Un guardia civil ha admitido que advirtió al líder popular Francisco Granados, supuesto líder de la trama Púnica, de que la Unidad Central Operativa (UCO) de este cuerpo investigaba en Valdemoro, su localidad. Esta actividad policial en su entorno preocupó al político, según ha reconocido un exasesor suyo, también guardia civil en excedencia.

Los tres afrontan una petición fiscal de 3 años de cárcel por revelación de secretos en el juicio por este ‘soplo’ que se celebra en la Audiencia Nacional. En el caso de Granados la petición se eleva a 6 años por parte de la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE).

"Yo le comento que estábamos pasando una época en la UCO con muchísimo trabajo y estaba convencido de que en Valdemoro estaba haciendo algún seguimiento. Le dije: hay tanto trabajo que la unidad ha llegado hasta a Valdemoro", ha reconocido que transmitió a Granados el agente José Manuel Rodríguez Talamino, vecino de dicha localidad.

Este agente se ocupaba de seguimientos y pinchazos telefónicos en la Guardia Civil. Según la Fiscalía fue el encargado de instalar una cámara frente a la sede de las empresas del socio de Granados, David Marjaliza, en Pinto (Madrid). Rodríguez Talamino ha negado al tribunal que diera detalles de personas investigadas, ni de dispositivos: no hizo “ninguna mención a nadie”.

“Don Francisco Granados”, como así le llamó Talamino ante el tribunal, tendrá que explicar este miércoles a partir de las 9 de la mañana porqué estaba tan preocupado aquellos días de septiembre de 2014 y si realmente se enteró de que existía una investigación secreta de la UCO dirigida por la Audiencia Nacional.

A partir de entonces, los investigados en esta trama del ladrillo se volvieron más cautos. Y el juez Eloy Velasco, titular del juzgado de instrucción 6, ordenó en octubre de 2014 la operación Pública, con la detención de Granados y de su socio, David Marjaliza, entre más de 50 detenidos.

La presencia de la UCO en Valdemoro preocupaba a Granados, según ha reconocido al tribunal su exasesor de seguridad José Luis Caro Vinagre. Guardia civil en excedencia, Caro Vinagre fue fichado en 2007 por Granados como persona de confianza de la consejería de Presidencia.

Caro Vinagre ha negado al tribunal la existencia del chivatazo: “la única información que tengo es la que me da el señor Granados”. Además, se ha negado a revelar a las fiscales del caso si su fichaje por la Comunidad de Madrid le supuso un aumento de ingresos: “No tengo por qué contestarle. No entiendo esa pregunta”.

“Me sonó a advertencia”

El presunto soplo se produjo la noche del día 5 de septiembre de 2014, en plenas fiestas locales. Talamino comentó a Granados que tenía que hablar con él. “Me sonó a advertencia”, expone el político a su exasesor en una conversación con Caro Vinagre interceptada en la investigación de este supuesto soplo. 

En otra conversación del 7 de septiembre se escucha a Caro Vinagre avisar a Granados de que “el tema va pa´lante y serio”. Granados le dice: “Se lo he dicho al otro”. “Por lo que yo he visto y tal… 100% y con una pinta mala-mala”, explica de manera enigmática Granados a su exasesor el 7 de septiembre de 2014 en otra de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil.

Fue el 13 de septiembre cuando Caro Vinagre habla con Talamino. Quedaron a tomar algo. Le preguntó qué había pasado, porque Granados estaba preocupado. Según él, Talamino no le contó nada del dispositivo ni de David Marjaliza. “Mi impresión era que no había nada del señor Granados y no estaba ni preocupado. Cuando salta esto me parece todo increíble. No tengo ni idea”.

En busca de la nulidad

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y supuesto líder de la trama Púnica era el número dos de Esperanza Aguirre en el Partido Popular madrileño.

Su abogado, Javier Vasallo, ha desplegado una estrategia a largo plazo en busca de la nulidad de las intervenciones telefónicas que prueban este supuesto chivatazo. En las cuestiones previas ha expuesto las razones de tal nulidad, que han sido rechazadas por la presidenta del tribunal, Manuela Fernández Prado, quien dará una respuesta más detallada al término de la vista oral.

Su objetivo es que sea el Tribunal Supremo el que anule estas pruebas, en base a la larga jurisprudencia que tiene sentada este tribunal desde la década de los años 90, cuando anuló las escuchas del caso Naseiro.

La razón: el Supremo sostiene que cuando se descubre un delito colateral dentro de una investigación éste debe ser dado a reparto para que se abra una nueva causa. Aquí, el chivatazo fue descubierto dentro de la trama Púnica que instruía el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien abrió una pieza separada.

La presidenta Fernández del Prado del tribunal que juzga esta pieza ha asegurado que ambos casos están conectados. Pero la defensa de Granados ha alegado que estas escuchas debieron ser autorizadas “a través de autos concretos".

La fiscal Carmen García Cerdá se ha opuesto a esta nulidad: Francisco Granados se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le "amurallaron para conseguir su impunidad" y los soplos al exconsejero madrileño acerca de la investigación fueron "una constante".

Granados era una persona pública que construyó "un entramado clientelar" para canalizar las ganancias ilícitas y buscar su impunidad", razones suficientes para intervenir sus comunicaciones, según la Fiscalía Anticorrupción.

Las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez Velasco estaban basadas en los "indicios suficientes y sólidos sobre ese abuso de poder y tráfico de influencias" que llevó a investigar a Granados. Estas escuchas no produjeron ningún "perjuicio real" al político madrileño, en contra de lo que expone su defensa, por lo que no existió vulneración alguna a su derecho a la intimidad y de secreto de las conversaciones.