El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres ha respondido con dureza este lunes al president de la Generalitat, Quim Torra, en el juicio por el que se sienta en el banquillo por un supuesto delito de desobediencia. En el turno para exponer su informe final, el representante del Ministerio Público ha afeado al president su continuada "falta de respeto institucional" a la Junta Electoral Central (JEC). 

El máximo exponente de esta "falta de respeto", según Bañeres, llegó cuando, "en un gesto de pura befa", el president sustituyó la pancarta con un lazo amarillo" exhibida en la sede de la Generalitat por otra con un lazo blanco: "Se vino arriba",  le espetaba. 

La Fiscalía, la acusación popular que ejerce el partido ultraderechista Vox y la defensa de Torra anticiparon esta mañana que elevaban a definitivas sus conclusiones sobre la causa, y la sesión de tarde ha arrancado pasadas las 16.00 horas con el relato del Ministerio Público, que ha disparado contra todos los argumentos vertidos por el equipo legal de Torra. Horas antes, sus abogados pedían declarar la nulidad de todas las actuaciones por la supuesta vulneración de varios derechos del president. 

Según el relato de Bañeres, desde el 11 de marzo, cuando recibió la primera orden de retirar los símbolos -11, 18 y 21 de marzo-, Torra fue elevando el tono hasta el 21 de mismo mes, para después presentar una querella contra toda la JEC. "No tuvo ningún recorrido"; "Me abstengo de calificarla [la querella]". Fue, según el Ministerio Público "un gesto que no acabamos de entender, de una persona que dice abominar de la judicialización", apostillaba. 

Además, el fiscal ha incidido en que este caso cuadra a la perfección con los requisitos que el Código Penal establece para el delito de desobediencia (artículo 410): que exista una orden dictada por un organismo competente, que el sujeto al que vaya dirigida la incumpla abiertamente, y que este incumplimiento responda a un "propósito deliberado". "El acusado no lo ha ocultado", decía el fiscal, y no ha dudado en "aprovechar todas las comparecencias" para incidir en sus propósitos, apuntaba, mientras se erigía "como paladín de la libertad de expresión".  

En otro orden de cosas, Bañeres ha defendido que la JEC debe tener "capacidad ejecutiva para intervenir" y garantizar "la limpieza" del proceso electoral -"Es su competencia exclusiva y excluyente"-, y que, en contra de lo esgrimido por Torra, esta cuestión no atañía a las juntas provinciales, sino que la JEC sí era jerárquicamente superior a la Generalitat en esta materia. La orden, además, era legítima, y no "un mensaje caprichoso o teledirigido, o enfocado exclusivamente a situar en el banquillo de los acusados al presidente", incidía. 

A su vez, recordaba que Torra "jamás" puso en cuestión la competencia de este órgano, hasta que llegó la resolución del día 21, "sabiendo que puede acabar en una querella". El lazo amarillo, apostillaba, no puede ser considerado neutral, porque "no es compartido por toda la ciudadanía".

Vox y su 'alergia' al catalán

Por su parte, el letrado de Vox, Juan Cremades, ha dado nuevas muestras de la alergia al catalán de la que ya hizo gala Javier Ortega Smith, número dos del partido ultra y su principal representante en el juicio del procés -al que Cremades también asistió en algunas ocasiones, como sustituto-. 

 Así, en su breve exposición, en la que se ha limitado a reincidir en lo expuesto por el fiscal, Cremades ha destacado más por evitar pronunciar palabras en catalán: Generalidad, Plaza de San Jaime e incluso Síndico de Agravios han sido algunos de los términos empleados, en referencia a la Generalitat, la Plaza de Sant Jaume y al síndic de greuges.

Vox acusa a Torra de "regodearse" en su desobediencia, y añade a la acusación de la Fiscalía un delito de denegación de auxilio, por lo que reclama una pena de 2 años de inhabilitación y multa de 72.000 euros, frente a los 30.000 que pide imponer el Ministerio Público. 

La defensa de Torra reclama que el TJUE evalúe la imparcialidad de los jueces antes de que haya sentencia

Por otro lado, la defensa de Torra ha reclamado que el TJUE evalúe la imparcialidad de los jueces que componen el tribunal -han recusado a dos de ellos- antes de que se dicte sentencia Los abogados del president, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, han pedido al tribunal que eleve varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y que el TSJCat no dicte sentencia hasta que el tribunal las resuelva.

No obstante, el presidente de la sala y del TSJCat, Juan María Barrientos -uno de los recusados-, ha rechazado por "extemporánea" esta petición. Y, como hicieran Torra y Elbal horas antes, Boye ha incidido en que la JEC no era un órgano "superior ni competente" para dar órdenes al president. Le acusa de redactar resoluciones "coloniales", y de perseguir símbolos ideológicos en su resolución para que retirara los lazos. Actuó, dice, por una "motivación política". 

En la misma línea, Boye ha afeado a la JEC que no persiga el incumplimiento de sus resoluciones por parte de Vox, en relación al rechazo de los ultras a levantar sus vetos a los medios de comunicación para la cobertura de las elecciones generales del 10-N, tal y como le ordenó la Junta Electoral Central.

La defensa reclama la libre absolución del president.