La comisión parlamentaria de investigación sobre la operación Kitchen ha concluido este miércoles que esta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, llevada a cabo por el Ministerio de Interior, fue ordenada por la cúpula directiva del Partido Popular con el conocimiento del expresidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la entonces secretaria general de la formación conservadora, María Dolores de Cospedal.

Así se desprende del dictamen de conclusiones aprobado en el seno del órgano parlamentario por 159 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y Bildu), 149 en contra (PP, Vox y Cs) y 29 abstenciones (ERC, PNV y Grupo Mixto), tal como han informado a este medio fuentes parlamentarias.

La mayoría de los grupos han avalado finalmente la propuesta impulsada por el PSOE, después de que este aceptara incluir en el texto algunos cambios técnicos en la redacción y dos aspectos que reclamaban sus aliados en el Gobierno, Unidas Podemos, y en el Congreso relativos a la revisión en la concesión de medallas policiales y al control de los fondos reservados.

En este sentido, el documento de conclusiones, que será elevado al Pleno de la Cámara Baja en enero próximo, recoge que la operación se dirigió desde tres sedes: la del propio partido en la calle Génova, "con el conocimiento de la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, que informaba al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy".

También, la sede del Ministerio del Interior, "con el ministro Jorge Fernández Díaz que le encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo" y, su "epicentro", en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que dirigía Eugenio Pino Sánchez.

Y todo ello para "obstruir las investigaciones judiciales" en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas "se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de Justicia, e incluso de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial". "Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales", remacha el texto al que ha tenido acceso este medio.

Rajoy, implicado "de forma indiciaria"

A tenor de las declaraciones efectuadas por diversos comparecientes en sede parlamentaria, sostiene el dictamen, los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior (Jorge Fernández Díaz, Fernando Martínez y Eugenio Pino), así como Cospedal y "de forma indiciaria" Rajoy, "han estado implicados en los hechos" investigados en el marco de esta operación, que ocurrieron entre 2013 y 2014.

Sobre la comparecencia del expresidente del Ejecutivo, la última que albergó esta comisión, el documento aprobado afea que Rajoy "no solo se negó a asumir responsabilidad alguna", sino que llegó a estar convencido de la inexistencia de los hechos y "a mentir de manera abierta sobre la existencia de una caja b con la que se financiaba ilegalmente el PP, así como la existencia de condena alguna de los tribunales que acrediten la existencia de esa caja b", a pesar de las tres sentencias que prueban la existencia de esta estructura opaca en el seno de la formación.

En cuanto a Cospedal, el dictamen añade que, además de ser "conocedora" de la trama, "pudo recibir copia de la información sustraída" al PP debido al puesto que ocupaba en el partido y "como supuesta beneficiaria de sobresueldos de esa financiación irregular".

Con la celebración de la última sesión de la comisión, la número 26, el órgano parlamentario encargado de dirimir unos hechos investigados en la pieza 7 de la macro causa Tándem, más conocida como caso Villarejo, echa el cierre tras nueve meses en los que han comparecido 37 personas, diez de ellas procesadas en la causa que tiene abierta la Audiencia Nacional.