Helena Hofiany era magistrada en un tribunal penal de Afganistán cuando los talibanes recuperaron el poder el 15 de agosto de 2021. Ese día, un compañero le advirtió que ya habían entrado en Kabul. Nunca volvió a su casa. Pidió a su marido que recogiera a su hija y se refugiaron en una casa en los suburbios de la capital. Allí quemaron todos los papeles y documentos que pudieran identificarlos. Ella, como jueza, había enviado a muchos terroristas talibanes a prisión. Su marido trabajaba como asesor legal para el Ministerio del Interior. Cuando los talibanes recuperaron el poder abrieron las cárceles y Hofiany sabía que irían a por ella. Había condenado a muchos de ellos a la prisión de Pul-e-Charkhi, una de las más grandes del país cerca de Kabul.

No estaba equivocada. Desde ese momento, los talibanes fueron puerta por puerta buscando a quienes trabajaban con la Administración anterior. Para esta magistrada la venganza que esperaba era doble: por un lado por ser mujer y jueza en un país que volvía a estar en manos talibanas, y por otro por la venganza de quienes habían sido condenados por sus decisiones judiciales y que ahora campaban a sus anchas por la capital. "Tuve que huir para salvar mi vida y la de mi familia. Hui porque sabía que los talibanes querían acabar con mi vida por venganza", afirmó esta magistrada.

Lo hizo junto a otras cuatro colegas, que han participado en un encuentro titulado Juezas afganas refugiadas en España: ninguna conquista es irreversible, organizado en Madrid por la Asociación Mujeres Avenir. Todas ellas eran juezas de cortes penales que hoy se encuentran intentando reconstruir su vida y la de sus familias en España. En total ocho magistradas afganas consiguieron llegar a nuestro país para salvar sus vidas. Lo hicieron gracias a la ayuda de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IWAJ por sus siglas en inglés) y la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE ) que se organizaron noche y día para apoyarlas y rescatarlas.

La organización, con representantes en los distintos países del mundo, se organizó para estar 24 horas al día conectadas y disponibles para ayudarlas y para sacarlas del país. Sólo mes y medio después de la llegada de los talibanes a Kabul, consiguieron sacar a Hofiany hacia Paquistán. "Cuando identificaban a las persona que trabajaban para el gobierno o en instituciones, las mataban. Incluso en Paquistán, gracias al apoyo de otras juezas, tuvimos que cambiar hasta tres veces de lugar por problemas de seguridad porque los talibanes entraban a buscarnos", relata.

Hofiany fue de las primeras en llegar. Tiene 39 años y lo hizo con un embarazo de alto riesgo por diabetis gestacional. Hace casi un año desembarcó en Madrid junto a su marido y otra hija pequeña que hoy tiene tres años. 

También Nazima Nezrabi aterrizó en España de las primeras y también lo hizo embarazada. Hoy reconoce los esfuerzos de nuestro país para darles cobijo para no ser asesinadas, pero desvela que la vida aquí no es fácil para ellas. "Encontrar un piso donde vivir es algo casi imposible sin un contrato de trabajo", relata "y encontrar un trabajo es muy complicado si no tienes en regla los papeles. No para nosotras que somos jueza, sino para todos", añade. Todas han pedido el asilo político, pero hasta el momento sólo dos de las ocho han conseguido tenerlos en regla.

Más dificultades tras la guerra de Ucrania

Las organizaciones que las apoyan afirman que al principio, cuando estalló la crisis de Afganistán hace un año, conseguir los papeles era algo más o menos rápido y sencillo, pero que tras el estallido de la guerra de Ucrania, los trámites se han vuelto lentos y farragosos. ​La sobrecarga de asilados ha hecho que estas mujeres pasaran a un segundo plano y en la actualidad los expedientes y los papeles tardan mucho más en ser aprobados. Uno de los principales problemas, afirman la también magistrada Friba Quraishi, es "encontrar vivienda y el colegio de los niños". También conseguir la tarjeta sanitaria. Nezrabi, de 30 años y que fue la primera en llegar, tiene documento (NIE) pero desde hace un año espera la tarjeta sanitaria.

Safia Jan Mohammad tiene dos hijos. Tanto ella como su marido eran jueces en Afganistán y firmaron muchas sentencias contra los terroristas talibanes. Mohammad estuvo durante 16 años frente a un tribunal contra la violencia de género. Afirma que, tras la toma del poder de los talibanes hace un año la situación se ha vuelto "insufrible" para todos, pero especialmente para las mujeres y más para las que denunciaron la violencia machista. "El mundo tiene que saber que la violencia en mi país no tiene precedentes. Cientos de mujeres han sido asesinadas en distintas provincias y en muchos casos a manos de sus hermanos, maridos o padres. Ellas los habían denunciado por violencia de género y cuando los condenados fueron liberados por el nuevo gobierno talibán, ellos se vengaron. Antes había una red de pisos seguros para ellas, refugios, pero fueron desmantelados, así como las organizaciones que las apoyaban. No sabemos cuantas mujeres inocentes están ya bajo tierra", denuncia. 

"Mas de 24 millones de afganos sufre la pobreza extrema", denuncia Nazima Nezrabi. "Se estima que el año que viene pierdan la seguridad alimentaria y esto sería peor para los niños y niñas que no sólo sufren de explotación laboral, sino que muchos son vendidos y obligadas a matrimonios forzosos para poder alimentar a sus hermanos. En este panorama las niñas y las mujeres (que son la mitad de la población) son las más duramente afectadas". 

En Afganistán, las niñas sólo pueden estudiar hasta sexto grado. Más allá lo tienen prohibido tras la restauración del régimen talibán. No pueden ir al instituto ni entrar en las universidades. Una orden les obliga, además, a ir totalmente tapadas con burka y a no salir si no es en compañía de un hombre (padre o marido).  "Mi petición a la sociedad internacional es que escuche. Afganistán es una parte del cuerpo de la humanidad. Si un miembro se infecta, contamina al resto del cuerpo. El sentido de la humanidad está vivo. Sálvennos de la ruina", pidió Nezrabi.

Friba Quraishi denunció el abandono de Afganistán y las mujeres de su país. "Las organizaciones de derechos humanos hablaron durante 20 años de la lucha el régimen talibán y se llevaron muchos beneficios. Cuando Afganistán está ante la catástrofe humanitaria ¿dónde están?. Ahora que mi pueblo está bajo el yugo no se oye ninguna voz de vosotros. Fuimos nosotros los que conseguimos nuestros derechos, pero dijisteis al mundo que habíais sido vosotros. Ahora ¿dónde estáis?. Estos días tenebrosos pasarán y venceremos. Conseguiremos de vuelta nuestros derechos por nosotros y no olvidaremos que nos habéis traicionado vuestro compromiso".

Se necesitan cambios legales.

La magistrada Gloria Poyatos, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y miembro de la junta directiva de la IWAJ, recordó que en el último año esta organización rescató de Afganistán a unas 180 juezas que están distribuidas por distintos países. Con sus familias, son en total un millar de personas. Pero quedan aún cerca de un centenar de juezas afganas que no han podido ser sacadas del país y que temen por su vida. Algunas de ellas han sido asesinadas por los talibanes. 

Denuncia al dificultad para sacar a las mujeres de situaciones como las que viven en Afganistán, por la falta de herramientas jurídicas internacionales. "La convención de Ginebra de 1951 no se hizo pensando en las mujeres ni en las niñas y niños. Como causa de persecución no incluye los motivos de género". Afirma que esta ausencia está suponiendo serios problemas a la hora de salvar a las mujeres de Afganistán y aboga por un cambio en dicho convenio.