El Gobierno de España ha recibido la voluntad de renuncia a pleitar de demandantes de los fondos The PV Investors, RREEF y Stadwerke contra los recortes en la remuneración en las instalaciones de renovables que se llevaron a cabo entre 2010 y 2014, solicitando acogerse a la solución propuesta por el actual Ejecutivo a finales del año pasado para garantizarles una rentabilidad a su inversión a cambio de descartar los procedimientos arbitrales, según informaron fuentes conocedoras del proceso.

De esta manera, los tres fondos se unen a la sociedad de los Emiratos Árabes Unidos Masdar Solar & Wind Cooperatief, que se convirtió en la primera en presentar formalmente su renuncia a percibir la indemnización que le había sido reconocida por un laudo condenatorio contra España  (uno de los de mayor cuantía, con un importe de 80 millones de euros) optando por la solución ofrecida por el actual Ejecutivo español.

En el caso concreto de las distintas empresas demandantes en el laudo The PV Investors, también han comunicado la voluntad de acogerse al régimen de remuneración más elevada previsto en el Real Decreto Ley 17/2019 lanzado por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El importe total que España tenía que pagar ascendía a 91,1 millones de euros, alrededor de 5% de lo que los demandantes solicitaron al inicio del arbitraje (un total de 1.900 millones de euros).

Dentro de este laudo, Element Power Holdings BV, que recibió una compensación en el laudo de 2,2 millones de euros, ha planteado renuncia a tal resarcimiento. Además, varios de los demandantes que no recibieron compensación alguna en el laudo arbitral de este arbitraje han presentado renuncia, comprometiéndose a terminar anticipadamente el procedimiento de anulación, además de a su reinicio o continuación.

The PV Investors fue el primer caso presentado en virtud del Tratado sobre la Carta de Energía en contra de España en relación con la reforma energética española de los años 2010 a 2014, si bien el laudo se dictó tras más de ocho años de procedimiento y después de que se hubieran dictado 18 laudos de distintos tribunales relacionados con el mismo asunto.

La resolución del laudo supuso un éxito para España, dado que sus tesis fueron ratificadas. En su sentencia, el tribunal desestimó íntegramente y consideró que las medidas objeto de controversia en el laudo eran razonables, no arbitrarias, proporcionales y transparentes y concluyó que bajo el marco regulatorio español, en el momento de la inversión, los demandantes solo podrían esperar recibir una tasa de rentabilidad razonable.

También han comunicado su voluntad de renunciar algunos de los demandantes del laudo RREEF, en el que se condenó al Reino de España al pago de 59,600 millones de euros, cantidad muy inferior a la inicialmente pedida, que ascendía a 441 millones de euros. En este caso, la renuncia se refiere al cobro de 1,1 millones de euros asociados a todas las instalaciones eólicas.

Mientras, los demandantes del laudo Stadwerke, dictado íntegramente a favor de los intereses de España, también han manifestado su intención de terminar anticipadamente el procedimiento de anulación en el arbitraje y la renuncia fehaciente a su reinicio o continuación.

Solución del Gobierno al recorte

En noviembre del año pasado, el Gobierno aprobó un decreto ley para fijar un marco retributivo estable en las instalaciones afectadas por el 'hachazo' a las renovables en legislaturas anteriores y tratar así de poner fin a los litigios abiertos.

Con ello, ofreció a los titulares que habían presentado demandas la posibilidad de que la rentabilidad razonable para sus instalaciones se mantuviera en el 7,398% hasta 2031.

Las mismas fuentes precisaron que este marco normativo favorable ha propiciado la presentación de estas renuncias y, dado que el plazo se ha visto ampliado hasta el 18 de diciembre, debido al estado de alarma, y los resultados favorables a España en las sentencias y decisiones, "se esperan nuevas renuncias en los próximos meses".

Los procesos arbitrales abiertos suman un total de 48, estando 29 de ellos pendientes de resolución del arbitraje, lo que supone una amenaza para España del abono de multas millonarias. Los 19 restantes se encuentran en fase de anulación o de anulación y ejecución.

Los laudos condenatorios de mayor cuantía pertenecen, en su gran mayoría, a una primera tanda de laudos publicados antes de noviembre del año pasado.

Desde entonces, la defensa del Reino de España ha logrado un cambio en la jurisprudencia de las cortes arbitrales, que ha dado como resultado seis laudos favorables para los intereses del país en los últimos meses.