La Agencia Tributaria ha aflorado un agujero de 9,6 millones en el IVA en Zaragoza Expo Empresarial, la empresa que gestiona los restos de la Expo del agua que Zaragoza organizó en 2008, que desde hace tres años se ha visto obligada a pagar esa cantidad con intereses para ponerse al día con Hacienda.

La irregularidad, que no llegó a ser calificada como fraude pese a su cuantía al haber cerrado un acta de conformidad la empresa pública y el fisco y no apreciar este intencionalidad en los impagos, tuvo lugar en los ejercicios de 2015 y 2016.

Concretamente, Zaragoza Expo Empresarial, de propiedad íntegramente autonómica tras haber salido de su accionariado el ayuntamiento de la capital aragonesa, lleva desde 2017, y no acabará de hacerlo hasta 2022, regularizando un acta de Hacienda de 9,93 millones de euros que responde a una doble línea: 9,65 millones por impago de impuestos vinculados a bienes de inversión y 131.577 euros por gasto corriente, a lo que se suman 150.553 de intereses

Es decir, que Expo Zaragoza Empresarial dejó de pagar a Hacienda 9,78 millones de euros que previamente debería haber cobrado al Gobierno de Aragón en dos ejercicios fiscales. La empresa pública admitió esa irregularidad, que fuentes de la sociedad achacan a una diferencia en la interpretación de la ley, al firmar un acta de conformidad con la Agencia Tributaria, que no adoptó medidas sancionadoras pese a la cuantía de los impagos.

Una indecorosa guinda para una errática gestión

De haber apreciado ánimo defraudatorio, con toda probabilidad estaríamos hablando de un proceso penal por fraude fiscal, ya que la cifra escamoteada supera con holgura los 120.000 euros por ejercicio que separan la infracción administrativa del delito.

De hecho, la cifra no anda muy lejos de los 11,5 millones que, según la Agencia Tributaria, escamoteó a las arcas públicas entre 2000 y 2011 el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El episodio supone, en cualquier caso y con la incógnita de que puedan trascender nuevos sobresaltos, una indecorosa guinda para un proyecto que ya provocó un endeudamiento millonario en el Ayuntamiento de Zaragoza antes de requerir un rescate de 110 millones de euros a cargo de la comunidad autónoma y cuya historia incluye otras chapuzas como el fallido intento de declarar monumentales varios de los edificios emblemáticos del recinto para eludir el pago del IBI, que finalizó hace unos meses con una sentencia que establece otra deuda millonaria del Gobierno de Aragón con el consistorio de la capital, o como el cierre de la Oficina de la Década del Agua de la ONU ante la desatención económica de ambas instituciones.

El incidente tributario devuelve a la palestra la errática gestión que ha tenido el complejo de la Expo, del que sirve como prueba del nueve el acuerdo cerrado hace unas semanas por la comunidad y el consistorio en la primera reunión de su comisión bilateral en esta legislatura: crearon, cuando van a cumplirse doce años de la muestra, un Grupo de trabajo de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad que, entre otros cometidos, tiene el del "estudio de la situación de los edificios de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 (Pabellón de Aragón, Palacio de Congresos, Torre del Agua y Pabellón Puente), con objeto de determinar condiciones adecuadas para su puesta en valor y uso". Es decir, que sigue tratándose de una tarea pendiente entrado el año 2020.

Un "cambio de criterio en el devengo"

La primera pista sobre la irregularidad tributaria la aportó hace unos días la Cámara de Cuentas de Aragón, que en un informe sobre la situación del sector público aragonés aludía a que en ese ejercicio la Agencia Tributaria tenía "en curso actuaciones de inspección por los impuestos sobre Sociedades e IVA de los ejercicios no prescritos" en Zaragoza Expo Empresarial.

El órgano de fiscalización aludía a un "cambio de criterio en el devengo del IVA en los servicios prestados [por las empresas públicas] a favor de las Administraciones Públicas de las que dependan" sobre el que entonces no existía "una interpretación administrativa ni jurisdiccional unívoca".

Esa esa, en realidad, la posición de Zaragoza Expo Empresarial, la cual, basándose en la respuesta de Hacienda a una consulta formulada por iniciativa propia, sostenía que podía facturar el IVA sin alquiler a la comunidad autónoma

Sin embargo, tal y como la propia empresa pública reconoce, la clave de la cuestión estaba en otro aspecto de los edificios que gestiona en el complejo de Ranillas: se trata de una “regularización de las deducciones de cuotas soportadas por bienes de inversión, ya que durante los años de adquisición y readaptación de los mismos [inmuebles], la Sociedad realizó exclusivamente operaciones que originaban el derecho a deducción, habiéndose modificado dicha situación desde el 1 de enero de 2015"

Se había deducido el IVA al hacerse con los edificios por cuyo alquiler no cobraba ese impuesto a su principal cliente y propietario.