Este año, 2015, es un año electoral, y se nota: el Consejo de Ministros ha autorizado este viernes un contrato de 41,7 millones de euros entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las agencias de colocación para que colaboren en la inserción de personas desempleadas.

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes un contrato de 41,7 millones de euros entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las agencias de colocación

En realidado, el Gobierno ha aprobado hoy un decreto que regula el régimen de actividad de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), establece la creación de una base de datos central de todas las ETT autorizadas de España y dispone que todos los trámites deben hacerse obligatoriamente por medios electrónicos.

La noticia puede parecer burocrática, aburrida y hasta una más del montón, pero no lo es: según el sindicato, UGT "insiste en la precarización de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo".

En un comunicado, el sindicato asegura que con este reglamento el Gobierno potencia a las empresas privadas de trabajo temporal, en perjuicio de los servicios públicos de empleo y los derechos de los trabajadores.

A su juicio, facilita "de manera desmedida" la expansión de las ETT, suprimiendo garantías para su constitución, ya que la autorización administrativa será única y no necesitará de prórrogas o renovaciones.

Asimismo, considera que "deja de lado la mejora en la protección y defensa de los derechos de los trabajadores puestos a disposición por este tipo de empresas".

La visión del Gobierno es distinta. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo ha explicado que este contrato va a favorecer que "entre 2015 y 2016 haya solicitantes y personas con oportunidades en el mercado de trabajo".

El contrato, dice el Gobierno, se suma al destinado a favorecer que los beneficiarios del programa Prepara tuvieran oportunidades de trabajo más rápido.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que el presupuesto para 2015 asciende a 120 millones de euros que serán gestionados por las CCAA y el Estado, si bien el SEPE y la Administración General del Estado sólo actuarán en el caso de que las ofertas de empleo impliquen a varias regiones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que también se había aprobado un decreto para la regulación de las empresas de trabajo temporal.

Según la vicepresidenta, el objetivo es completar las medidas adoptadas para la activación del empleo y, por ello, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado al Consejo un informe. Pero el trasfondo está claro: pura propaganda.