El fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por el despacho de abogados Cuatrecasas ha sido muy cuestionado, empezando porque se produjo en marzo de 2019, cuando ni siquiera había pasado un año desde que se vio expulsada de la Vicepresidencia del Gobierno, vía moción de censura. Lo que entonces no se había cuantificado es que la exvicepresidenta pasaba a integrarse en el bufete español a cargo de más demandas de inversores contra el Estado por los recortes a las energías renovables, en su mayoría orquestados por el Gobierno de Mariano Rajoy, o que el despacho reclamaba compensaciones por valor de más de 1.800 millones de euros por el supuesto perjuicio económico causado por estos cambios normativos a las expectativas de negocio de estos inversores. 

Hoy se sabe que el bufete, en cuyo Consejo de Administración se sienta Santamaría, asesora a inversores en seis de los 30 casos actualmente abiertos de demandas a España ante instancias arbitrales internacionales por esta cuestión. Estos organismos son la suerte de tribunales privados que promueven como blindaje a los inversores los tratados comerciales como el CETA o el sepultado TTIP. Dictan laudos de obligado cumplimiento, y sólo los fondos y multinacionales, y no los ciudadanos, pueden recurrir a ellos para demandar a estados. Para sustentar estos litigos, los inversores se acogen al Tratado de la Carta de la Energía -firmado en 1994-, que les permite reclamar compensaciones a los Estados que vulneren sus "expectativas legítimas" a la hora de invertir.  

Los documentos consultados por el think tank Transnational Institute y por Público prueban que todos los casos que lleva este bufete, pero también la inmensa mayoría de las demandas registradas por el hachazo a las renovables (todas, salvo dos de 40) aluden expresamente a las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Santamaría. Los principales recortes del Ejecutivo fueron impulsados por José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo de España entre 2011 y 2016, si bien Santamaría era la responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Cada miércoles, Santamaría rechazaba o daba luz verde a las normativas que finalmente serían aprobadas por el Consejo de Ministros, dos días después.  

Actualmente el bufete trabaja en esas seis demandas, todas ellas formuladas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -dependiente del Banco Mundial-, por valor de 1.334 millones de euros, según los datos del propio CIADI y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). 

No obstante, si se tienen en cuenta los tres casos ya archivados gestionados por el mismo despacho, todos resueltos este año en favor de los inversores, el importe total demandado a España se incrementa en 528.4 millones, hasta alcanzar los 1.862,4 millones de euros. En 2014, el importe del recorte a las renovables realizado por el Ejecutivo del PP rondó los 1.750 millones. 

Así, en lo que respecta a los tres litigos resueltos este año, en junio España fue condenada a pagar 290.6 millones a NextEra, que inicialmente había reclamado 393,6 millones. En septiembre fue el turno de Schwab Holding y Opera Fund Ecoinvest, que reclamaban más de 42 millones y finalmente lograron un laudo favorable por 27 millones. Un mes antes, en agosto, los árbitros fallaron en favor de Infrared Environment Infrastructure, que reclamaba 92 millones de euros, si bien en las bases de datos consultadas no aparece el importe que se embolsará finalmente. 

Todos ellos fueron asesorados por Cuatrecasas (en el caso de NextEra, este bufete actuó con otros despachos), y todos los casos consultados mencionan expresamente entre los motivos de demanda una de las modificaciones legales del Ejecutivo de Santamaría: la tasa por generación energética, que se aplica a las eléctricas y que finalmente estas endosan a los consumidores a través de sus facturas. Todas las demandas que lleva este despacho fueron registradas entre 2013 y 2018. Santamaría dejó la vicepresidencia en junio de ese año. 

"Más de la mitad de las demandas conocidas contra España bajo el Tratado sobre la Carta de la Energia -21 de 40- implican a inversores que mantienen vínculos con los sectores del gas, el carbón, el petróleo y la energía nuclear", explica a este medio Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute. "Estas empresas hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades, y cuando se recortaron dichas subvenciones utilizaron el arbitraje de inversiones para demandar al Estado por millones de euros que pagaremos de nuestros bolsillos", apunta. 

Desde la reforma energética del PP, precedida por otra del Gobierno del PSOE, España está a la cabeza de los ránkings de demandas ante instancias arbitrales. La factura por la docena de laudos perdidos en favor de los inversores sólo en lo que respecta al hachazo a las renovables supera ya los 800 millones, si bien el Estado se resiste a pagarla. 

De hecho, la Abogacía del Estado, que defiende a España en estos procedimientos, ha solicitado la anulación de los laudos favorables a grupos inversores comunitarios, amparándose en que en 2018 la Comisión Europea se posicionó en contra de que entre los 27 se utilicen estos mecanismos, propios de tratados bilaterales con terceros. Bruselas tuvo en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea; La resolución, dictada en marzo de ese año, estableció que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son contrarios a la normativa comunitaria. 

Cuatrecasas: "Santamaría sólo se dedica a su área"

Además de ser socia del despacho, y de sentarse en el Consejo de Administración de la firma, lidera la práctica de Corporate Governance and Compliance del bufete, según su página web. Desde Cuatrecasas afirman que Santamaría sólo trabaja en su área, y subrayan que nunca ha hecho incursiones en la parcela del arbitraje. Fuentes jurídicas precisan que en despachos de este calibre los departamentos suelen ser estancos.  

En el comunicado en el que anunciaba el fichaje de Santamaría, Cuatrecasas destacó que su contratación cumplió "con todos los trámites exigidos" por la normativa de altos cargos, e incidió en que había sido autorizada por la Oficina de Conflictos de Intereses. 

El Gobierno en funciones quiere poner fin a los litigios

Este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que los afectados por el recorte que aplicó el PP a la retribución a las instalaciones renovables mantendrán su rentabiliad durante 12 años (hasta 2031) en el 7,39% si renuncian a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen abiertos, o a las indemnizaciones que lograron en ellos. Según el Ejecutivo en funciones, España tiene abiertos 45 demandas de inversores internacionales por el recorte del PP, y la cantidad demandada supera los 10.000 millones de euros.  

Con todo, el importe total demandado es difícil de cuantificar. Según la ministra de Transición Ecológica hoy en funciones, Teresa Ribera, España acumula pleitos por unos 15.000 millones por el recorte a las renovables, teniendo en cuenta todas las demandas registradas en instancias nacionales e internacionales. El dato es de septiembre de 2018; la ministra Ribera lo desveló en el Congreso de los Diputados, si bien Transición Ecológica ha obviado las preguntas de Público sobre el montante actual. 

Bárcena calcula que la cantidad que los inversores internacionales reclaman a España ronda los 8.000 millones, e incide en el "riesgo incalculable" que supone el Tratado sobre la Carta de Energía, con la demanda a NextEra como ejemplo. "(Con los 290 millones que podría tener que pagarle España) Estamos hablando de dos veces mas de lo que el Gobierno del PSOE anunció en septiembre que España aportaría al Fondo Verde de la ONU para apoyar acciones frente al cambio climático. En lugar de pagar a inversores millonarios, y a los bufetes de élite que se están enriqueciendo del arbitraje contra España, ese dinero se podría usar para avanzar en un plan de transición energética justa", abunda. 

Los otros costes de los arbitrajes

Más allá del pago de las demandas, el resto de costes asociados a los arbitrajes también son astronómicos. Según el análisis de la documentación pública llevado a cabo por el TNI, en el 88% de los casos los demandantes no son empresas de energía renovable, siquiera de energía, en genérico, sino que se trata de fondos de capital u otro tipo de inversores. 

El negocio del arbitraje suele quedar en manos de unos pocos despachos de EEUU o Reino Unido; su tarifa por hora de asesoramiento puede rondar los 800 euros por profesional dedicado a un caso. Por aterrizarlo en un caso concreto, a los 290.6 millones que España debe pagar a NextEra se suman, según Europa Press, los gastos por intereses (del 0,234% durante tres años y dos meses) y los costes legales, que rondarían los cinco millones de euros. 

Según el TNI, un arbitraje cuesta entre seis y 22 millones, y el número de demandas ha izo creciendo año a año: en 1996 hubo 38 casos, en 2011 ya eran 450, y hoy son 983, según la base de datos de la UNCTAD. Un negocio boyante.