Airbnb se ha mostrado en contra del registro que plantea el Gobierno para regular los alquileres de corta duración, explicando que no cumple con el propósito que plantea la regulación europea, y habla de los efectos que podría causar implementar normativas "desproporcionadas y fragmentadas" en la industria.

La compañía expresaba así su preocupación por el real decreto, mediante el cual se pretende abordar la crisis de vivienda, así como introducir nuevos requisitos que "complicarán aún más las tareas administrativas de aquellas personas que quieran compartir sus hogares". Lo hacía a través de la consulta pública que ha abierto el Ministerio de Vivienda, y agregaba que la iniciativa "se desvía del propósito original de la Unión Europea (UE)".

Desde la UE, se han establecido 'Puntos Únicos de Entrada' que recibirán los datos de los diferentes agentes, asegurando así la alineación técnica entre los gobiernos y las plataformas. Airbnb los considera una oportunidad para acabar con las normas "locales fragmentadas y desproporcionadas".

La empresa ha mencionado a Portugal, Nueva York y Escocia como ejemplos del impacto negativo y la ineficacia de estas regulaciones si no tienen en cuenta la realidad local, o que se usen como la única solución para abordar la crisis de la vivienda. 

Airbnb ha subrayado que los datos públicos en España muestran que hay diez veces más casas vacías que viviendas turísticas, lo que representa el 14% del total del parque de vivienda del país. En el caso concreto de Barcelona, por ejemplo, los precios del alquiler han aumentado un 70% en diez años, pese a la moratoria para la obtención de licencias de viviendas de uso turístico desde 2014.

A su vez, ha justificado su argumento afirmando que los anfitriones en Airbnb ayudan a extender los beneficios del turismo más allá de los hoteles y los dispersan hacia comunidades locales en todo el país. Y que, aunque la mayoría de los apartamentos solo reciben reservas para unos pocos días cada mes, "el hospedaje representa un salvavidas económico para las familias, ayudándolas a obtener ingresos extra, mantener sus casas e incluso llegar a fin de mes".

Así, alerta que unas medidas "desproporcionadas" podrían "perjudicar a la industria y alejar a las familias locales de los beneficios del turismo", especialmente en zonas rurales. Por este motivo, desde la compañía instan al gobierno de España a cumplir con el propósito original de la regulación europea de los alquileres de corta duración, que añaden, tiene como objetivo crear normas menos fragmentadas, más justas y transparentes.

Primeras medidas

Para poder comercializarse en las plataformas, las viviendas tendrán que tener un número, con vigencia para un año, que certificará que los alquileres cumplen con las normativas, las ordenanzas municipales y las licencias, a la vez que se sabrá también qué comunidades de vecinos han prohibido los alquileres turísticos.

El procedimiento de registro obligatorio de viviendas de alquiler turístico, de temporada o de habitaciones empezará a funcionar en periodo de pruebas y de forma voluntaria el 2 de enero de 2025, según el calendario del Ministerio de Vivienda.