Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y la CUP han registrado un informe conjunto en el que señalan como responsables políticos, "últimos y conocedores" de la operación Kitchen al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

También, el PSOE ha presentado su propio informe sobre la comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen poniendo el foco en los tres escenarios donde se produjeron las ilegalidades investigadas en esta causa: la Secretaría de Estado de Seguridad, la sede del Partido Popular, en la calle Génova, y la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional (DAO), que dirigía Eugenio Pino.

El próximo miércoles la comisión votará un dictamen conjunto, una vez que los grupos parlamentarios han registrados sus propios informes. El del PSOE y el de los grupos arriba señalados no difieren en lo esencial de las conclusiones. Pero el de estos últimos hace una advertencia sobre la información documental solicitada para preparar las comparecencias que no ha gustado a los socialistas:

"Debe señalarse de manera clara que la requerida al Gobierno ha sido atendida de forma impuntual e incompleta. La documentación ha sido remitida de modo que no ha estado plenamente disponible de manera esencial para las comparecencias del exministro del Interior [Jorge Fernández Díaz] y del ex director general de la Policía [Ignacio Cosidó]". Desde el PSOE niegan este extremo.

El de Unidas Podemos y los grupos independentistas recoge una descripción somera del funcionamiento de la trama Kitchen, con tres estructuras paralelas que interactuaban entre sí: una política, una policial y otra parapolicial. El objetivo: sustraer a Luis Bárcenas, exgerente y extesorero del PP, información sensible sobre la contabilidad b del partido y sobre el PP, el Gobierno e instituciones del Estado, con la finalidad de evitar que dicha información llegara a poder de la Justicia. 

La estructura política estaría liderada, según el informe de los socios del PSOE en el Gobierno, por María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y "cuanto menos con el conocimiento y la aquiescencia" de Mariano Rajoy. 

La estructura policial, en principio legítima y legal, actuaba con la finalidad de encontrar a supuestos testaferros de Bárcenas y así localizar cuentas en paraísos fiscales. Pero la estructura parapolicial, que dio lugar a la conocida como brigada política, trabajó con el mismo objetivo de la estructura política, es decir, para hacerse con documentación comprometedora para el PP y sus dirigentes, y para ello reclutó al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, en julio de 2013 y le pagó con cargo a los fondos reservados 2.000 euros al mes. 

La brigada política estuvo dirigida desde el Ministerio del Interior, con el ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, a la cabeza. Un conjunto de altos cargos policiales encabezados por el entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, entre los que no faltan nombres como el comisario José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de Cospedal, participaron en la trama. 

Entre sus conclusiones, estos partidos aseguran que las actuaciones policiales sin orden judicial y la fabricación de pruebas, como las realizadas en Kitchen, "no son hechos aislados". También ponen de manifiesto que los ascensos y destinos altamente remunerados para ciertos policías se han realizado "en numerosos casos de manera discrecional y con falta de criterios objetivos para los mismos". Piden la "revisión y la revocación inmediata" de todos los emolumentos y condecoraciones otorgadas a los agentes implicados en la operación parapolicial. 

El PSOE cita a Cospedal

El PSOE, por su parte, destaca en la mayoría de las comparecencias
los declarantes se negaron a colaborar "amparándose en interpretaciones interesadas del secreto de las actuaciones judiciales. En cambio, este secreto no ha existido ya que éstas han sido ampliamente difundidas por los medios
de comunicación". Los socialistas citan en concreto a María Dolores de Cospedal y a su exjefe de Gabinete, José Luis Ortiz, que tampoco quiso declarar, una vez que el juez instructor archivó el procedimiento contra ambos. 

En este sentido, el informe común de los grupos de izquierdas destaca las contradicciones observadas en el testimonio de ciertos comparecientes. "Queda acreditado que algunos han faltado a la verdad, extremo que de demostrarse podría considerar un delito  tipificado en el artículo 502 del Código Penal".  Y no descartan que el texto final que se alcance el miércoles próximo contenga algún nombre concreto, instando a la Cámara a iniciar acciones judiciales.

Podemos y el resto de partidos de izquierdas ponen en valor dos testimonios, el del inspector Manuel Morocho y el del comisario Enrique García Castaño, imputado de lleno en la causa, por su afán de colaboración. 

Además, piden que sus conclusiones sean remitidas en nombre del Congreso de los Diputados al Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la actividad económica de los partidos, para que "lleve a cabo las actuaciones de aseguramiento patrimonial oportunas", incluida, en su caso, "la traba de embargos".

También solicitan que las conclusiones sean derivadas a la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal Supremo para tomar en consideración todo lo evaluado en la comisión de cara a las investigaciones judiciales abiertas. Y por si fuera preceptivo en cuanto a posibles sanciones disciplinarias de los policías comparecientes piden que se envíen las conclusiones al Ministerio del Interior, Secretario de Estado de Seguridad y al director general de la Policía.

En cualquier caso, los diferentes informes de conclusiones presentados este lunes serán sometidos a votación en la comisión de investigación el próximo miércoles. En esta línea, fuentes parlamentarias indican que previsiblemente se transaccionará un solo texto, que deberá recibir mayoría para salir adelante. Después, ya en 2022, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones, el dictamen de conclusiones será elevado al Pleno para su ratificación.