La petición de las víctimas del franquismo es clara: las instituciones deben querellarse contra la dictadura para acabar con la impunidad que acompaña al franquismo. Así lo recomienda el ejemplo de Argentina, espejo en el que se miran las víctimas, que ha conseguido iniciar procesos de Verdad, Justicia y Reparación a lo largo de todo el país. Por eso, tras conocer los resultados de las elecciones municipales de 2015 las asociaciones de víctimas de la dictadura y memorialistas veían que un nuevo campo de posibilidades se abría ante ellos. La llegada de los ayuntamientos del cambio permitía abrir la vía de las querellas institucionales. La batalla por la Justicia y los Derechos Humanos podría regresar de los tribunales de Argentina a los españoles. El final de la impunidad parecía más cerca. Por fin. 

"Queremos que los nuevos ayuntamientos y también los parlamentos autonómicos se querellen en España en nombre de los vecinos, concejales y alcaldes asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura. Creemos que es importante que las víctimas sientan que las instituciones les apoyan y responden a su demanda de justicia", explicó a Público hace ahora casi dos años el abogado Carlos Slepoy, que señaló que esas querellas eran fundamentales porque de lo que se trata es de solucionar una "cuestión elemental de respeto a los Derechos Humanos y los nuevos alcaldes no pueden estar de espaldas".

Prácticamente dos años después de la llegada de los alcaldes del cambio al poder, la presión ejercida por las asociaciones de víctimas del franquismo y memorialistas comienza a dar sus frutos. El último ejemplo es el de Barcelona. Tal y como ha adelantado este medio, Barcelona presentará al menos una querella en los próximos meses ante los juzgados de Barcelona para tratar de establecer luz sobre los impunes crímenes de la dictadura. La primera querella estará centrada en el proceso judicial que acabó con la vida, por asesinato, de Salvador Puig Antich.

La querella que presentará Barcelona no es la única. La iniciativa que impulsa el Gobierno de Ada Colau se sitúa en el contexto del proyecto colectivo Red de ciudades por la Justicia y la Memoria, de la que forman parte Pamplona, Barcelona, Zaragoza, Vitoria, A Coruña, Cádiz y Rivas Vaciamadrid.

Las mencionadas ciudades han suscrito un manifiesto por el que se comprometen a alcanzar "amplios y consensuados acuerdos" en sus consistorios "a fin de interponer querellas criminales por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista". "No nos ha movido para ello afán de revancha alguna, sino una exigencia humana de Verdad, Justicia y Reparación, algo reclamado durante mucho tiempo por la ciudadanía a la que nos debemos", señala el citado manifiesto. 

Así lo ha hecho ya, por ejemplo, el Ayuntamiento y la Diputación de Vitoria, que han presentado sendas querellas haciendo especial hincapié en la matanza que la Policía perpetró el 3 de marzo de 1976 en una huelga de trabajadores. No obstante, cabe destacar que la querella de la Diputación ya ha sido rechazada por la Justicia, que considera que esos delitos ya están prescritos y que en la legislación española no cabe la figura de crímenes de lesa humanidad hasta el 2003. 

Y en las próximas fechas, tal y como ha podido confirmar este diario, serán los consistorios de Zaragoza, Cádiz y A Coruña. Fuentes del consistorio zaragozano han señalado a este medio que están todavía en el proceso de recogida de testimonios que acompañará a la querella judicial. En ese mismo punto se encuentran en los ayuntamientos de Cádiz y A Coruña. "Cuando tengamos todo listo, presentaremos la querella. Nuestro compromiso con las víctimas es fuerte", aseguran a Público desde el ayuntamiento gaditano.

Madrid y Valencia, los grandes ausentes

La estrategia de que los ayuntamientos del cambio presentes querellas contra los crímenes del franquismo ha sufrido, hasta la fecha, dos grandes reveses. Por un lado, como adelantó Público, está la negativa del Ayuntamiento de Madrid, capitaneado por Manuela Carmena, a presentar una querella institucional por los crímenes del franquismo contra ciudadanos madrileños y trabajadores de la corporación. La decisión fue trasladada a los impulsores de la iniciativa el pasado 9 de febrero. 

El Ayuntamiento de la capital, no obstante, ya se había desmarcado de esta estrategia unos meses antes cuando acudió como "observador" al encuentro inaugural de la Red de ciudades por la Justicia y la Memoria y no firmó el manifiesto por el que se comprometían a interponer querellas en los juzgados españoles. 

También se desmarcó en aquella ocasión el Ayuntamiento de València, dirigido por Joan Ribó. El Consistorio valenciano, a pesar de que había anunciado en un primer momento su intención de acudir a la cita inaugural de la Red, finalmente no acudió aludiendo que tenían Pleno en Valencia. Y, de momento, tampoco están dispuestos a interponer una querella.

Así se lo hizo saber el propio Ribó a las asociaciones de víctimas y memorialistas durante una reciente reunión. El alcalde de Compromís, siempre según fuentes presentes en la reunión, mostró todo su apoyo a las víctimas de la dictadura y las animó a continuar con el proceso legal emprendido tanto en Argentina como en los juzgados españoles, pero descartó, al menos de momento, emprender acciones legales.