Las organizaciones que trabajan a diario con las mujeres en situación de prostitución y de trata se han mostrado críticas tanto con el fondo, como por la forma y el lenguaje del documento que el Ministerio de Igualdad hizo público este martes. En él se anunciaba la puesta en marcha de un paquete de medidas adicionales destinadas a proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual y de trata durante el estado de alarma y las medidas de confinamiento obligatorio.

Entre las medidas anunciadas por el equipo que dirige Irene Montero para reforzar la protección de estas víctimas, destacan las "soluciones habitacionales", es decir, asegurar alojamientos seguros para acogerlas; garantizar el derecho a la información de dichas víctimas (principalmente divulgando los números de atención 24 horas de organizaciones y servicios especializados de la Policía); una mayor coordinación entre fuerzas de seguridad del Estado y las organizaciones; e incluir a mujeres en situación de prostitución y trata como beneficiarias de una Renta Mínima de Inserción, incluso en el caso de que se encuentren en situación administrativa irregular.

El plan de ampliación de medidas anunciado por el Gobierno ha levantado malestar y reproches por parte de diversas organizaciones especializadas que trabajan con estas víctimas. En primer lugar porque afirman no haber sido consultadas para su elaboración; porque para muchas las medidas "no suponen un avance sustancial" sobre lo que las propias organizaciones ya están haciendo y porque las medidas que consideran claves, como la alternativa habitacional o la posibilidad de que cobren el Ingreso Mínimo Vital, "aún no están disponibles y precisan de un desarrollo normativo más largo".

Otra de las críticas de las organizaciones, tal vez la que más escuece, es el lenguaje utilizado por el ministerio para fundamentar las  medidas, así como en la campaña para publicitarlas, porque entienden que responsabiliza a las organizaciones de la desprotección que sufren estas mujeres.

Tanto en los documentos como en los materiales y vídeos promocionales de las medidas, el Ministerio de Igualdad afirma que "las entidades y ONG especializadas se han visto obligadas a paralizar su actividad asistencial y ambulatoria a mujeres víctimas de trata y explotación sexual… exponiendo a estas mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos".

Desde la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CiMTM), Sara Vicente Collado afirma que la comunicación del ministerio "es una vergüenza. Nos achaca a las organizaciones no haber dado respuesta durante estos días a las mujeres y haber tenido que poner en marcha este plan por nuestra falta de asistencia".

Afirma que desde su organización, una de las especializadas en la atención a este tipo de víctimas, se viene realizando desde el inicio de la pandemia y el estado de alarma un "esfuerzo extraordinario en un momento tan especial para estar al pie del cañón, adaptando nuestros recursos a la atención telemática y de forma presencial seguimos atendiendo a las situaciones que lo requieren". "El plan del Ministerio pone sobre nuestros hombros toda la acción e incluye un modus operandi que aún desconocemos".

Rocío Mora, de APRAMP también muestra su malestar. "Ni nosotros, ni ninguna de las ONG que trabajan con estas mujeres hemos estado cruzadas de brazos. Hemos seguido trabajando para poner en el centro a las mujeres y las niñas prostituidas", afirma.

De la misma opinión son otras dos organizaciones contactadas por Público para este reportaje: Diaconia y Proyecto Esperanza, que están especializadas la atención a víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución. Marta González Manchón, coordinadora de sensibilización de Proyecto Esperanza explica que hace unas semanas la Delegación del Gobierno contra la Violencia de género les solicitó información sobre lo que estaban viendo en el terreno y que varias de ellas trasladaron sus preocupaciones, pero que no han tenido más información sobre las medidas que proponía el Ministerio hasta la publicación del documento este martes pasado. "No hemos tenido acceso al borrador ni ha habido un proceso de consulta oficial para aportar nuestra opinión ni matizar las medidas", afirma. "Lo que sí nos pidieron el lunes fue poder difundir nuestro número telefónico de atención 24 horas a estas víctimas y dijimos que sí", entendiendo que se trataba de divulgar este servicio, añade González Manchón.

Promocionando los números de teléfono

Las organizaciones critican que paralelamente al anuncio de la ampliación del plan de contingencia, el ministerio hizo pública una campaña en redes y en medios electrónicos en la que junto a las medidas se promocionaban los teléfonos de atención 24 horas de cinco organizaciones especializadas en atención a estas víctimas. Los número corresponden a la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CiMTM), el de APRAMP, el de Diaconia, el de Proyecto Esperanza y el de Villa Teresita.

Cuatro de estas cinco organizaciones con las que ha hablado Público explican que la publicación de sus número de teléfono en dicho contexto llevó a muchas personas y organizaciones a entender que podían llamar para solicitar las ayudas. Explican que "se ha generado una enorme expectativa que se tradujo en un incremento de llamadas porque se ha entendido que si las medidas se anuncian el martes es porque ya están disponibles, pero no es así".

Explican que el propio documento de refuerzo de medidas del ministerio pone en los hombros de las ONG gran parte del trabajo de identificación y tramitación de las ayudas económicas y habitacionales. El problema, afirman, es que esas ayudas todavía no están disponibles ni se han desarrollado los protocolos ni las condiciones para su adjudicación.

"Para el caso de las alternativas habitacionales el propio documento de la delegación del gobierno explicita que se hará un documento para informar sobre estas ayudas, sus requisitos y el cauce para recurrir a ellas", explica González. 

Lo mismo ocurre con el Ingreso Mínimo Vital, explican desde varias organizaciones. Una medida que aún no ha sido aprobada por el Gobierno ni se sabe a ciencia cierta cuando sucederá, con qué requisitos ni condiciones. "Están dando a conocer unas medida que aún no tienen posibilidad de articulación práctica. Esto, tenemos que decir, genera dificultad y confusión", afirma González.

Todas las organizaciones contactadas reconocen que desde que se decretó el estado de alarma se ha hecho más difícil realizar algunos de los servicios que prestan a estar mujeres, y que en muchos casos han tenido que reinventarse. Pero que han seguido prestando asistencia clave a través de servicios telemáticos (asistencia jurídica, psicosocial, asistencia jurídica o de inserción laboral) como presenciales. La mayoría dispone de lugares de acogida de emergencia o pisos tutelados para acoger a víctimas de trata y de prostitución que siguen funcionando y que están prácticamente a tope. Eva Marquez, coordinadora del área de mujeres en situación de trata de Diaconia explica que a pesar de está casi al límite tienen capacidad para ampliar plazas de emergencia, y que así lo han comunicado a las comunidades, especialmente a la de Madrid, pero que no han recibido respuesta por el momento.

Entre las necesidades más acuciantes que resaltan y que están intentando cubrir desde que comenzó la pandemia y el estado de alarma, figuran la atención sanitaria, la alimentación, el alojamiento, sobre todo para mujeres con hijos a su cargo y en situación irregular. Explican que los traslados de estas mujeres a un hogar seguro si hay que moverse entre comunidades para acceder a las plazas disponibles complica la logística, sobre todo porque en muchos casos se precisa llevar a cabo cuarentenas por la enfermedad o para prevenir contagios en los centros de acogida. Por eso para muchas disponer de alternativas habitacionales en diversas comunidades es clave.

Y más allá de la covid, ¿qué?

Todas las organizaciones consultadas resaltan el hecho de que si bien las condiciones de las mujeres de trata con fines de explotación sexual y prostituidas se ha agudizado con la pandemia, éstas ya eran acuciantes antes del estado de alarma. Por eso echan en falta medidas que vayan más allá de la emergencia sanitaria. 

Médicos del Mundo, que desarrolla desde hace años programas de atención a estas víctimas, da la bienvenida a las medidas propuestas por el ministerio y se "congratula de que el Gobierno haya tenido en cuenta las peticiones que la entidad planteó hace un mes, imprescindibles para que las mujeres prostituidas puedan, simplemente, sobrevivir."  Apunta que confía que éstas "vengan acompañadas de un refuerzo los recursos públicos (económicos y humanos) para fortalecer el sistema de servicios sociales en todos los territorios. "Es importante que el Estado no delegue responsabilidades ni sobre las ONG ni ningún actor privado en lo que se refiere a la protección de todos los derechos humanos, incluidos los derechos sociales" Afirman.

Tanto esta organización como Proyecto Esperanza, resaltan la necesidad de ampliar las medidas a otros tipos de trata que hasta el momento no están contempladas. "No sólo las víctimas de trata con fines de explotación sexual deberían poder acceder a ellas, sino también todas las víctimas de trata, que es una grave vulneración de derechos humanos y en España también hay víctimas de trata para la explotación del servicio doméstico, para explotación en matrimonios forzados, para explotación en la criminalidad organizada o para explotación en la mendicidad, por nombrar algunos", explican desde Proyecto Esperanza.

Para otras, las medidas anunciadas por el Gobierno se quedan cortas y no atacan la raíz del problema. "Lo que nosotras hemos pedido desde el principio es que se haga algo y se actúe contra el sistema prostitucional en su conjunto, ya que ésta es la única manera de proteger a estas mujeres y es responsabilidad del Estado acabar con los puteros que demandan relaciones desiguales con las mujeres, parar la redes proxenetas y cerrar burdeles y pisos. Y que esto no debería hacerse sólo durante la covid, sino también el resto de los días. Se trata de impedir que las redes de proxenetas sigan actuando para los puteros y que las mujeres sigan estando en los escenarios de la prostitución", afirma Sara Vicente Collado de CiMTM.

Un plan pedido por las asociaciones

Fuentes del ministerio de Igualdad consultadas por este diario afirman que el origen del plan de refuerzo de las medidas se realizó precisamente "porque las propias asociaciones nos trasladaron que estaban teniendo dificultades para desarrollar su trabajo presencial".

"Lo hicimos precisamente porque nos alertaron de que habían determinadas acciones, especialmente sobre el terreno, que no se estaban pudiendo realizar. Mostraron preocupación porque habían perdido contacto con víctimas, y por esta razón se plantea en el Plan la garantía de información 24 horas como servicio esencial".

Desde el ministerio afirman que el plan "se ha trabajado con las entidades de referencia con las que trabaja la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género", aunque no han especificado cuáles. Fuentes del ministerio explican que se convocará una reunión del Foro Social contra la Trata, "en el que participan entidades referentes de ámbito estatal en el trabajo con víctimas de trata e instituciones. Asimismo, se informó al Observatorio contra la Violencia de Género y se informará del mismo a la Conferencia Sectorial".