El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley por el que los afectados por el recorte que aplicó el PP en 2013 a la retribución a las instalaciones renovables mantendrán su rentabilidad durante doce años (hasta 2031) en el 7,39% si renuncian a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen abiertos, o a las indemnizaciones que lograron en ellos.

El Gobierno cifra en un total de 45 laudos los frentes abiertos por inversores internacionales contra el Gobierno de España por ese recorte retroactivo que se aplicó en su retribución, ascendiendo a un importe total las peticiones de indemnizaciones de más de 10.000 millones de euros.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta normativa es "dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas".

En concreto, el real decreto ley fija un marco retributivo estable para esas instalaciones renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 para gozar de la actual rentabilidad del 7,39% durante los próximos periodos regulatorios (un total de 12 años), hasta 2031. Los que no se acojan a esa opción tendrán una rentabilidad del 7,09%, que es la que ahora el Gobierno fija por este real decreto-ley para el periodo 2020-2025.

Con esta normativa, que recoge la misma propuesta cuyo trámite ya inició Gobierno a finales del año pasado pero que finalmente no pudo ser aprobado ante la convocatoria de elecciones generales, Ribera consideró que se busca ofrecer una solución a los inversores que permita "mitigar el impacto" de los recortes de 2013 y "mantener la estabilidad y la predictibilidad de su inversión".

Hasta ahora, el Estado ya ha recibido un total de 10 reveses en los distintos tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas por un importe total de 821 millones (aunque las reclamaciones en esos casos ascendían a unos 1.700 millones de euros). "No obstante, no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa", indicó Ribera.

Así, la ministra para la Transición Ecológica consideró que esta oferta lanzada por el Gobierno a ese tipo de inversores damnificados "pueda ser considerada como una medida que mitiga el impacto de la decisión regulatoria y reduzca la litigiosidad pendiente e incluso invite a la renuncia del cobro para poder garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años", dijo.

El sector fotovoltaico aplaude la decisión

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha valorado positivamente el real decreto ley aprobado por el Gobierno para garantizar la rentabilidad de las renovables hasta 2031, al considerar que da "estabilidad" a las 60.000 familias fotovoltaicas que hay en España.

Para la asociación, esta nueva normativa se produce tras la acumulación durante los últimos diez años de "recortes retroactivos" que habrían mermado hasta en un 50% las retribuciones acordadas por el Estado. De esta forma, Anpier destaca que estas familias no van a verse expuestas a otro recorte "salvaje" adicional del 20%, que "no hubieran soportado", después de haber tenido que refinanciar sus activos para no perder sus instalaciones o patrimonios personales.

El presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, no obstante, ha señalado que "habrá que continuar avanzando hasta alcanzar una restauración equilibrada", al considerar que "son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013, dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en muchos casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida".