La ciudad de Barcelona sufrió la ejecución de 1.717 personas condenadas a pena de muerte entre 1939 y 1959. Once de ellas eran mujeres. 23 fueron ejecutadas mediante garrote vil y el resto fueron fusiladas en el Camp de la Bota. Pero no ahí no acaba la lista de penalidades. Muchos años después, en 1973, también sería asesinado el joven Salvador Puig Antich tras un juicio que más bien pudo calificarse de teatro. 

En memoria de los asesinados y también de los ciudadanos que sufrieron la represión, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado el camino para intentar acabar con la impunidad del franquismo. Si hace apenas unas semanas el Consistorio anunciaba que se querellaría en nombre de Salvador Puig Antich, ahora el Gobierno municipal de la ciudad ha obtenido el respaldo del Pleno del Ayuntamiento que avala su estrategia para acabar con la impunidad franquista e interponer querellas contra los crímenes de la dictadura.

Concretamente, la Declaración que se ha aprobado este este viernes en el Pleno, y que ha sido elevada por entidades memorialistas y de víctimas, emplaza al Ayuntamiento a "interponer las acciones penales que sean procedentes ante los juzgados que correspondan" para que "se investiguen delitos cometidos en el contexto de crímenes de lesa humanidad por la dictadura franquista" que afectaron a "los ciudadanos y ciudadanos" de Barcelona. 

La Declaración ha sido aprobada con el voto de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento catalán a excepción del Partido Popular y Ciudadanos. 

Apoyo a la Querella argentina y a las víctimas

La Declaración Institucional, a la que ha tenido acceso este periódico, también establece que las acciones penales que se ejecuten en Barcelona se harán "sin perjuicio de continuar impulsando" la causa abierta en Argentina que investiga los crímenes del franquismo y que se conoce popularmente como 'la querella argentina'. 

Asimismo, el texto también compromete al Ayuntamiento a "apoyar y a acompañar las iniciativas ciudadanas encaminadas a iniciar procedimientos ante las jurisdicciones competentes para determinar responsabilidades en los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista". 

Presentada por la sociedad civil

La Declaración Institucional ha sido elevado al Gobierno municipal por 16 organizaciones políticas, sociales y de defensa de los Derechos Humanos de Barceona. Concretamente por Associació Catalana d'expresos polítics del franquisme; Amical de Mauthausen i altres camps; Associació Conèixer Història, Associaciò Pro-Memòria al inmolats per la llibertat a Catalunya; Comissions Obreres de Catalunya; Confederación General del Treball; Fundación Andreu Nin; Fundación Salvador Seguí; Grup d' Estudis Polítics; Institut de Drets humans de Catalunya; La Comuna; Memorial Democràtic de treballadors ii treballadores de Seat; International Comission of European Citizens; Irídia; Centre per la defensa del drets humans; Observatori Desc; y Sos Bebés Robados Catalunya.