Pamplona presenta este viernes ante los juzgados de la ciudad la primera querella de un ayuntamiento contra los crímenes del franquismo. No será la única. En los próximos meses llegarán a los tribunales demandas de los consistorios de Barcelona, A Coruña o Cádiz, entre otros. Joseba Asiron (Pamplona, 1962) es el alcalde de la capital navarra. El primer edil de toda la democracia que se querella contra la dictadura en nombre de los ciudadanos que fueron asesinados y/o represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo en su municipio. Concretamente, 309 asesinados y más de 1.000 encarcelados. 

No obstante, esta no ha sido la única acción desarrollada por el consistorio navarro. El equipo de Gobierno que encabeza Asiron ya decidió exhumar los restos de los generales golpistas Mola y Sanjurjo de la cripta del Monumento a los Caídos. Está convencido de que la lucha por el acceso a la justicia de ciudadanos que han visto sus derechos ignorados sistemáticamente ya tiene una parte de reparación y anuncia que su equipo de Gobierno no se rendirá en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. La batalla judicial comienza este viernes. 

La pregunta es pertinente. Hay mucha gente que no entiende los motivos que llevan a un Ayuntamiento a querellarse contra los crímenes del franquismo. ¿Por qué han tomado esta decisión?

Creo que en clave local, para la gente que vive en Pamplona, es fácilmente comprensible. Los datos son abrumadores. En Pamplona no hubo frente de guerra y no hubo enfrentamientos. A pesar de todo, los datos del informe pericial de la Universidad Pública de Navarra son contundentes: 309 fusiladas y más de 1.000 personas detenidas o represaliadas de alguna manera. Estamos hablando de una represión a una escala terrible. De las 309 personas ejecutadas, ninguna tuvo un juicio. Ni injusto ni sumarísimo. Ninguno. Fue una ola de salvajismo atroz. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de acción y ha llegado el momento. Creemos que es preciso que se busque la justicia por todos los medios posibles aunque hayan pasado tantos años. 

¿Cree que esta decisión puede tener un coste electoral?

No se trata de una cuestión electoral. Eso no nos importa. Es una cuestión de derechos humanos. Nosotros no hacemos otra cosa que seguir los parámetros de las asociaciones memorialistas, que son las que marcan el camino y, desde luego, estas asociaciones no tienen intereses electorales. Es una cuestión de justicia y de derechos humanos. Hemos querido secundar el trabajo de calle que estas asociaciones llevan haciendo desde hace años. 

Presentan la querella junto a cuatro familias de víctimas del franquismo y prestan especial atención a 17 casos. ¿Por qué solo a estos 17?

La decisión de poner el énfasis en estos 17 casos obedece a criterios técnicos de los encargados de redactar la querella. Creemos que resumen perfectamente la totalidad porque abarcan un amplio espectro temporal y de casos, que van desde la Guerra Civil hasta las puertas de la transición. Otro motivo es el volumen de datos de información que hay sobre estos 17 casos.

Se corre el riesgo de que la Justicia diga que estos delitos están prescritos y vuelva a dar portazo a las víctimas a las de la dictadura. 

Nuestro compromiso es total. Estamos convencidos de que estos delitos no prescriben. Nosotros creemos que la legislación internacional es clara y que que es evidente que se trata de delitos de genocidio y lesa humanidad. Por tanto, estos delitos no pueden prescribir. Son imprescriptibles. 

¿Tienen pensado un plan B?

Es pronto todavía. Desde un punto de vista técnico, nosotros seguiremos los parámetros que nos marquen los servicios jurídicos. A un nivel político nuestro compromiso es total y vamos a seguir en esta lucha hasta conseguir que no haya ni una sola familia en Pamplona que considere que sus derechos de verdad, justicia y reparación no hayan sido satisfechos. Es un deber moral de cualquier ayuntamiento. Este equipo de gobierno lo tiene muy claro y vamos a seguir en esta lucha.

Me decía Merçona Puig Antich, hermana menor de Salvador, que simplemente el hecho de que el Ayuntamiento de Barcelona se querellara en nombre de su hermano ya tenía mucho de reparador

Exacto. Aquí hay casos terribles. Como el de Josefina Landarto, hermana de Maravillas, que fue violada con 14 años delante de su padre antes de que mataran a los dos. Durante décadas hubo una suerte de manto negro sobre estos crímenes y no se podía hablar de ellos. Ahora te puedes imaginar con qué emoción está siguiendo Josefina todo este proceso. 

Me imagino que en el resto de municipios ocurrirá algo parecido. Si en este sentido, Pamplona y su acción judicial pueden servir de modelo o de acicate para que otras ciudades del Estado se animen a interponer querellas, pues sería muy positivo. Que Barcelona anuncie su intención de presentar una querella nosotros lo vemos con mucho optimismo y hacemos un llamamiento al resto de ciudades del cambio para que se sumen a esta iniciativa de presentar querellas. 

Cuando le escucho hacer este llamamiento pienso que va dirigido a los equipos de Gobierno de Madrid y Valencia, que son los dos únicos que estuvieron invitados a la 'Red de ciudades por la Justicia y la Memoria' que no se han unido a la iniciativa. 

Soy muy respetuoso con los ritmos y con los contextos de cada ciudad. En Pamplona tenemos un contexto muy determinado. Venimos de una situación muy basculada hacia el otro lado. Desde la transición no se habían dado pasos significativos en esta ciudad y había una auténtica necesidad. Mucha hambre de justicia y de que estas cosas salieran adelante. Creo que lo importante es que se hagan cosas al ritmo que cada ciudad pueda y que poco a poco se vayan sumando a la iniciativa. Soy muy respetuoso. No voy a ocultar que vería con alegría que Madrid y Valencia se querellaran, pero siempre desde el respeto absoluto a los tiempos de cada ayuntamiento. 

Lo que sí que parece evidente es que el tantas veces nombrado 'consenso de la transición' ha saltado por los aires. No se puede invocar un consenso cuando hay ayuntamientos poniendo querellas en los juzgados.

Es que creo que no era consenso. Creo que era más un 'tragalá' para todos aquellos que sufrieron la represión franquista y que les dijeron que tenían que guardar silencio y renunciar a sus derechos en aras de una reconciliación. Estamos convencidos de que hacemos lo justo y que es lo que se tendría que haber hecho al día siguiente de morir el dictador. En la medida en la que vayamos avanzando hacia una democracia real irán aflorando nuevas iniciativas contra la impunidad franquista, como son estas querellas. 

¿Usted cree que con esta querella y con las que vendrán de otros ayuntamientos ¿está más cerca el fin de la impunidad? 

Creo que sí. Ha habido un trabajo muy serio durante muchos años de las asociaciones memorialistas. Creo que hay un clamor popular para dar fin a todas estas décadas de impunidad. Estamos ante una oportunidad histórica para acabar con la impunidad del franquismo en el Estado y todo gracias al cambio municipalista. Es una ocasión única. Son pasos hacia la democracia real que hay que ir dando y ahora estamos más cerca.