La herencia de la Expo del agua de Zaragoza no acaba de salir a flote. Un informe de la Cámara de Cuentas advierte que Zaragoza Expo Empresarial, la empresa pública que la gestiona, presenta riesgos de insolvencia unos meses después de ser objeto de un rescate millonario: “Dependiendo de la regularización de los bienes de inversión la sociedad podría necesitar nuevas aportaciones de los socios”, señala el dictamen, (pdf) referente al ejercicio de 2015.

Los socios son, básicamente, uno: el Gobierno de Aragón, que posee el 97,8% de las acciones -el resto son del Ayuntamiento de Zaragoza- y que hace apenas un año se convirtió en su principal acreedor al rescatarla en una operación en la que asumió 113,9 millones de deuda.

El plan de saneamiento preveía entonces que la sociedad pública comenzara a arrojar beneficios el año pasado por “la importante reducción de la carga financiera” al bajar a una horquilla variable de entre el 1% y el 6% los intereses de 8% de esa deuda, que debe comenzar a devolver este año. Sin embargo, señala la cámara, esos planteamientos no tuvieron en cuenta “ni los posibles deterioros adicionales de los inmuebles” que no logra alquilar ni vender ni el detalle de que, según los auditores, podría tener que devolver a Hacienda entre siete y catorce millones de IVA.

Nubarrones millonarios y exceso de dependencia.

No son los únicos nubarrones económicos que aparecen en su horizonte: Districlima, la empresa a la que adjudicó la climatización de los edificios, le reclama en los tribunales 28,9 millones al considerar que “ni a corto ni a largo plazo podrá recuperar las inversiones realizadas”.

La situación de Zaragoza Expo Empresarial, la empresa pública creada para gestionar el recinto de la Expo del agua, corre pareja a la crisis que atraviesa la pata inmobiliaria del sector público aragonés, que arrastra una deuda de más de 600 millones, y se une al lastre de más de 200 que las inversiones de aquella época, que modernizó la ciudad, dejaron en las cuentas del ayuntamiento.

Los edificios del recinto que albergó la Expo, que ocupan 18,1 hectáreas de suelo útil, costaron 196,9 millones, a los que se añadieron obras por 121,8. Ha vendido 15.170 metros cuadrados –aunque no ha cobrado varias de esas operaciones-, alquila 77.560 y tiene 85.645 disponibles, más 1.573 de sus 2.284 plazas de aparcamiento. Sin embargo, el valor contable de la inversión de 286,4 en los que aún posee ha quedado reducida a 165,4 –un 59% menos en siete años- tras restar 6,7 en amortización y 114,2 por deterioro.

Y el modelo de negocio, que en 2015 sumó 6,6 millones de pérdidas –no cerró ninguna venta- a los 98 del cuatrienio anterior, se encuentra lastrado por su “elevada dependencia” de la comunidad autónoma. El Gobierno de Aragón es su accionista mayoritario, el máximo acreedor y el principal cliente, ya que genera más del 90% de sus ingresos -10 millones de 10,6 en ese ejercicio- al arrendar edificios y plazas de aparcamiento para la Ciudad de la Justicia y varias consejerías. También es el principal deudor comercial, con 9,4 millones -7,7 en arriendos- de los 9,6 que la entidad tiene pendiente ingresar, y el mayor financiador, con aportaciones por 10 –al margen del rescate- en tres años.

Contratos con anomalías y pluses de 18.000 euros

El informe de la Cámara de Cuentas hace especial hincapié en dos aspectos de la gestión como son la contratación y el personal. En el primero destaca cómo en el 44% de los contratos que formaliza “no se justifica la necesidad de la actividad contractual”, en el 66% “no se justifica el precio de licitación” y uno de cada cuatro fueron “adjudicados con unas bajas superiores al 25 %”.

En el segundo llama la atención sobre el hecho de que “la mayor parte del personal” pasara a indefinido por “utilización indebida de la contratación temporal” y sobre la “estructura aparentemente descompensada” de la plantilla, integrada por diez jefes de área y adjuntos a estos y por otros tantos “empleados de perfil técnico y administrativo (diez trabajadores)” tras un recorte de 25 empleos que redujo la masa salarial de 3,1 a 1,2 millones en tres años.

Pese al ajuste, el coste medio por empleado fue el mayor del sector público aragonés ese año, “la mayor parte de la plantilla” sigue cobrando “complementos retributivos asociados a un evento concreto ya celebrado (Exposición Internacional Zaragoza 2008)” y diez empleados perciben “complementos personales que oscilan entre los 152 y los 18.510 euros anuales” sin que sus contratos detallen “las condiciones personales concretas que están remunerando” esos pluses.

No alquilar para no pagar

Por otro lado, Zaragoza Expo Empresarial mantiene varios pleitos con el Ayuntamiento de Zaragoza, que le reclama 808.000 euros en tributos al mismo tiempo que le adeuda 661.000 tras haberle ganado un juicio.

Parte de la reclamación del consistorio se debe a un litigio con tintes políticos iniciado hace algo más de dos años, cuando la comunidad, entonces en manos del ejecutivo PP-Par de Rudi, declaró Bien de Interés Cultural (BIC) dos de los edificios emblemáticos de la Expo como la Torre del Agua y el pabellón-puente que diseñó la arquitecta Zaha Hadid para no pagar la contribución al consistorio que entonces gobernaba en minoría el PSOE de Juan Alberto Belloch.

La reclamación, de 274.000 euros, acentúa la situación de abandono de la torre, que la Expo, pese a sus penurias, rechazó alquilar durante 37 días –iba a ganar 50.000 euros- porque explotarla le suponía renunciar a la exención por iniciativa propia.

“En la actualidad no se prevé ningún uso para el edificio”, señala la cámara, que recuerda cómo la empresa pública, que ha demandado a una constructora para que le pague los 471.000 euros que le costó reparar los desperfectos en una obra, reclama a Ibercaja que ponga en marcha el centro cultural que acordaron ubicar en el puente.