El Parlament de Catalunya creará un grupo de trabajo para estudiar los casos de desaparición de bebés y niños tanto en los años de la dictadura de Franco como en tiempos posteriores, bien entrada la democracia. La cámara catalana quiere de esta manera apoyar a las familias que desde hace décadas piden el esclarecimiento de estos hechos.

La propuesta de creación de este grupo, aprobada por unanimidad en la Comisión de Acción Exterior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia del Parlament, incluye una invitación a participar en las reuniones de trabajo "de expertos, representantes de las diferentes unidades afectadas del Govern de la Generalitat, así como también a representantes de asociaciones y entidades que estén relacionadas con los casos de desaparición de niños, con el objetivo de conocer con más detalle la situación y elaborar un informe de conclusiones ".

Una ley clara sobre bebés desaparecidos y víctimas

Cuando esté terminado este informe se pondrá en conocimiento del Govern para que hacer posible la aprobación de una ley clara sobre estos hechos.

La diputada de Junts pel Sí Magda Casamitjana ha explicado a Públic que, para dar respuesta a las decenas de propuestas que se han hecho y a las peticiones de las entidades, se realizará un análisis profundo y transversal, que exigirá la implicación de al menos cinco departamentos.

El de Salut, porque habrá que pedir la apertura de los archivos de hospitales, clínicas y maternidades, para investigar los datos que tengan sobre posibles niños desparecidos entre los años 36 y 90. Governació, para poder revisar expedientes de clínicas e iglesias abiertos durante estos años. Benestar Social, porque hay madres que señalan desapariciones hasta el año 90 y es posible que se hayan dado casos de adopción a través de la Generalitat sin saber que se trataba de niños robados. Justicia, porque hay denuncias pero no hay pruebas sobre criaturas que no se sabe si murieron o no, y esto ha dado lugar a "causas retenidas pero no archivadas". E Interior, porque hay que saber quién y qué se ha investigado sobre casos denunciados.

"El Parlament de Catalunya, en los últimos años y de forma reiterada, ha recibido varias preguntas e iniciativas interesándose por la desaparición de niños tanto en los años de la dictadura de Franco como hasta bien entrada la democracia", señala la resolución aprobada en Comisión.

Ha recibido peticiones de la entidad "SOS Bebés Robados" pidiendo asesoramiento, protección y apoyo a sus reclamaciones. "Las partes afectadas piden que se realice un reconocimiento por el sufrimiento inhumano de madres y de los hijos que hayan podido ses sustraídos de sus entornos familiares y solicitan una respuesta adecuada por parte de las administraciones públicas", se dice en el mismo texto. Es por ello que se pedirá que estas personas sean declaradas "víctimas" del robo de personas y que también reciban el mismo tratamiento aquellos hombres y mujeres que han descubierto que no son hijos de las personas que los adoptaron contra la voluntad de sus padres.

"Cosas que no cuadran"

"En todos los casos estudiados", señala Magda Casamitjana, "hay cosas que no cuadran. Documentos desaparecidos, documentos rotos, perdidos a causa de inundaciones ...".

La diputada, que tiene la voluntad de actuar como coordinadora del Grupo de Trabajo, afirma que en Catalunya se han detectado más de 300 casos y en todo el estado más de 3.000.

Casamitjana propone además que el Grupo de Trabajo colabore y se coordine con iniciativas similares que se han propuesto en las cámaras legislativas de Canarias, Andalucía, País Vasco y Comunidad de Madrid.

La propuesta de resolución se basa la legislación vigente internacional, estatal y catalana que reconoce el "derecho humano a la vida familiar» y que tipifica como "delito que no prescribe la desaparición forzosa de personas". Destaca que se trata de un "delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos, y que la obligación de investigar perdura hasta que se encuentre la persona desaparecida".

Recuerda que "la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, ratificada por el Estado español en febrero de 2011, establece que 'los Estados adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños víctimas de desaparición forzosa', y que en sentido similar se pronuncia el protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que ratificó España en diciembre de 2003 ".