Una nueva cumbre europea para hallar una respuesta al impacto económico y social del coronavirus. Los jefes de Estado comunitarios se reúnen este viernes y el sábado en Bruselas en su primer encuentro en persona tras el inicio de la pandemia. Después de que el estallido de la crisis sanitaria en marzo desatara los egoísmos nacionales, el acuerdo entre Angela Merkel y Emmanuel Macron del 18 de mayo calmó las tensiones europeas. Puso las bases del fondo de reconstrucción europeo, que aún se confronta a las reticencias del club de los "frugales". La capital europea vive este fin de semana otra sesión de tensas y largas negociaciones.

La eurodiputada francesa Aurore Lalucq (1979, Longjumeau) analizó para Público en una entrevista telefónica de casi una hora esta medida clave en la respuesta de la Unión Europea a la covid-19. El fondo de reconstrucción no solo podría verse menoscabado por la oposición de Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, sino también se trata de un dispositivo limitado en su forma actual. "El fondo europeo no servirá para resolver la crisis. Las cantidades puestas sobre la mesa resultan insuficientes", asegura esta representante del grupo socialista en Estrasburgo, que antes de dar el salto a la política era una prestigiosa economista cercana a Yanis Varoufakis y el estadounidense James K. Galbraith.

"La crisis que estamos viviendo provocará unas pérdidas del 5% al 12% del PIB en los principales países europeos, lo que resulta enorme", advierte Lalucq. Para hacer frente a ello, el fondo de reconstrucción estará dotado de unos 750 mil millones de euros. Estos se repartirán en 250 mil millones de préstamos y 500 mil millones de ayudas —la gran novedad—, financiados a través de una deuda común y que beneficiarán sobre todo a Italia y España, los países más afectados. Sin embargo, "estos 500 millones se repartirán entre varios países y durante varios años. Esto representa como mucho el 5% del PIB de los Estados miembros. Es muy poco, se debería haber desbloqueado una cantidad mucho más importante", afirma.

"No hemos salido de la austeridad"

Además de su "cantidad insuficiente", critica las condicionalidades que persisten en el fondo de reconstrucción. Elegida como candidata de Place Publique —una nueva formación de izquierdas creada en 2018 y que se presentó en coalición con los socialistas franceses en las europeas—, Lalucq ejerce como ponente parlamentaria del Semestre Europeo. Este mecanismo, desconocido para la mayoría de los ciudadanos, fue adoptado tras la crisis de 2008 para coordinar las políticas europeas. Pero en realidad sirvió durante la última década para imponer reformas neoliberales. Y ahora con el fondo europeo podría repetirse la misma historia.

"No hemos salido del marco de la austeridad", lamenta. Si el acuerdo Merkel-Macron supuso un avance al lograr que Alemania aceptara el endeudamiento conjunto y las transferencias entre los países del norte y los del sur, "sigue habiendo un problema con las condiciones y parece que en Europa no logramos avanzar respecto a esta cuestión". "Si Roosevelt hubiera exigido este tipo de condicionalidades con su New Deal, los Estados Unidos hubieran tenido muchas más dificultades para superar la crisis de 1929", añade.

Lalucq considera que la exigencia de medidas neoliberales para recibir las ayudas europeas puede suponer una doble pena: "Las políticas de austeridad afectan sobre todo a los sectores más débiles de la sociedad. Durante la crisis sanitaria, las personas que se han encontrado en primera línea no han sido las mejor pagadas, sino las más modestas, como las enfermeras, repartidores o cajeras de supermercado".

Como compensación a su reticencia a una mayor solidaridad europea, los dirigentes "frugales" no solo pueden obtener un endurecimiento de estas condiciones, sino también una reducción del futuro presupuesto de la UE y de las contribuciones de los países más ricos. "Durante esta crisis hemos visto algunos países que defendían posiciones prácticamente indecentes. Fue el caso de Holanda que se dedicaba a dar lecciones de moral a los Estados del sur cuando en realidad este país actúa como un paraíso fiscal", recuerda Lalucq, quien considera que los momentos de mayor tensión se sosegaron tras el cambio de posición de Alemania.

"El coronavirus es una de las primeras crisis medioambientales"

"Esta vez las instituciones europeas han reaccionado mucho más rápido que durante la crisis de 2008", se felicita. No obstante, la eurodiputada discrepa con la acción del Banco Central Europeo. La entidad presidida por Christine Lagarde ha logrado calmar los mercados con un bazuca monetario de 1.350 mil millones. Pero estos recursos pasan primero por el sector financiero antes de llegar a las arcas públicas. "Este sistema nos hace perder mucho tiempo y mucho dinero, ya que no sabemos dónde termina realmente este dinero", lamenta la economista progresista, quien defiende que el BCE "tendría que poder hacer lo mismo que un banco central normal, es decir, financiar directamente a los Estados".

Lalucq también alerta ante el error de responder a la crisis de la covid-19 focalizándose en el crecimiento económico. "El PIB fue creado durante la crisis de los treinta en Estados Unidos y llegó a Europa tras la Segunda Guerra Mundial cuando hacía falta reconstruir el continente. Pero ahora el desafío no es producir más, sino la transición ecológica y la justicia social", explica. En definitiva, según ella, hace falta encontrar los mecanismos para preservar los puestos de trabajo e impulsar una reconversión verde de la economía.

Para ello, considera imprescindible que el fondo de recuperación no eclipse otra de las políticas estrella de la UE: el Green Deal (Pacto verde). "La Comisión Europea ha cambiado respecto a las palabras y ahora siempre habla de crecimiento verde. Pero esto no es suficiente para dirigirnos hacia un mundo mejor", sostiene. Considera que los recursos prometidos hasta ahora para el Green Deal resultan más que insuficientes: "Hablaron de invertir unos 1.000 millones durante diez años, pero en realidad se necesitarían 1.000 millones que se destinaran cada año a la transición ecológica".

"El sector privado no asumirá estas inversiones. El sector público debe liderar la transición ecológica", añade la economista, quien preside un grupo de más de 150 eurodiputados de distintos partidos sobre el Green Deal. Recuerda, de hecho, que "más que una crisis sanitaria, el coronavirus representa una de las primeras crisis medioambientales. La pandemia está relacionada con que la especie humana ha acaparado un espacio excesivo. Ya no hay zonas de separación entre los hábitats humanos y los lugares donde viven los animales".

Al Green Deal "le falta una dimensión social"

Por este motivo, Lalucq defiende que tras la covid-19 tendría que haber "un nuevo Green Deal aún más ambicioso, ya que las crisis también representan momentos de grandes cambios y una oportunidad para cambiar las sociedades en profundidad". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que el pacto verde sería el eje del fondo de reconstrucción. Y el belga Charles Michel, presidente del Consejo, propuso el lunes que el 30% de estos recursos se destinaran a la transición ecológica. Una cantidad "insuficiente", según la eurodiputada.

Además de unos recursos demasiado escasos, considera que el comisario europeo del Clima, Frans Timmermans, tampoco dispone de todas las competencias necesarias para impulsar un pacto verde con la ambición que requiere: "no dispone de las competencias sobre la regulación bancaria, el Semestre Europeo ni las inversiones. Le faltan las herramientas económicas necesarias para impulsar la transición ecológica". "Todo esto hace que el Green Deal se vea limitado a su dimensión tecnológica, a encontrar una respuesta técnica al cambio climático. Y le falta una dimensión social", declara.

Para compaginar la urgencia climática con la social, Lalucq propone un programa de empleo garantizado focalizado en la transición ecológica, inspirado con lo que hizo Roosevelt con el New Deal y las actuales reivindicaciones de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. En concreto, esta medida consistiría en que las administraciones públicas ofrecieran un empleo a todos los parados que lo desearan en tareas imprescindibles para la transformación verde y la biodiversidad, como la conservación de parques naturales, reverdecimiento de espacios urbanos o la protección de los litorales.

"La mayoría de las personas que se encuentran en el paro desean trabajar. ¿Por qué no les proponemos empleos relacionados con la transición ecológica?", se pregunta la eurodiputada. Ella subraya que estos programas de trabajo garantizado pueden resultar más eficaces desde un punto de vista económico que las actuales indemnizaciones de los desempleados: "Un parado en Francia suele tener un coste para las arcas públicas de unos 20.000 euros anuales, mientras que financiar este tipo de empleos costaría unos 18.000 euros por cada puesto de trabajo", calcula. Hallar una solución a la ecuación entre urgencia climática y social. Es, según Lalucq, el principal desafío al que se confronta la política europea y el fondo de recuperación negociado por sus líderes.