La gran banca ganó 3.141 millones de euros en 2020 gracias a su negocio doméstico (es decir, el que desarrolla sólo en España), si bien esa cifra supone un recorte de casi el 50% en relación con 2019, imputable básicamente a las fuertes provisiones realizadas en previsión de que la situación económica se pone aún más fea.

No hubo hachazo a las plantillas, que desde el estallido de la depresión económica iniciada en 2008 han perdido más de 100.000 trabajadores. Pero varias entidades, como Santander y Sabadell, han anunciado expedientes de regulación de empleo que previsiblemente se ejecutarán en 2021 y 2022, aparte de los que en su caso se deriven de las fusiones ya aprobadas (CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank).

El margen neto de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, que refleja la diferencia entre sus ingresos y sus gastos de explotación, subió un 6,8% en el último ejercicio, al pasar de 12.656 a 13.521 millones de euros, según los datos que las propias entidades han facilitado recientemente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pese al retroceso general de la actividad derivado de las medidas para frenar la expansión de la covid-19, los ingresos ordinarios netos de la gran banca sólo se redujeron un 2,3%, alrededor de 700 millones de euros respecto a 2019, año en que los intereses y las comisiones (el núcleo de su negocio) sumaron 30.379 millones.

Uno de los factores que contribuyeron a limitar el impacto de la pandemia sobre los ingresos de la banca en 2020 fueron las ayudas otorgadas por el Gobierno a empresas y autónomos en forma de avales y líneas de crédito específicas, que respaldan el ICO y el CESCE, pero se materializan a través de las entidades financieras.

Hubo bancos a los que incluso les fue mejor que en 2019, como es el caso del Sabadell y de Bankinter: el primero de ellos ingresó 4.294 millones de euros (+11,8%) sin contar su filial británica TSB, mientras que el segundo se embolsó por intereses y comisiones 1.571 millones (+2,9%) excepción hecha de su actividad en Portugal.

Por el contrario, la mayor merma de los ingresos fue la del Santander, que en 2019 había obtenido 7.506 millones de euros por ese concepto y el pasado ejercicio se anotó 6.782 millones, lo que equivale a un descenso del 9,7%, que aun así es menor que el que registró el conjunto de la economía española, cuyo PIB se contrajo un 11%.

La gran banca contrarrestó el retroceso del 2,3% de sus ingresos netos con un ajuste de sus costes, del que sólo se libraron el Sabadell y Bankinter, precisamente las dos únicas entidades financieras, de las seis pertenecientes al Ibex, que se embolsaron más por intereses y comisiones en 2020 que en 2019.

El mayor ahorro lo consiguió el Santander, cuyos gastos en España pasaron de 4.021 a 3.607 millones de euros (un 10,3% menos), seguido de BBVA (-6,6%), CaixaBank (-4,0%) y Bankia (-2,0%). En cambio, Sabadell gastó un 12,9% más y Bankinter un 2,3%, siempre según la información facilitada a la CNMV.

La mejora del margen neto de la gran banca en un 6,8% durante 2020 no se tradujo en una subida de su beneficio conjunto, que disminuyó casi un 50% (de 6.260 a 3.141 millones de euros), debido a las provisiones extraordinarias realizadas, es decir, el dinero que las entidades han reservado para soportar el impacto futuro de la crisis sanitaria sobre su negocio, sobre todo en materia de impagos.

El Santander, por ejemplo, hizo una dotación por insolvencias de 2.001 millones de euros sólo en España, más del doble que el año anterior. CaixaBank y Sabadell también aumentaron sus respectivos colchones frente a la morosidad en torno a los mil millones, mientras que Bankia provisionó 505 y Bankinter 242.

La morosidad permanece contenida gracias a las moratorias legislativas (decretadas por el Gobierno) y sectoriales (concedidas a sus clientes por las propias entidades) puestas en marcha tras la primera declaración del estado de alarma, con el fin de afrontar los efectos de la pandemia sobre la capacidad de los deudores más vulnerables para cumplir sus obligaciones crediticias.

Según los últimos datos proporcionados por el Banco de España, hasta el 30 de noviembre de 2020 se había dado curso a 1,4 millones de solicitudes de moratoria, de las que un 70% correspondían a asalariados y el resto a trabajadores autónomos, pertenecientes en su mayoría a los sectores del comercio y la hostelería, dos de los más perjudicados por las restricciones impuestas para frenar los contagios.