Ada Colau afronta a partir de este sábado su segundo mandato como alcaldesa de Barcelona, tras lograr la investidura gracias a la mayoría absoluta que han sumado los concejales de Barcelona en Comú (10), PSC (8) y tres de seis del grupo Barcelona pel Canvi - Ciutadans (su líder, Manuel Valls, el ex ministro Celestino Corbacho y Eva Parera). La elección, que le ha permitido superar a Ernest Maragall, el candidato de ERC -la lista más votada en los comicios municipales del 26 de mayo-, dejará paso a las negociaciones para cerrar un gobierno en el que participarán Comunes y socialistas.

Aunque las formaciones ya gobernaron juntas durante un año y medio en el pasado mandato -desde mayo de 2016 hasta noviembre de 2017-, presentan diferencias programáticas importantes, sobre todo en lo que Colau define como "políticas valientes" -que podríamos traducir como medidas marcadamente de izquierdas, que el PSC no comparte, al menos en su programa electoral para las elecciones del pasado 26 de mayo.

Las remunicipalizaciones de servicios básicos, como por ejemplo el agua, la apuesta por crear una funeraria pública, la regulación del precio del alquiler y la voluntad de incrementar el porcentaje de pisos que se destinará a vivienda asequible en cada nueva promoción, o medidas coercitivas para combatir los excesos del turismo son sólo algunos de los ejemplos concretos en que Comuns y socialistas presentan diferencias importantes, al menos a priori.

De hecho, si la voluntad era cerrar un acuerdo de gobierno basándose en las coincidencias programáticas, el pacto lógico era entre ERC y Barcelona en Comú. Según analizó el digital Crític de 41 propuestas incluidas en los programas, estas dos formaciones coinciden en 34, el 83%, mientras que PSC y Barcelona en Comú sólo lo hacen en 13, es decir el 32%. Uno de los ámbitos en el que más diverge la posición de los dos partidos es en el modelo de gestión de los servicios públicos.

El PSC dice literalmente en su programa para el 26-M que quiere una "Barcelona que funcione con fórmulas mixtas de gestión pública y privada en temas tan trascendentes como la energía, el agua o la vivienda". Barcelona en Comú, en cambio, apuesta explícitamente por "remunicipalizar el agua", una de sus banderas programáticas que los socialistas nunca han compartido.

Durante el pasado mandato, el gobierno de Colau también creó Barcelona Energía, la eléctrica pública -es 100% propiedad del Ayuntamiento- más grande del Estado. La iniciativa contó entonces con el apoyo del PSC -en ese momento socio de BComú- y también de ERC, el PDeCAT, Cs y la CUP. En cualquier caso, el partido de Jaume Collboni deja claro en su programa que su preferencia es un modelo "mixto", es decir, con la participación de empresas privadas. En este sentido, el PSC se opuso a la creación de una funeraria pública durante el pasado mandato -ya estaba fuera del gobierno- y tampoco la incorpora al programa, mientras que los Comuns insisten, con el objetivo de rebajar los precios de los servicios funerarios de la ciudad, que son los más caros de todo el Estado.

Diferencias en vivienda

La vivienda fue uno de los temas estrellas de la reciente campaña electoral en Barcelona. Hay un claro consenso en que se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de la ciudad, con unos alquileres que se han encarecido un 40% de media en los últimos cinco años. Tanto el PSC como Barcelona en Comú proponen diversas medidas para abordar la situación, aunque también en este caso hay matices importantes entre uno y otro partido.

Una de las diferencias más significativas es que Colau quiere ir más lejos en la medida de obligar a los promotores privados a ceder por ley un porcentaje de los nuevos pisos a vivienda asequible. Si el pasado mandato se aprobó la obligación de destinar el 30%, ahora plantea subir el volumen al 50%. El PSC, aunque votó a favor de la medida en el pleno municipal, no hace ninguna mención a ella en el programa. La otra gran diferencia en el ámbito de la vivienda es que Bcomú quiere que se pueda regular por ley el precio del alquiler, una posición que no defiende el partido de Collboni.

A partir de aquí, los dos partidos proponen aumentar el parque de vivienda pública: los Comuns plantean aumentar el parque en 1.500 pisos cada año, mientras que los socialistas hablan de construir 1.000 cada 12 meses. En cambio, mientras que el PSC no hace ninguna referencia a los pisos vacíos, Bcomú promete sancionar a los que acumulen más de dos años inhabitados y grabarlos con un recargo del IBI. Además, Colau apuesta por comprar edificios enteros para convertirlos en vivienda pública.

La otra gran cuestión que marcó la campaña electoral para Barcelona fue la seguridad, un ámbito en el que los dos partidos coinciden en proponer un incremento del número de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. El de Colau habla de 400 nuevos policías, mientras que el de Collboni eleva la cifra a un millar.

Ambas formaciones también abordan la situación manteros, que tuvo un debate específico durante la campaña, con un discurso más duro del PSC, que plantea actuar "con mayor decisión contra las mafias vinculadas a la venta ambulante ilegal, en asegurar el cumplimiento de la normativa de venta ambulante, en el control e inspección del espacio público, especialmente en procedimientos para evitar la actividad del top manta".

Los Comuns hablan de "prevenir e intervenir en los usos excluyentes en el espacio público en relación con la venta ambulante" y de articular "dispositivos coordinados de prevención e intervención con Mossos, Guardia Urbana y policía portuaria para garantizar la seguridad y no saturación de el espacio público". En ambos casos, sin embargo, también se comprometen a buscar "alternativas sociales" para los vendedores ambulantes (PSC) o en desarrollar "programas de inserción laboral y de regularización de la situación de trabajo y administrativa" de los trabajadores.

Posiciones alejadas sobre el 'procés'

En cuanto a la gestión del turismo, los dos partidos gobernaban juntos cuando se aprobó el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos), que ha limitado o, directamente, impedido el crecimiento de las plazas hoteleras en determinadas zonas de la ciudad. Ahora bien, también aquí hay matices importantes entre las propuestas de comuns y socialistas.

Los primeros apuestan por mantener las sanciones a los pisos turísticos ilegales y por blindar urbanísticamente el uso de la vivienda, mientras que los socialistas se limitan a comprometerse a mejorar "las fórmulas de regulación de los alojamientos turísticos y promoveremos el fomento de la convivencia entre los visitantes y la ciudadanía con una gestión orientada a la socialización de los beneficios que el turismo aporta". Sí que coinciden, en cambio, en reclamar a la Generalitat la recaudación total de la tasa turística y dedicarla totalmente a paliar los efectos negativos del turismo en la ciudad.

En movilidad, Colau quiere que las supermanzanas se extiendan a toda la ciudad, mientras que el PSC se muestra crítico y considera que hay "reenfocar el proyecto, con el fin de enderezar la mala implementación realizada por el gobierno Colau". El gran proyecto de movilidad sí que es compartido, y es conectar los tranvías por la Diagonal, uno de los muchos temas que se arrastraron durante el pasado mandato y en el que no se logró el apoyo necesario para su aprobación.

En ámbitos como feminismos, políticas LGTBI o memoria histórica la concordancia entre los dos proyectos es mucho mayor, mientras que tienen diferencias importantes en cuanto a la prostitución, ya que el PSC quiere una ciudad abolicionista mientras que los Comuns proponen garantizar a las trabajadoras sexuales que puedan desarrollar su actividad en "condiciones sanitarias, de seguridad y de autonomía adecuadas".

Y aunque no aparezca en los programas electorales, la cuestión nacional también aleja a los dos futuros socios de gobierno, ya que Bcomú siempre ha reivindicado un referéndum de autodeterminación acordado y vinculado, ha denunciado el juicio del procés y ha pedido la liberación de los presos, mientras que los socialistas no comparten ninguna de estas demandas y, de hecho, Collboni ha avanzado que en el gobierno de coalición "no cabrán los lazos amarillos".