Este viernes arranca el primer intercambio de opiniones sobre el plan de recuperación económica y el presupuesto europeo, que tiene como objetivo aliviar los estragos en las economías de los países más afectados por la covid-19 en la UE. Los jefes de Estado y de gobierno llegan a esta reunión telemática con posiciones de partida muy distintas, por lo que no se espera que haya fumata blanca.

Además, el clima de crispación en España parece no entender de medidas de confinamiento y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez llega a esta cita decisiva para el país sin el respaldo de la bancada popular. Gobierno y oposición no han sido capaces de enterrar el hacha de guerra durante la pandemia, batalla que se ha trasladado a Bruselas, donde ha habido una intensa semana de reproches entre socialistas y populares.

Esto añade aún más leña al complejo escenario, marcado por las diferencias de criterio entre los ortodoxos y los defensores del gasto común. Fuentes comunitarias se muestran satisfechas con el hecho de que ningún Estado miembro haya rechazado por ahora la arquitectura general del fondo. Sin embargo, sí existen críticas al tamaño, la forma y la condicionalidad de los fondos.

La base negociadora es la propuesta que lanzó el ejecutivo de Ursula von der Leyen, que consta de un Marco Financiero Plurianual para los próximos 7 años dotado con 1,1 billones de euros y un fondo de recuperación bañado con 750.000 millones de euros. De este dinero, 500.000 millones corresponden a subsidios a fondo perdido y 250.000 a préstamos. La principal novedad de este instrumento, bautizado como ‘Next Generation EU´, es que el Ejecutivo comunitario acudirá a los mercados y captará fondos a través de la emisión de deuda.

A este plan anticrisis habrá que sumarle la triple red de seguridad que aprobó el Eurogrupo en abril. Este paquete, que pretende movilizar hasta 540.000 millones de euros, incluye los 240.000 millones de crédito a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 100.000 millones a través de un fondo contra el desempleo (SURE) y una línea de crédito de 200.000 millones de euros a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Las voces más optimistas creen que es factible hablar de luz verde en verano, pero insisten en que el acuerdo requiere de al menos una cita presencial, donde los líderes puedan mantener reuniones informales en los pasillos. No hay una fecha oficial para el próximo encuentro, pero podría ser el 9 julio, coincidiendo con la elección del nuevo presidente o presidenta del Eurogrupo. Sin embargo, hay quien aventura que la fumata blanca no llegará hasta octubre.

Dualidad norte-sur

Parece ser que más que un debate ideológico entre derecha e izquierda, es una realidad cultural norte-sur. Esto explicaría que los cuatro países conocidos como frugales tengan gobiernos de color distinto, pero trabajen en piña para no mostrar atisbo de flexibilidad individual.

Mientras que Dinamarca y Suecia están liderados por socialistas, Holanda está gobernada por un liberal y Austria por un popular. Sin embargo, los cuatro insisten en no ampliar el presupuesto de la Unión Europea para el próximo ejercicio (2021-2027) y no aprobar el fondo de recuperación propuesto por Bruselas, basado mayoritariamente en ayudas.

"Creemos que cuando pedimos prestado dinero en la UE, la manera más sensata de usarlo es en préstamos para aquellos que realmente lo necesitan, en los mejores términos posibles", aseguran en un artículo publicado en el Financial Times los primeros ministros sueco Stefan Lofven, el holandés Mark Rutte, el austríaco Sebastian Kurz y la danesa Mette Frederiksen.

Además, los halcones fijan la disponibilidad de este fondo de recuperación hasta finales de 2022. Esto implicaría acortar a la mitad la vida del instrumento, que la Comisión Europea ha propuesto de cuatro años. "Tiene que tener un tamaño significativo, pero no mayor de lo que podría ser absorbido por los Estados miembros de forma útil durante la emergencia", añaden en el texto.
Sí coinciden con Bruselas en que las inversiones deben de ir dirigidas, principalmente, a la transición ecológica y digital. Así, también dan su visto bueno a que el plan sirva para inyectar adrenalina a los países más afectados por la crisis, e insisten en que no se puede tomar decisiones "en base a estadísticas previas a la crisis".

Los prestamistas están intentando poner en cuestión las cifras utilizadas por Bruselas como clave de reparto del fondo, como las estadísticas de desempleo entre 2015 y 2019. Sin embargo, fuentes diplomáticas insisten en que la elección de las mismas "tienen una base sólida y no se centran en puntos meramente coyunturales".

De este modo, estas fuentes insisten en que aunque se utilizasen estadísticas más recientes, no bailaría mucho la distribución propuesta por Bruselas. "España, por su estructura, depende mucho del turismo y ha sido uno de los países más afectados por la pandemia y sabemos que el impacto económico va a ser más virulento", añaden.

Los países del sur concentrarían más del 50% de las ayudas del fondo. España e Italia serían los principales beneficiarios, al ser dos de los países más golpeamos por el Covid-19. Madrid podría acceder al 20% del plan, con 140.446 millones de euros, de los cuales 77.324 serían a través de transferencias directas y el resto con préstamos. Roma, por su parte, percibiría 172.745 millones: 81.807 de subsidios y el resto a través de préstamos.

Tiras y aflojas entre socialistas y populares

Los socialistas de la Eurocámara tiran balones fuera e intentan no hablar las diferencias internas con Dinamarca y Suecia. Insisten en que la posición "absolutamente mayoritaria de los socialistas europeos es un fondo de reconstrucción sin condicionalidad macroeconómica, compuesto por subvenciones".

Sin embargo, Javier Moreno, jefe de la delegación española reconoce que Europa "tiene realidades muy distintas, donde los bloques no son monolíticos". "Hay una minoría de países, con sus propias características y coyunturas, que quieren poner condiciones estrictas", señala, en referencia a "los mal llamados frugales". "Holanda es prácticamente un paraíso fiscal y eso no tiene nada de frugal", añade el socialista.

Moreno comenta que entiende las diferencias con los halcones del euro: son países pequeños, que por suerte no han vivido los efectos de la pandemia con la misma virulencia que en el sur y con una situación fiscal totalmente diferente. Sin embargo, reconoce no entender "el apoyo del Partido Popular de España a esta posición minoritaria". "Precisamente el primer partido de la oposición de un país que sí ha sufrido la pandemia de forma dramática, que sí necesita reactivar su economía, y que sí requiere respaldo económico urgente para salir de esta crisis", lamenta.

El jefe de la delegación socialista va más allá y denuncia que la bancada popular "se empeñe en sembrar la duda sobre nuestro país, precisamente cuando más necesitamos que nos apoyen. Es una traición a los intereses de todos los españoles".

Los populares, sin embargo, se defienden explicando que ha sido su partido, al que pertenece la presidenta del Ejecutivo comunitario, el que "ha impulsado el plan de recuperación de la UE contra el coronavirus, que es el más ambicioso de ayudas para todos los Estados miembros y del que vamos a beneficiarnos los españoles".

La jefa de la delegación española, Dolors Montserrat, hace hincapié en que su partido “defiende con lealtad los intereses de los españoles en Europa”, aunque insiste en que esta ayuda "debe de ir acompañada de responsabilidad con un paquete de reformas ambiciosas". "Cuando el PP estuvo en el gobierno hizo un paquete de reformas muy importantes que ayudó a impulsar la economía y a volver a crear empleo, una reforma laboral que creó 3 millones de empleo", añade.

Fuentes diplomáticas han reconocido que no hay mucho ruido en la escena internacional, aunque han hecho hincapié en que la fortaleza de una posición nacional "depende de muchos factores, pero un consenso político interno potente seguro que ayudaría".

Acuerdo en la Eurocámara

En la víspera de la cumbre europea, las principales fuerzas de la Eurocámara han dado a conocer una carta donde avisan a los líderes que no van a aceptar una reducción en la ambición del plan. Así, los eurodiputados y eurodiputadas socialistas, populares, liberales, ecologistas y la izquierda europea insisten en que solo aprobarán el presupuesto si se incluyen nuevos recursos. "Un plan de reembolso creíble solo puede financiarse con recursos propios", añaden.

Para hacer frente a las cifras propuestas por la Comisión y evitar que los Estados miembros se vean obligados a incrementar sus contribuciones o reducir el presupuesto europeo, Bruselas propone la creación de nuevas fuentes de ingresos a través de recursos propios. Plantea, entre otros, un gravamen al plástico, una tasa por la entrada de carbono al bloque, una tasa digital y una parte de los beneficios del sistema de comercio de emisiones.

Así, la Eurocámara insiste en la importancia de poner en marcha nuevos impuestos para reducir la necesidad de transferencias directas de las haciendas nacionales y aliviar la presión sobre los ciudadanos. "Los mercados de deuda deben de saber cómo van a recuperar su dinero", apuntan.

Incluso en esta ocasión, con fumata blanca entre las distintas familias políticas, la batalla entre populares y socialistas ha empañado el acuerdo. Según los socialistas, "el acuerdo ha tardado en llegar porque los populares insistían en introducir cambios en la condicionalidad". Sin embargo, según los populares, "el problema ha estado en los socialistas, que no querían introducir el término responsabilidad al hablar del uso de los fondos".

Condicionalidad

El Ejecutivo comunitario ha insistido en que las ayudas del fondo de recuperación no estarán sujetas a condiciones ligadas a reformas financieras como en la crisis precedente. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha reiterado este último mes que "no es un programa de ajuste", sino que se trata de "una herramienta nueva, voluntaria y basada en las prioridades nacionales".

Mientras que los populares insisten en la importancia de vincularlo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, otras formaciones temen que haya una vinculación excesiva que pueda desvirtuar el plan anticrisis. Según la propuesta de la Comisión, los países podrán presentar su plan de recuperación hasta el 30 de abril de 2021, apoyado en las recomendaciones del Semestre Europeo y con la transición ecológica y digital como objetivo central.

Fuentes españolas defienden que la única condicionalidad debe de ser que los fondos se usen para las actividades que se financian, como ocurre con programas comunitarios como la Política Agraria, de Cohesión o fondos de I+D. "Sin condicionalidad desorbitantes", añaden. "Creemos que hay que gastar el dinero para invertir, para renovar nuestro tejido económico, para hacer más eficiente nuestra economía", insisten.

Europa se encuentra ante una crisis sin precedentes, donde todavía no sabe cuál será el coste económico y social que deje tras de sí la pandemia. Sin embargo, fuentes europeas reconocen que también está en juego la credibilidad en el proyecto comunitario.

Por ello insiste en que cuanto más tarde la Unión Europea en dar una respuesta, "más caro, más doloroso y más difícil será la solución a esta crisis global". "Hay que decirles a los mercados que Europa reacciona en singular, a los ciudadanos que Europa protege y a los actores económicos que la UE tiene soluciones", apostilla un diplomático.

Los fondos no estarán disponibles hasta el 1 de enero, a excepción de los 11.500 millones de euros que Bruselas pretende adelantar a partir de septiembre. Sin embargo, para cumplir con los tiempos, se necesita un acuerdo para verano.
Según comentan, el modelo propuesto por la Comisión Europea es complejo porque implica una actividad en los parlamentos nacionales, además de la luz verde por parte de la Eurocámara. Una vez que los líderes limen sus diferencias, el plan exige una ratificación de los 27 parlamentos, donde no todos tienen procesos ágiles, antes de ser votada en la Eurocámara.