La democracia representativa puede considerarse como tal porque los ciudadanos eligen a sus representantes políticos cada cuatro años, y lo hacen en gran medida, en virtud de la información que circula en los medios de comunicación. Resulta curioso advertir que los ciudadanos delegamos nuestra representación por partida doble: a nuestros representantes legales, y a los medios, quienes nos representan frente a nuestros propios representantes. En sintonía, el Tribunal Constitucional asegura que sin una comunicación pública libre "quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra".

A pesar de ello, el anclaje institucional del periodismo es escaso, la forma en que se organizan las empresas informativas no está orientada a los fines que debe cumplir y apenas existe un sistema de control destinado a que cumpla su misión.

A menudo nos asaltan preguntas que relacionan comportamiento electoral y democracia con información

Resultados del sistema periodístico actual

El ecosistema periodístico aún vigente es responsable de que la sociedad no haya sido consciente hasta ahora del alcance y las consecuencias de la corrupción política. Casos que se construyen durante más de una década, como el de la fortuna amasada por el entorno de Jordi Pujol ponen, el dedo en la llaga. Es posible que un porcentaje significativo de ciudadanos hubiese variado su voto de haber conocido asuntos como éste, que afectan también a otros partidos. Estos sonoros vacíos en la opinión pública permiten cuestionar la legitimad del voto decidido de acuerdo a informaciones parciales y con ello, la propia legitimidad del sistema democrático.

El derecho a la información en España ha gozado de una consideración social inferior a otros como el de derecho a la salud o el derecho a la educación. Tal vez por ello, se han justificado los recortes y cierres de medios públicos apelando a que esos recursos irían mejor destinados a colegios u hospitales. Y sin embargo, si el periodismo hubiese cumplido su misión es posible que no se hubiesen producido las condiciones que han permitido el retroceso en derechos, libertades y prestaciones públicas que hemos sufrido en los últimos años, incluidas las educativas y sanitarias.

¿Por qué los ciudadanos no castigan la corrupción de modo más enérgico?

Un diagnóstico consensuado

La profesión periodística, organizada en el Foro de Organizaciones de Periodistas entre otras y los profesores del área de Comunicación llevamos años reivindicando un conjunto de medidas para afrontar esta situación y en tal sentido existen consensos fundamentales que permiten dibujar el siguiente diagnóstico:

1) Falta de independencia de los periodistas. Sólo un 20.7% de los periodistas encuestados por la Asociación de la Prensa de Madrid en 2013 manifiestan no haber recibido nunca presiones en el ejercicio profesional.

2) La precariedad laboral funciona como una mordaza para la prensa libre. Ya se advierte en 2004 en el Proyecto de Ley del Estatuto del Periodista y la situación ha empeorado notablemente, en paralelo a la pérdida de 11.875 empleos desde el 2008.

3) Ausencia de criterios periodísticos en la toma de decisiones. A menudo los directores de medios informativos ni siquiera son periodistas, y no hay participación de los periodistas en los órganos de dirección.

4) Fracaso de la "autorregulación" y ausencia de una autoridad reguladora independiente, lo cual es una anomalía en los países de nuestro entorno.

5) Escasa investigación y contraste, reconocido en 2014 por el 48.2% de los periodistas. La lógica actual obliga a los periodistas a escribir tantas piezas al día que apenas les llega para realizar las necesarias comprobaciones de los datos ofrecidos por los gabinetes de prensa.

¿Cómo hemos tardado años en conocer asuntos de máxima relevancia?

6) Concentración informativa, en pocas manos. Esta tendencia también ha empeorado notablemente en los últimos años y el caso de PRISA es ilustrativo. Hoy en su accionariado están presentes los siguientes grupos: Daiwa Securities, BH Stores IV BV, BNP Paribas, Bank of America, Asset Value Investors, Marlin Equities, Berggruen Acquistions Holding LTD, Deutsche Bank, Caixabank, Banco Santander y HSBC.

7) Control gubernamental de los medios públicos. RTVE ha sido tradicionalmente una entidad pro-gubernamental, pero la Ley de 2006 consiguió un avance notable: se crean los Consejos de Informativos para que los periodistas vigilen la ética periodística y un sistema de elección del presidente que obligaba a cierto consenso parlamentario. Los informativos consiguieron enormes audiencias y multitud de reconocimientos. Este esquema ha sufrido un deterioro significativo con el gobierno actual del Partido Popular según denuncia el propio Consejo de Informativos.

8) Falta de apoyo y regulación de los medios comunitarios sin ánimo de lucro, con un enorme potencial de sumar pluralismo.

9) Las asociaciones de educomunicadores denuncian que el sistema educativo no atiende en suficiente medida la formación crítica de los ciudadanos para comprender la información periodística.

Es necesario abordar estos retos mediante una ley que reconozca el papel estratégico que la información juega en la legitimidad democrática, y garantice el derecho a la información de los ciudadanos. Cabe señalar la propuesta por el Foro de Periodistas como referencia (PDF).

¿Qué temas te preocupan? Participa y ayúdanos a hacer oír la voz de la ciudadanía.

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