Llegó arropado por cientos de simpatizantes y por la plana mayor del Govern, y abandonó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) sugiriendo que aceptaría una hipotética condena, pero que esta no supondrá su destierro como figura clave del independentismo. "Me pueden condenar, pero no cambiarán la legitimidad de los que me eligieron", esgrimió este lunes el president de la Generalitat, Quim Torra, en el turno de última palabra en su juicio por desobediencia.

De hecho, desde el banquillo de los acusados reconoció haber desobedecido, pero dejó claro que en ningún caso podría haber cumplido una orden "ilegal", esto es: las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) exigiéndole que retirara lazos amarillos, estelas y otros símbolos de distintos edificios de la Generalitat en la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril.

Desde las 9.00 de la mañana, y hasta pasadas las 18.30 horas, un tribunal de tres magistrados, con el presidente del TSJCat, Jesús María Barrientos, a la cabeza, ha escuchado las dos intervenciones de Torra -sólo ha respondido a sus defensas-, así como a los cinco testigos que han comparecido ante el tribunal, ya que las partes han prescindido del testimonio de otros tantos, pese a que habían sido citados.

Ante dos de los jueces a los que intentó apartar de la causa, la defensa de Torra ha pedido al TSJCat que posponga la sentencia hasta consultar al Tribunal de Justicia de la UE -y a que este responda- si el president ha tenido o no un juicio justo. Han denunciado ésta y otras supuestas violaciones de los derechos de Torra, sugiriendo que la Justicia europea quizás tendrá algo que decir al respecto, y el propio president ha acusado a la Fiscalía de ser una herramienta al servicio del Estado, citando palabras del propio presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para apuntalar su tesis.

A su vez, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha cargado con dureza contra Torra, el hombre que "se vino arriba" en su "espiral" de "faltas de respeto" a la JEC. Con la acusación popular de los ultraderechistas de Vox en su habitual registro -mostrando su 'alergia' al catalán y afilando parcialmente los argumentos de la Fiscalía-, Bañeres no ha tenido problemas en erigirse en la némesis de Torra y de su defensa.

Frente a sus tesis, el fiscal ha esgrimido que la JEC era competente para actuar, y que gozaba de la necesaria superioridad jerárquica para dar órdenes al president; que todo se hizo conforme a derecho. Que Torra actuó -por ejemplo, querellándose contra la JEC- únicamente para torpedear su acción, y que sólo negó la competencia de este órgano cuando supo que tendría problemas judiciales, sin que éste fuera un argumento esgrimido anteriormente.

La defensa, a su vez, pidió la nulidad de las actuaciones por la supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial o a la presunción de inocencia, como expusieron Isabel Elbal, primero, y Gonzalo Boye, después. Negó esta superioridad jerárquica de la JEC, le reprochó que hiciese la vista gorda ante otros incumplimientos de sus resoluciones -citó el caso de Vox, que desoyó sus órdenes de no vetar a medios de comunicación en campaña electoral-, mientras Torra afirmaba que la JEC le empujaba a prevaricar.

Y ha habido varios rifirrafes, no sólo entre las partes: Barrientos ha afeado los comentarios de Torra, e incluso le ha interrumpido cuando éste explicaba que decidió no responder a la Fiscalía por considerarla parcial, o cuando definía a la formación ultraderechista como un "partido franquista". “No se le permite ninguna manifestación ofensiva o descalificadora a las partes”. “No voy a permitir ese tipo de descalificaciones”, le espetaba el magistrado.

A su vez, el letrado Boye abroncaba al tribunal por no referirse al president con el tratamiento de 'Molt honorable', y se limitase a usar la fórmula de cortesía "señor". Barrientos respondía que precisamente perseguían actuar como ante cualquier otro ciudadano, para que nadie pudiese inferir que Torra se beneficiaría de privilegios por su cargo.

Además, Torra guardaba algún dardo para el presidente del tribunal, intercalado entre pronunciamientos políticos, y pasando por su explicación sobre los orígenes de los lazos amarillos, mientras el fiscal recordaba la jurisprudencia sobre el carácter partidista de las esteladas; no representan a todos los catalanes, decía. Y Boye respondía que tampoco las fotos del rey, Felipe VI, generan sensación de inclusión entre todos los ciudadanos.

Todas las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, lo que supone que la Fiscalía ha pedido un año y 8 meses de inhabilitación para Torra, así como una multa de 30.000 euros; Vox ha reclamado dos años de inhabilitación por desobediencia y por denegación de auxilio, y la imposición de una multa de 72.000 euros. La defensa, por su parte, ha exigido la libre absolución.

Entretanto, la calle se iba vaciando y a mediodía apenas quedaban un centenar de personas ante el tribunal, a las que el president ha querido saludar al acabar la sesión de mañana. Como el expresident Artur Mas primero, y el vicepresident Oriol Junqueras después -el expresident Carles Puigdemont no ha sido juzgado-, Torra pasaba a engrosar la lista de presidentes catalanes arrastrados fuera del tablero político por la "judicialización" del 'procés'.

Es el primer president que llega al banquillo estando en activo, y su eventual inhabilitación podría acelerar la convocatoria de unas nuevas elecciones catalanas, que ya se atisban en el horizonte. Dependiendo de si es condenado o no podrá aspirar a la reelección, pero hasta que llegue la sentencia ya ha jugado casi todas sus cartas.

Vox renuncia a testigos y acelera el juicio oral

Por la mañana, tras la declaración de Torra, la Sala escuchó el testimonio de cuatro agentes de Policía Nacional que recibieron instrucciones para fotografiar edificios de la Generalitat y su sede, en la Plaza de Sant Jaume. Aseguraron que los símbolos permanecieron donde estaban pese a los requerimientos de la JEC.

De los 11 agentes citados, finalmente sólo han testificado cuatro, ya que las partes han aceptado prescindir del resto de comparecencias. De hecho, apenas tres horas después de que arrancase la vista, que requirió de casi dos horas para dirimir las cuestiones previas, Barrientos anunció un receso de una hora, hasta las 13.00, ya que hasta entonces no estaba citado el siguiente testigo, el comisario jefe de los Mossos d`Esquadra Miquel Esquius.

Esquius ha respondido a las escasas cuestiones de la Fiscalía, la acusación popular de los ultraderechistas de Vox y de la defensa de Torra en apenas 15 minutos, y después ha dado comienzo la fase de prueba documental.

Las pantallas han reproducido parte de las respuestas de la exportavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, en la rueda de prensa en la que anunciaba la decisión del president de mantener la pancarta en el Palau de la Generalitat para "defender la libertad de expresión". Ha sido la única documental expuesta; el resto se han dado por reproducidas.

Algo antes, la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox anunciaba su decisión de renunciar a varios testigos citados para la tarde: el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern y concejal en Barcelona, Elsa Artadi, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el presidente de Cs en el Parlament, Carles Carrizosa.

Vox era la única parte que reclamaba su citación, si bien ha decidido desistir de escucharles después de que el conseller Buch presentase una baja médica que le permitía no comparecer. Para el letrado Juan Cremades, esto no era "justificativo" para no comparecer en un juicio.

Los lazos, por cierto, fueron retirados.