito llega justo después de que el pasado día 15 de noviembre la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmarse el procesamiento del PP, la tesorera, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid. Es la primera vez que una formación política se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica.

Los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento, dando la razón a la juez instructora que el 26 de julio de 2016 dictó un auto en el que concluyó la instrucción y afirmó que los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

Ahora el PP y la tesorera pretenden que no se llegué a dictar apertura de juicio oral y tengan que sentarse en el banquillo de los acusados. Es más, en el escrito presentado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid recalca que por los motivos antes expresados "no es posible continuar la investigación" por los delitos de daños informáticos y que, por tanto, es imposible poder seguir investigando el delito de encubrimiento por la "estrecha relación que existe entre ambos".

Asimismo, recuerda que el PP, como persona jurídica, sólo puede ser investigado por la presunta comisión de un delito de daños informáticos, para el que también pide el archivo de responsabilidades.