Más de un año después de que comenzara su tramitación, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes en segunda vuelta la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí'. Tras un largo periplo, el texto vuelve al Gobierno con algunas modificaciones sobre la redacción original presentada por Igualdad, pero manteniendo los puntos clave. Uno de los cambios introducidos en la nueva redacción es precisamente del consentimiento, que sigue siendo central en la ley, pero que ahora se formula en sentido positivo, tal como había recomendado el Consejo Fiscal.

La redacción actual afirma que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Una definición que va en línea con el Convenio de Estambul, uno de los tratados de derechos humano de las mujeres más importantes promulgado por el Consejo de Europa y que nuestro país ratificó en 2014.

Con esta modificación el Gobierno opta por un modelo de consentimiento positivo (conocido como Yes Model), que ya está en vigor en otros países europeos como Suecia o Gran Bretaña. 

En la actualidad nuestro Código Penal distingue entre dos figuras a la hora de juzgar las violencias sexuales: el abuso y la agresión. Para demostrar la última es preciso probar que la mujer ha sufrido violencia e intimidación, por lo que en muchas ocasiones deberá demostrar que se ha resistido a la violencia. Uno de los casos emblemáticos en nuestro país fue el de La Manada de Pamplona, cuyo juicio y sentencia generó una gran indignación social y que fue el germen de esta nueva ley. 

Tal como afirman desde Igualdad, cuando entre en vigor la ley, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se elimina el tipo de abusos sexuales del Código Penal.

Algunas claves de la ley

A lo largo de su tramitación la ley ha introducido importantes cambios en el texto, como la incorporación de la protección de los niños y las niñas víctimas de violencia sexual, que deberán se atendidos en casas de niños o Barnahus, espacio especializado con la participación integral formada por diversos especialistas. También las mujeres víctimas de violencia sexual contarán recursos a su disposición sin necesidad de presentar denuncias, como los centros de atención 24 horas, de las que Igualdad ya ha dado los primeros pasos para poner en marcha.

Se trata de una ley centrada en la protección y reparación a las víctimas, "una deuda que tenemos con ellas como Estado", explican desde Igualdad. Esta protección se extiende, además, a las víctimas la explotación sexual, que vuelve a meter en el Código Penal la tercería locativa, es decir, la sanción a la utilización de pisos e instalaciones que se utilicen para la explotación de la prostitución ajena.

Con este cambio se perseguirá a los proxenetas que, "de manera habitual y con ánimo de lucro", destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas. Este cambio responde a las recomendaciones internacionales y a la demanda del movimiento feminista para legislar contra la impunidad de la industria proxeneta.

Evitar la revictimización

La norma además está encaminada a evitar la revictimización que mueres y niñas viven en los procesos judiciales, implementando medidas de acompañamiento a las víctimas, impidiendo al máximo el contacto de la víctima con su presunto agresor en los juzgados y la posibilidad de declarar en salar especiales.

Tal como explican desde el Gobierno, "se opta por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias, lo que permite dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias".