Israel aceleró esta semana la demolición de edificios palestinos en el área de Jerusalén enviando un mensaje claro de que el apoyo incondicional que el primer ministro Benjamín Netanyahu recibe de la Administración del presidente Donald Trump es ilimitado y no va a ser desaprovechado de ninguna manera.

A las 2 de la madrugada del lunes, cientos de soldados y policías irrumpieron en las viviendas de decenas de familias palestinas en el barrio de Wadi Hummus, situado en la zona de Sur Bahir, desalojaron a los ocupantes y plantaron explosivos para proceder a las demoliciones que previamente fueron autorizadas por el Tribunal Supremo de Israel.

Poco después, las excavadoras procedieron a completar la demolición de once edificios donde había unas 70 viviendas, sin permitir que los vecinos retiraran sus propiedades e impidiéndoles el acceso a la zona, que fue declarada “zona militar cerrada” durante tres días. Las protestas de los palestinos y de los activistas internacionales fueron intensas pero no pudieron detener la operación del ejército y la policía.

También hubo protestas internacionales ante una acción que sin duda despeja el camino para otras operaciones similares que podrían destruir centenares o millares de viviendas que se encuentran en una situación similar a la de Sur Bahir. Al haber sido aprobada por el Tribunal Supremo, las posibilidades que tienen los palestinos de frenar la destrucción de sus viviendas son prácticamente inexistentes.

La peculiaridad de las viviendas destruidas el lunes radica en que Wadi Hummus no está situado del otro lado del muro de nueve metros que Israel construyó a principios de la década anterior dentro de los territorios ocupados, sino en lado que da a Israel, aunque la zona donde se produjeron las demoliciones es Área A y B, es decir que teóricamente depende de la Autoridad Palestina.

Algunos residentes de Sur Bahir grabaron en sus teléfonos y en vídeos la actuación de soldados y policías, unas grabaciones que circularon durante todo el día por las redes sociales y que pusieron en evidencia la impotencia de los palestinos para hacer frente a la destructora fuerza de la ocupación.

La Autoridad Palestina había autorizado la construcción de esas viviendas pero el ejército alegó ante el Tribunal Supremo que se trataba de edificios que estaban demasiado cerca del muro y ponían en peligro la vida de los soldados que habitual o esporádicamente operan en Sur Bahir. Esta alegación crea un precedente y se podría aplicar más adelante a otras muchas viviendas que el ejército podría considerar que ponen en peligro la vida de sus soldados.

Una vez más, los magistrados del Tribunal Supremo se pusieron del lado del ejército, algo que ocurre casi siempre, con excepción de algunos casos muy concretos e irrelevantes. Puede decirse que magistrados y militares trabajan en una plena sincronía con la clase política israelí con el fin de despojar a los palestinos de la Cisjordania ocupada de sus propiedades, lo que ocurre de manera sistemática.

Entre las protestas de la comunidad internacional, destacó la de Francia, país que subrayó que era la primera vez que Israel procedía a destruir masivamente viviendas que previamente habían sido autorizadas legalmente por la Autoridad Palestina en las Áreas A y B, es decir en un lugar que nominalmente está bajo la jurisdicción del presidente Mahmud Abás.

Un portavoz oficial israelí dijo que su país tenía “todo el derecho” para demoler las casas. Es un comentario que se explica a sí mismo si se tiene en cuenta que Washington respalda cualquier cosa que haga el Estado judío debido al ascendiente de que goza la poderosa comunidad judía en la administración de Estados Unidos. El lobby judío dicta a Trump no solo todo lo relacionado con Israel sino también todo lo relacionado con Oriente Próximo en general, desde Irán hasta Egipto.

En el mundo árabe se registraron algunas quejas pero fueron quejas de forma nada más. Jordania solicitó el apoyo internacional para detener las acciones israelíes en el sector ocupado de Jerusalén, y Qatar, el país que fue más lejos, calificó las demoliciones de “crimen contra la humanidad”. Sin embargo, los países árabes más significativos, que políticamente dependen de Israel, prefirieron no abrir la boca.

Los palestinos siguieron con horror las demoliciones a través de los medios de comunicación y las redes sociales. El primer ministro Mohammad Shtayyeh dijo que la destrucción de decenas de viviendas constituye una “violación de la ley internacional”. Otros ministros y dirigentes palestinos se dirigieron a la Corte Penal Internacional para que investigue lo que está sucediendo en los territorios ocupados.

Pero la situación de los palestinos es tan patética como la de la Unión Europea, que es incapaz de afrontar la realidad de la brutal ocupación militar, y como mucho redacta un comunicado tras otro de condena, pero nunca adopta decisiones que sean efectivas contra los abusos del estado judío y contra la violación sistemática de la legislación y las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Funcionarios de las Naciones Unidas expresaron su disposición a ayudar a las familias afectadas, aunque añadieron que la ayuda no podrá compensar la pérdida de los propietarios, algunos de los cuales habían invertido en las viviendas todos los ahorros de su vida. “Entre los palestinos desplazados por la fuerza y las víctimas hay refugiados, y algunos de ellos tienen que enfrentarse hoy a la realidad de un segundo desplazamiento en la memoria de sus vidas”, recogía un comunicado de las Naciones Unidas.