Entre 2012 y 2015, período de la anterior crisis económica, la cifra de trabajadores autónomos en Catalunya se incrementó un 8,18%, alcanzando las 530.547 personas. A partir de ahí, se produjo un descenso continuado hasta el año 2019, en el que el colectivo disminuyó hasta los 521.503 afiliados. Este patrón, que vincula el crecimiento de los empleados por cuenta propia a las situaciones de dificultades económicas, ha vuelto a repetirse con la pandemia de la covid-19.

En 2020, pese a los cierres y restricciones, el colectivo aumentó en 1.127 personas, y en 2021 lo hizo un 2,45% respecto al 2019, consolidándose en los 522.779 afiliados. El comportamiento ha hecho concluir al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) que el trabajo autónomo se ha convertido en una especie de empleo refugio en momentos de crisis. Su informe Situación del trabajo autónomo en Catalunya 2021, recientemente publicado, muestra que los empleados por cuenta propia suponen el 15,2% del colectivo general de trabajadores, el mismo porcentaje que en 2019, y solo cuatro décimas por debajo que hace una década.

El estudio del CTESC dibuja un perfil del trabajo autónomo en Catalunya con un nivel de afiliaciones casi estancado desde 2015, en 2020 solo creció un 0,03%, y concentrado en sectores como el de la hostelería y la construcción, en los que los incrementos en el último año han sido del 14 y del 12%, respectivamente. Un 71% de las personas que trabajan en el colectivo lo hacen sin ningún asalariado a su cargo. En el global de personas que trabajan por cuenta propia, las mujeres han sido las únicas que han experimentado un aumento (el 6,3%), mientras que en 2020, la cifra de éstas disminuyó un 5,7%.

Al igual que parece que exista una correlación directa entre las altas de autónomos y la situación económica, los trabajadores por cuenta propia solo crecen en la categoría de entre 35 y 54 años y de 55 hacia delante. En el caso de jóvenes de entre 18 y 34 años, ha caído un 3,4% en el último año. El dato certifica otro de los retos pendientes del colectivo: la necesidad de adquirir un mayor grado de protección social, ya sea en forma de prestación por paro, ayudas por cese de la actividad o unas pensiones más elevadas.

Empobrecimiento del colectivo

En cuanto a la acción protectora del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), el Estatuto del Trabajo Autónomo de 2007 establece que este debería tender a converger en aportaciones, derechos y deberes con la del general. Un paso adelante en esta línea se ha dado este año, en el que un decreto ley del Gobierno ha aprobado un nuevo sistema de cotización al RETA en función de los ingresos reales. Este, que se desplegará con una serie de tramos, será de aplicación gradual a partir de 2023 durante un período de nueve años.

El ponente del informe del CTESC, Ricard Bellera, confirma la percepción que se extrae de las estadísticas y asegura que "parece que una persona que pierda su trabajo en un período de crisis asuma como una salida natural hacerse autónomo". Sin embargo, lamenta que la tendencia no se siga entre los más jóvenes, sino más bien con los mayores de 50 años "con las dificultades que tenemos para incidir en el mercado laboral a partir de los 45".

Bellera valora que el informe constate que la actuación de la reforma del RETA en el ámbito de la protección social de los trabajadores haya sido buena, puesto que "se ha comprobado que las altas del colectivo han crecido entre 2019 y 2021, a pesar de la pandemia". Intentar que los autónomos coticen en función de lo que realmente ganan, la normalización laboral que supone la aplicación de la ley rider y la mejora de las prestaciones por el cese de la actividad son algunos de los avances que destaca.

Pese a estos pequeños pasos, el ponente del estudio recuerda que hoy en día, todavía un 86% de los autónomos cotizan por la base mínima, fenómeno que "genera un deterioro de sus condiciones laborales y que rozan el umbral de la pobreza".

A pesar de las medidas emprendidas por la Administración, especialmente durante la pandemia, Ricard Bellera pide reforzar las relacionadas con el cese de la actividad y las prestaciones de jubilación, lo que otorgaría mayor seguridad jurídica al colectivo. "La covid ha situado a los autónomos en el centro del debate y ahora tenemos que intensificar el compromiso normativo".

Poco peso en el sector industrial

Una vez conocido el informe, el director del departamento de Economía y Empresa de la patronal Pimec, Modest Guinjoan, señala la tendencia del trabajo autónomo a perder peso relativo cuando la economía mejora, lo que significa que el trabajo asalariado crece más. Entre ellos, detalla la seguridad de tener una nómina, unos horarios establecidos o la aversión a asumir el riesgo empresarial.

Guinjoan añade otro dato: el bajo peso del trabajo autónomo en las actividades industriales. Como razón, argumenta que "la industrial es una actividad que, en general, requiere escala de producción, inversiones y organizaciones relativamente grandes, que se abordan generalmente bajo forma societaria". Además, también alerta de la bajada de los autónomos del sector agrario, que solo supone el 2% del total.

Pese a esta aparente estabilidad en la evolución de altas del colectivo, los expertos que han participado en la elaboración del informe del CTESC demandan información estadística más fiable sobre los autónomos y un análisis sobre la efectividad de las medidas de soporte.

El acceso de los trabajadores a los concursos públicos y la mejora de su representatividad mediante fórmulas de asociación como las cooperativas son algunos de los retos pendientes para acortar las grandes diferencias de protección social y laboral que todavía existen entre asalariados y autónomos.