El Pleno del Congreso ha ratificado este jueves el dictamen de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, que considera probado "al menos indiciariamente" que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy conocía la trama policial organizada en torno a la documentación que poseía su extesorero Luis Bárcenas ordenada por el PP.

La mayoría del Congreso ha rechazado los once votos particulares (siete de Ciudadanos, uno del PNV, uno de Unidas Podemos, ERC, Plural, Bildu y Mixto, uno del PP y otro de Vox) aunque ha dado su visto bueno a una enmienda transaccional del PNV y del PSOE con la que se matizan cuatro de las once conclusiones del dictamen que salió de la comisión.

Si bien estas consideraciones no afectan en lo sustancial, el dictamen ha sido ratificado por la mayoría del pleno: 195 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Grupo Plural, EH Bildu, ERC, Junts y CUP); 91 en contra (PP y Foro de Asturias) y 63 abstenciones (Vox y Ciudadanos).

La operacion kitchen no pudo ejecutarse sin orden política

Las conclusiones avaladas por el Congreso defienden que los trabajos realizados durante un año por la comisión permiten "dar por probado, al menos indiciariamente" que la trama policial para neutralizar la documentación en poder de Bárcenas existió.

Una operación "de calado", añade el dictamen, que se ejecutó con "un fuerte dispositivo policial desviado de sus fines legales, con uso abundante de medios humanos (utilizando un servicio de vigilancias de la UCAO, dotado con hasta setenta policías) y materiales", con disposición de fondos reservados, y que no pudo emprenderse sin que lo ordenaran responsables políticos del Ministerio del Interior o al menos sin que estos lo supieran.

Tras una treintena de comparecencias, el dictamen ratificado el 22 de diciembre determinó que la cúpula del PP "ordenó" que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento en el marco de un plan para neutralizar pruebas que obraran en poder del extesorero del partido conservador que pudieran inculpar al partido en casos de corrupción. Un plan que analizó Público a partir de toda información relacionada incautada al comisario Jose Manuel Villarejo.

La operación, sostiene el dictamen, se dirigió desde tres sedes: la del PP, "con el conocimiento" de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, "que informaba" a Rajoy"; la del Ministerio del Interior, "con el ministro Jorge Fernández Díaz, que le encargó" a su segundo, el secretario de Estado Francisco Martínez, su puesta en marcha; y, por último, con el "epicentro" de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, dirigida por Eugenio Pino.

Para la llamada Operación Kitchen, puesta en marcha a mediados de 2013 (después de la apertura en el juzgado central 5 de la Audiencia Nacional de la pieza separada del caso Gurtel UDEF-BLA 22510, conocida como la pieza de los Papeles de Barcenas), "se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales de manera irregular", añade el dictamen en sus once conclusiones en las que los grupos denuncian el "descontrol" en el uso de estos fondos. 

También el Congreso respalda que los hechos que ha probado la comisión en torno a la operación Kitchen reafirman los trabajos de la anterior comisión parlamentaria de 2017, que concluyó que bajo mandato de Fernández Díaz se creó en la Policía una "estructura" (la bautizada como policía patriótica o política) para obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción del PP así como para investigar a adversarios políticos.

La cloaca policial que algunos apuntan sigue existiendo

Pese al respaldo al dictamen, la mayoría de los grupos han mostrado sus críticas, divergentes entre unos y otros. Todos excepto el PP, han lamentado la gravedad de los hechos investigados.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha apelado a los partidos a suscribir un pacto contra la corrupción y ha instado al PP a "devolver" a la sociedad el dinero robado.

También de "graves" ha tildado la Operación Kitchen el portavoz del PNV, Mikel Legarda, si bien ha aclarado que no se pueden tomar "como definitivas" unas conclusiones y unas responsabilidades penales que aún no están dilucidadas judicialmente. "Se ha incumplido la ley de forma flagrante", "no es creíble que Interior o el director de la Policía fueran ajenos", ha dejado claro Legarda.

El diputado de EH BIldu Jon Iñarritu ha reprochado al Gobierno que desde el Ministerio se haya proporcionado "tarde y mal" la documentación requerida. Y ha preguntado: "Qué hacemos ahora para desmontar la cloaca y la red de cañerías que lleva décadas funcionando", en alusión al funcionamiento irregular del sistema y a una estructura policial que no corrige que se produzcan estos hechos.
También una interrogante ha lanzado la diputada de ERC Pilar Vallugera sobre cuántos "villarejos" hay en la Policía.

No ha sido menos crítico el diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés, quien ha comparado al PP con Macbeth, la tragedia de Shakespeare, por su "ansia de poder absoluto" y su "vinculación con la traición y la venganza". Cortés ha aprovechado su intervención para lanzar dos preguntas al líder de los populares, Pablo Casado: "¿Se va o se queda de la sede financiada con dinero negro?" "¿Ha concluido ya su investigación interna?", y para manifestar una advertencia: "Ya veremos si tras las elecciones de Castilla y León no estalla una nueva trama de espionaje".

Un juicio sumarísimo para el PP, voladura controlada para Vox

Desde Vox, Macarena Olona ha recordado cómo PSOE y Unidas Podemos rechazaron las propuestas de su grupo para crear comisiones de investigación relativas a la adquisición "a dedo" de material sanitario durante la covid-19 o sobre los fallecimientos en residencias. A cambio, ha dicho, acordaron la comisión Kitchen que a fin de cuentas ha sido, a su juicio, una "voladura controlada", porque se ha impedido que comparecieran personalidades como la exvicepresidenta del PP Soraya Sáenz de Santamaría o la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, además de haber evitado que se dilucidara la presunta participación del CNI en los hechos.

Ha sido el diputado Luis Santamaría quien ha intervenido por el PP para reprochar a los promotores de la comisión haberla convertido en un "juicio sumarísimo" a su partido, a modo de los antiguos "tribunales soviéticos" con el solo objetivo de "menoscabar" al Partido Popular, pero "no han tenido éxito", ha apostillado.

Santamaría ha insistido en que el PSOE impidió que acudiera Villarejo a la comisión por "miedo" a que desvelara cosas del partido y ha acusado a los socialistas y a Podemos de no dejar que "la verdad y el rigor se impongan".

"Usan las conclusiones (de la comisión) a modo de condena cuando aún no ha habido resolución judicial", ha censurado antes de afirmar que la comisión "no ha servido para desprestigiar a la Policía Nacional".

PSOE: la corrupción normalizada del PP

Felipe Sicilia, del PSOE, ha cerrado las intervenciones con una aseveración: "En el PP la corrupción era algo endémico y estaba tan extendida que la normalizaron. Esa es la conclusión de la Kitchen".

Tras subrayar que Casado se sienta ahora el mismo despacho donde Rajoy "cobraba subresueldos de la caja B del PP", el diputado socialista ha dicho que con la comisión ha quedado claro que cuando los populares llegan a las instituciones "se aprovechan de ellas". "Pedirles que dejen la corrupción es una tontería, porque la llevan en el ADN", ha sentenciado.